C¡¯s, PSC y PP difieren sobre la querella contra Llarena
Los socialistas afean la decisi¨®n de la Mesa del Parlament pero consideran que no hay malversaci¨®n de fondos p¨²blicos
La decisi¨®n de la Mesa del Parlament de querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por no permitir a Jordi S¨¤nchez acudir al debate de investidura ha abierto un nuevo fil¨®n para las fuerzas consitucionalistas, si bien siguen sin exhibir una unidad de acci¨®n. Ciudadanos, PSC y PP criticaron ayer el papel de Roger Torrent por permitir que la C¨¢mara act¨²e judicialmente contra el magistrado.
¡°Torrent est¨¢ utilizando su cargo de forma sectaria para favorecer los intereses de los separatistas y coaccionar a los jueces¡±, asegur¨® el secretario general de Ciudadanos, Jos¨¦ Manuel Villegas. La formaci¨®n naranja no descarta tambi¨¦n actuar judicialmente. Ciudadanos ya intent¨®, sin ¨¦xito, que el pleno del Parlament censurara lo que considera el partidismo de Torrent. S¨®lo el PP secund¨® su propuesta de resoluci¨®n.
En su d¨ªa, los socialistas catalanes no vieron motivos suficientes para apoyar esa reprobaci¨®n aunque s¨ª consideran que el presidente de la C¨¢mara no sigue lo que consideran la neutralidad institucional necesaria. El <VS1> secretario de organizaci¨®n del PSC, Salvador Illa, insisti¨® ayer en que la querella implica ¡°una instrumentalizaci¨®n partidista del Parlament¡± pero descarta, como sugieren Ciudadanos o el PP, presentar una demanda por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Illa incluso pone en duda que se pueda estar dando este delito.
El Ejecutivo mira el caso
El PP, por su parte, tiene dos l¨ªneas de actuaci¨®n. Por un lado, el presidente del partido en Catalu?a, Xavier Garc¨ªa Albiol, asegur¨® ayer que estudia querellarse contra Torrent. ¡°Ha rebajado el Parlament a una simple oficina del defensor del independentista, utilizando dinero p¨²blico para llevar a cabo una causa para dar satisfacci¨®n a esa parte de la poblaci¨®n catalana¡±, dijo.
Por otro lado, el Ejecutivo central confirm¨® que la Abogac¨ªa del Estado ya ha solicitado la documentaci¨®n necesaria sobre el acuerdo de la Mesa para evaluar si puede ser constitutivo de un delito de malversaci¨®n. Esa actuaci¨®n, explican fuentes del Gobierno, se llevar¨ªa a los tribunales por la v¨ªa penal, no al Tribunal Constitucional.
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