La fiscal¨ªa solo investiga a una treintena de los 712 alcaldes que apoyaron el refer¨¦ndum

Jos¨¦ Manuel Maza dej¨® una herencia que los fiscales catalanes tratan de gestionar: la investigaci¨®n a los alcaldes que, presuntamente, cedieron locales p¨²blicos para el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre. Dos semanas antes de esa cita clave, en pleno fragor por evitar la consulta, el fiscal general del Estado orden¨® que se abrieran diligencias contra los 712 ediles que se pusieron ¡°a disposici¨®n¡± del Gobierno de Carles Puigdemont. La realidad es que, siete meses despu¨¦s, la fiscal¨ªa solo mantiene abiertas pesquisas sobre una treintena de ellos, seg¨²n fuentes judiciales. En algunos de esos casos, agregan, ser¨¢ dif¨ªcil probar que son responsables de los delitos de desobediencia o prevaricaci¨®n.

Maza, fallecido en noviembre, envi¨® la orden a los cuatro fiscales jefe de las provincias catalanas a partir de un listado de ayuntamientos elaborado y difundido por la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia (AMI), que confirma la cifra de alcaldes investigados. "Estar¨¢ entre unos 30 y 40", explican los servicios jur¨ªdicos de esa entidad. La decisi¨®n de Maza buscaba enviar un mensaje contundente a esos alcaldes y, por oposici¨®n, otro de apoyo a los ediles que hab¨ªan manifestado p¨²blicamente su negativa a poner locales al servicio de la votaci¨®n.

La tarea encomendada se presentaba tit¨¢nica. De modo que se fijaron criterios de relevancia para escoger a los primeros alcaldes investigados: aquellos que, m¨¢s all¨¢ de firmar el manifiesto de adhesi¨®n a la Generalitat, hab¨ªan realizado otras gestiones o se hab¨ªan manifestado p¨²blicamente a favor de colaborar con el refer¨¦ndum. En Barcelona, la fiscal jefe, Ana Magaldi, opt¨® por un criterio de tama?o: primero los ayuntamientos grandes; despu¨¦s, los peque?os. Los tres primeros alcaldes fueron citados apenas seis d¨ªas despu¨¦s de la orden de Maza por la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a, competente para investigar a los ediles que, adem¨¢s, ejerc¨ªan como diputados: Marc Solsona (Mollerussa), Miquel Sala (Oliana) y Jos¨¦ Antonio Troguet (El Pont de Suert).

En segundo plano

El 1-O y sus consecuencias pol¨ªticas y judiciales lo cambiaron todo. Con los l¨ªderes del proc¨¦s encarcelados o huidos, el asunto de los alcaldes pas¨® a ser de tercera categor¨ªa. Para entonces, los fiscales ya hab¨ªan abierto la investigaci¨®n a una treintena de ellos. Hasta ahora, no han tomado ninguna decisi¨®n definitiva (archivar el caso o elevar una denuncia o querella ante el juez) y el tiempo ha seguido corriendo. La fiscal¨ªa era consciente de que el plazo de investigaci¨®n (seis meses) venc¨ªa pronto en muchos casos y de que deb¨ªa abordar el problema con urgencia.

El martes, los fiscales jefe de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona se reunieron para decidir el rumbo a tomar. Hubo divisi¨®n de opiniones, sobre todo por la posibilidad de que las pesquisas salgan adelante con ¨¦xito. Al final, se impuso la tesis de continuar con las investigaciones (pidiendo, si es necesario, una pr¨®rroga) y dirimir si los alcaldes deben responder penalmente. Solo lo har¨¢n aquellos, sin embargo, que efectivamente acabaron cediendo de forma consciente sus locales para el 1-O. ¡°No basta con la firma a un documento de adhesi¨®n, hay que ir m¨¢s all¨¢¡±, se?alan fuentes de la instituci¨®n.

Los fiscales, adem¨¢s, est¨¢n topando con dificultades t¨¦cnico-jur¨ªdicas. La ley del refer¨¦ndum, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre, se?alaba que los ayuntamientos deb¨ªan poner a disposici¨®n de la Generalitat ¡°los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votaci¨®n¡±. Esa misma noche, Puigdemont envi¨® una carta a los ediles solicit¨¢ndoles su colaboraci¨®n, y cientos de ellos respondieron afirmativamente. El Tribunal Constitucional suspendi¨® la ley del refer¨¦ndum antes del 1-O y la anul¨® con posterioridad. ¡°Mientras estuvo en vigor, hay que ver hasta qu¨¦ punto se pod¨ªan negar a cumplir. Otra cosa es que luego esos locales se cedieran o no, y en qu¨¦ condiciones¡±. Las ¡°condiciones¡±, se?alan fuentes judiciales, tambi¨¦n son importantes: el hecho de que se abriera un espacio de titularidad municipal ese d¨ªa no quiere decir que se hiciera con el consentimiento del alcalde, por lo que deber¨¢ probarse, caso por caso, su implicaci¨®n en los hechos.

Las fuentes consultadas tambi¨¦n coinciden en que es posible que no se abran ya muchas nuevas investigaciones contra otros alcaldes. O que, a falta de nuevas pruebas, se abran diligencias para archivarlas a continuaci¨®n.?

Los servicios jur¨ªdicos de la AMI lamentan que no han recibido respuesta por parte de las fiscal¨ªa a las peticiones de archivo que se han presentado y critican que no se les ha notificado, tampoco, la solicitud de una pr¨®rroga en la investigaci¨®n. "Agradecer¨ªamos que actuaran por el principio de legalidad y no el de oporutnidad", se?alan. Lamentan que la fiscal¨ªa mantenga en vilo a otros cientos de alcaldes y recuerda que muchos de ellos optar¨¢n a ser reelegidos en las pr¨®ximas elecciones municipales.