EU pide 10 a?os de c¨¢rcel para dos exalcaldes del PP de Alicante por dise?ar el urbanismo para Enrique Ortiz

El PP afronta en los pr¨®ximos d¨ªas otro alud informativo por otro caso de corrupci¨®n. En esta ocasi¨®n en Alicante y por el llamado caso Brugal. Concretamente, por la trama delictiva pol¨ªtico-empresarial que germin¨® en torno al urbanismo de la ciudad, por la que est¨¢n procesados los exalcaldes y exdiputados auton¨®micos populares Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo. Esquerra Unida (EU), personada como acusaci¨®n popular en esta causa, ha solicitado ya formalmente para ambos penas de 10 a?os de c¨¢rcel tras acusarles de dise?ar un Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) a la medida del empresario Enrique Ortiz. El mismo promotor que acaba de confesar en la Audiencia Nacional que financi¨® ilegalmente al PP valenciano, en el marco de la trama G¨¹rtel.

En esta pieza separada del caso Brugal, EU ha sido la primera en disparar contra los nueve encausados. En los pr¨®ximos d¨ªas se suceder¨¢n los escritos con los concurrir¨¢n a juicio el resto de las partes acusatorias: la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el PSPV-PSOE y el propio Ayuntamiento de Alicante.

En su informe, al que ha tenido hoy acceso EL PA?S, el abogado de Esquerra Unida y coordinador de la coalici¨®n en la ciudad, Jos¨¦ Luis Romero, establece un nexo entre la trama vinculada al PGOU de Alicante y la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano. As¨ª, recuerda que el antiguo secretario general de los populares en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, uno de los arrepentidos en la pieza valenciana del ¡®caso G¨¹rtel¡¯, ha admitido que Sonia Castedo pag¨® ¡±88.000 euros de dinero negro a Orange Market, proveniente de donaciones de empresarios¡±. El propio Costa, la entonces alcaldesa y Ortiz (la ¡°figura m¨¢s relevante¡± en este proceso, seg¨²n EU, que pide para ¨¦l 13 a?os de c¨¢rcel) cenaron juntos en las Navidades de 2008.

El modus operandi de Ortiz es ¡°similar al de todas las tramas de corrupci¨®n destapadas en Espa?a en los ¨²ltimos a?os¡±, seg¨²n las conclusiones de esta acusaci¨®n popular, que le atribuye, sin embargo, una ¡°eficacia que roza el virtuosismo¡±. Su estrategia consist¨ªa en ¡°acercarse a los centros de poder del Partido Popular¡± y obtener ¡°toda suerte de decisiones favorables a sus intereses¡± a cambio de ¡°favores¡±, tanto personales como dirigidos a la ¡°organizaci¨®n pol¨ªtica¡±.

Entre esos favores, EU cita diversos regalos que el juez que instruye el proceso, Manrique Tejada, refiere a su vez en la resoluci¨®n por la que sienta en el banquillo a nueve implicados. Respecto a la entonces alcaldesa Castedo, las d¨¢divas van desde una chaqueta de la firma Carolina Herrera hasta un coche para una amiga de la pol¨ªtica por su cumplea?os o vacaciones en Andorra e Ibiza (en este caso en el yate del empresario). Por su parte, D¨ªaz Alperi se habr¨ªa beneficiado con un viaje en jet privado a la isla griega de Creta, importantes cantidades de dinero en efectivo o aportaciones de capital y trabajadores a una empresa de su hijo.

Seg¨²n EU, los exalcaldes del PP se deshicieron del primer redactor del PGOU, Llu¨ªs Cantallops, y contrataron a otro arquitecto, Jes¨²s Quesada (exculpado y que comparecer¨¢ como testigo en el juicio), para favorecer los intereses de Ortiz. Proporcionaron al empresario planos y datos reservados sobre el futuro planeamiento urban¨ªstico y accedieron, supuestamente, a sus pretensiones de futuras recalificaciones de terrenos.

Ese plan, con el que el constructor podr¨ªa haber obtenido plusval¨ªas cercanas a los 42 millones de euros, no vio la luz porque otro alcalde, el tambi¨¦n popular Miguel Valor, desisti¨® de su tramitaci¨®n ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses despu¨¦s de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por este caso de presunta corrupci¨®n.

Esquerra Unida acusa a Castedo, Alperi y Ortiz de delitos continuados de prevaricaci¨®n, revelaci¨®n y aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada, cohecho y tr¨¢fico de influencias, por los que se enfrentan, adem¨¢s de a penas de c¨¢rcel, a multas millonarias que solo por una infracci¨®n alcanzan los 42.100.911 euros.

Junto a ellos se sentar¨¢n en el banquillo otros seis acusados, entre ellos un hermano de Enrique Ortiz y otro de Castedo, as¨ª como un abogado y antiguo concejal socialista, Javier Guti¨¦rrez, para los que la coalici¨®n de izquierdas reclama penas que oscilan entre los dos a?os y medio y los ocho a?os de prisi¨®n.