Desahucios expr¨¦s

Para combatir el hambre, se ha levantado la veda de la codorniz. Esa imaginativa l¨ªnea de pensamiento y actuaci¨®n es la que han adoptado las fuerzas de la derecha espa?ola (PP y Ciudadanos), catalana (PDECat) y vasca (PNV) ¡ªque en eso s¨ª hay internacionalismo¡ª para abordar el problema de la vivienda. Han rehuido excelentes ocasiones para pinchar la burbuja inmobiliaria, pero parecen preferir las hojas al r¨¢bano. Por eso, en lugar de abordar la falta de vivienda social, se han embozado con su capa justiciera para presentarse ante la sociedad como los defensores de los derechos del peque?o propietario. Para ello han modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando as¨ª garant¨ªas a la propiedad privada frente a la okupaci¨®n ilegal. Es cierto que, cuando se trata de peque?os propietarios, desalojar a okupantes resulta una larga aut¨¦ntica pesadilla. La medida ahora aprobada acorta de dos a?os a dos meses la devoluci¨®n, afecta a propietarios privados, entidades sin finalidad de lucro y propietarias de viviendas sociales. No obstante, la modificaci¨®n se convierte en sarcasmo cuando solo en Catalu?a se estiman en 230.000 pisos las necesidades de vivienda social, hay 65.000 familias en riesgo de exclusi¨®n social y el famoso problema de las ocupaciones conflictivas, esas en las que se justifica parcialmente la reforma de la ley, viene a ser del orden del 0,03% del parque total de viviendas (alrededor de 10.000) en toda Espa?a (aproximadamente un 10-15% y una ¨ªnfima parte en manos de particulares), seg¨²n datos de los ayuntamientos recogidos por el Institut Cerd¨¤ en 2017. Asociaciones vecinales como la de Ciutat Vella han subrayado que en el barrio la mayor¨ªa de los famosos narcopisos son propiedad de bancos. A veces, hay medidas pol¨ªticas que guardan un enorme parecido con el populismo.

PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana, entre otras formaciones, se han opuesto a la reforma de la ley entre otras razones porque no garantiza el realojamiento para las familias vulnerables que sean expulsadas en virtud del nuevo redactado. La izquierda tambi¨¦n sospecha que este texto puede ser susceptible de empeorar, pues no faltan quienes apuntan que abre la puerta a fondos buitre o entidades financieras entre los beneficiarios de ese desahucio expr¨¦s. Pero hay que dar el beneficio de la duda y esperar que el texto no sea el pr¨®logo, nuevamente, a la ley del m¨¢s fuerte.

La medida llega apenas un mes despu¨¦s de que PP y Ciudadanos vetaran la proposici¨®n de ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la mesa del Congreso con el argumento de que la Constituci¨®n habilita al Gobierno para bloquear propuestas que considera contrarias a su pol¨ªtica presupuestaria por suponer aumento de gastos o disminuci¨®n de ingresos. El Ejecutivo de Rajoy estim¨® el coste de la propuesta de la PAH en casi 90.000 millones para los pr¨®ximos 20 a?os. As¨ª que se pospone indefinidamente el control sobre el mercado del alquiler, el combate contra la pobreza energ¨¦tica y la pol¨ªtica de vivienda¡­ Lo prioritario en un pa¨ªs golpeado desde 2007 por 695.121 desahucios es legislar sobre el desalojo expr¨¦s de las viviendas particulares ocupadas.

El problema ya lo afrontar¨¢n sobre el terreno los ayuntamientos. Precisamente hace unos d¨ªas, la alcaldesa Colau destac¨® el trabajo de la Unidad contra la Exclusi¨®n Residencial que ha evitado un 16% de los desahucios en Barcelona y ha logrado que 218 familias barcelonesas en riesgo hayan podido quedarse en sus domicilios en 2017.

Son victorias p¨ªrricas mientras no se reoriente la legislaci¨®n y se haga una pol¨ªtica de vivienda social. Ahora parece ser que lo importante es que prime el derecho constitucional a la propiedad por encima del derecho constitucional a la vivienda. Hay dobles varas de medir y los partidos de la derecha ¡ªbien sean republicanos, mon¨¢rquicos, unionistas, confederalistas o independentistas¡ª se resisten a afrontar un problema que sit¨²a a Espa?a en la cola de Europa. Hay que coger el toro por los cuernos, cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos que el PP modific¨® en 2013 y dar, en definitiva, se?ales de querer superar la crisis con un reparto solidario de sus costes. En Espa?a se hallan un tercio de las viviendas desocupadas que hay en Europa ¡ª3,5 millones de casas¡ª y el 53% de los inquilinos destinan el 40% de su salario al pago mensual de la vivienda, un porcentaje que contrasta con el 27% de promedio en los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Son datos reversibles con las pol¨ªticas adecuadas, no designios inamovibles de la divina providencia.