Fiscal¨ªa pide procesar tambi¨¦n a Ech¨¢varri por despedir a la cu?ada del portavoz del PP
Le acusa de prevaricar al ordenar el cese de una interina para vengarse de Barcala
La Fiscal¨ªa cree que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Ech¨¢varri, tambi¨¦n debe ser juzgado por el despido de Catalina Rodr¨ªguez, una funcionaria interina que es cu?ada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala. El Ministerio P¨²blico ha pedido hoy su procesamiento por el delito de prevaricaci¨®n administrativa que supuestamente cometi¨® al ordenar, en abril del pasado a?o, el cese fulminante de esta empleada municipal, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n. El fiscal Jos¨¦ Llor sostiene que Ech¨¢varri pretend¨ªa vengarse as¨ª del l¨ªder de la oposici¨®n porque ¨¦ste le hab¨ªa denunciado por fraccionar contratos en la Concejal¨ªa de Comercio.
Esa denuncia, a la que se sumar¨ªa luego Ciudadanos (C¡¯s), ha terminado ahora con el procesamiento del alcalde y de dos de sus asesores. La Audiencia Provincial ha confirmado recientemente que los tres cargos p¨²blicos habr¨¢n de sentarse en el banquillo de los acusados como sospechosos de delitos de prevaricaci¨®n y usurpaci¨®n de funciones. Supuestamente, prescindieron de un concurso p¨²blico y fraccionaron, como contratos menores, 14 facturas por un importe superior a los 144.000 euros paras la promoci¨®n de la gala navide?a del comercio local y la imagen de los mercados municipales, en diciembre de 2016. Ech¨¢varri compareci¨® ayer ante los medios para anunciar que solo dimitir¨¢ cuando se le abra juicio oral por estos hechos si su n¨²mero dos, la vicealcaldesa Eva Montesinos, recaba los apoyos necesarios para sucederle en el cargo.
En el marco del segundo proceso penal en el que se halla inmerso, el relacionado con el despido de Catalina Rodr¨ªguez, la Fiscal¨ªa ha pedido hoy mismo a la juez Patricia Romero que le abra procedimiento abreviado por prevaricaci¨®n. El fiscal Llor considera que incurri¨® en una ¡°desviaci¨®n de poder grave¡± y adopt¨® una decisi¨®n ¡°injusta¡± y ¡°arbitraria¡±. ¡°Puso en marcha los mecanismos administrativos del ayuntamiento¡± para asegurar su ¡°represalia¡± por la actuaci¨®n del PP y, en concreto, de su portavoz, Luis Barcala, razona el acusador.
La Fiscal¨ªa recuerda en su escrito que Ech¨¢varri se vali¨® de su concejal de Recursos Humanos, el tambi¨¦n socialista Carlos Gim¨¦nez, para ejecutar esa venganza. Pero no aprecia un ¡°dolo espec¨ªfico¡± en la actuaci¨®n de dicho concejal, que tambi¨¦n estaba imputado, por lo que pide que sea exculpado. En opini¨®n del fiscal, Gim¨¦nez firm¨® el cese de la trabajadora despu¨¦s de que sus t¨¦cnicos le comunicasen que hab¨ªa una ¡°base legal¡± para acordarlo. Y, sobre todo, por la ¡°confianza¡± que le merec¨ªa el propio alcalde, quien enmarcaba ese despido en un proceso general de regularizaci¨®n del personal interino del ayuntamiento.
Aunque la corporaci¨®n cuenta con casi medio centenar de trabajadores interino de la categor¨ªa conocida como ¡°sin cargo a plaza¡±, Recursos Humanos solo despidi¨® a la cu?ada del portavoz del PP. Unos d¨ªas despu¨¦s, Ech¨¢varri asumi¨® en su perfil de Facebook la decisi¨®n en primera persona y admiti¨® que la denuncia del l¨ªder de la oposici¨®n pod¨ªa haberla ¡°acelerado¡±. Tanto Guanyar (coalici¨®n de Izquierda Unida y Podemos) como Comprom¨ªs, entonces socios de gobierno de los socialistas, se desmarcaron de la medida y permitieron con sus votos que el pleno forzara al primer edil a recular. La cu?ada de Barcala fue readmitida a los pocos d¨ªas, pero la Fiscal¨ªa ya hab¨ªa abierto una investigaci¨®n que puede terminar en un segundo juicio penal para Ech¨¢varri.
La juez instructora, Patricia Romero, ha recibido ya la petici¨®n del Ministerio P¨²blico y deber¨¢ decidir mediante un auto en los pr¨®ximos d¨ªas si procesa al alcalde o accede a su petici¨®n de archivo. El delito que le atribuye provisionalmente el fiscal en este proceso es el mismo, prevaricaci¨®n administrativa, por el que se encuentra procesado en el ¡®caso Comercio¡¯, y no comporta pena de prisi¨®n, pero s¨ª de inhabilitaci¨®n para el ejercicio de cargo p¨²blico.
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