El final de la investigaci¨®n facilita el traslado a Catalu?a de los presos del ¡®proc¨¦s¡¯

El Gobierno dispone de margen y competencias para trasladar a prisiones catalanas a los nueve dirigentes independentistas que ahora est¨¢n en tres c¨¢rceles de Madrid. El Tribunal Supremo ya ha concluido la instrucci¨®n y ha dictado auto de procesamiento, por lo que nada hace prever que deban ser conducidos de nuevo ante el juez Pablo Llarena, quien en enero ya abri¨® la puerta en un auto a que los presos reclamen el traslado de c¨¢rcel a Instituciones Penitenciarias.

Desde que Pedro S¨¢nchez fue investido presidente, ERC ha reclamado el traslado a c¨¢rceles catalanas de los l¨ªderes independentistas ¡ªla mayor¨ªa, dirigentes pol¨ªticos¡ª encarcelados por presunta rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sum¨® este lunes a la petici¨®n. Diversos ministros han esquivado el tema de los presos desde que tomaron posesi¨®n con el argumento de que el traslado depende de los jueces, aunque lo cierto es que la norma atribuye la competencia a la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que es el responsable de las prisiones en toda Espa?a excepto en Catalu?a.

El art¨ªculo 31 del Reglamento Penitenciario establece que esa secretar¨ªa tiene ¡°competencia exclusiva para decidir, con car¨¢cter ordinario o extraordinario, la clasificaci¨®n y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios¡±. Cualquier traslado, a?ade, ha de ser comunicado al juez de vigilancia penitencia, si se trata de un penado, o al juez instructor, si es preventivo.

Los nueve presos independentistas est¨¢n en esa ¨²ltima situaci¨®n a la espera de juicio: Jordi Cuixart y Jordi S¨¤nchez en la c¨¢rcel de Soto del Real; Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Ra¨¹l Romeva, Jordi Turrull y Josep Rull en Estremera, y Carme Forcadell y Dolors Bassa en Alcal¨¢-Meco.

El principio general, sostienen las fuentes jur¨ªdicas consultadas por EL PA?S, es que un preso preventivo ¡°debe estar a disposici¨®n del juez y, por tanto, en la c¨¢rcel m¨¢s cercana al ¨®rgano que instruye¡±, para la pr¨¢ctica de diligencias y para poder declarar cuando el juez lo solicite. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dict¨® el 23 de marzo auto de procesamiento contra los nueve l¨ªderes del proc¨¦s, que est¨¢ pendiente de una vista para adquirir firmeza. La instrucci¨®n judicial, por tanto, est¨¢ concluida, por lo que es m¨¢s que probable que los nueve presos no sean conducidos ante la justicia hasta que se celebre el juicio.

Por tanto, nada impide en principio que Instituciones Penitenciarias los traslade a prisiones sitas en Catalu?a, en cumplimiento de la instrucci¨®n 11/2011 de ese organismo en la que establece como norma general el ¡°criterio de proximidad al domicilio del interno¡± a la hora de determinar el centro en el que han de permanecer los reclusos en Espa?a.

En el caso de los pol¨ªticos catalanes, incluso el juez Llarena, instructor de la causa contra el proc¨¦s, se mostr¨® abierto a que los afectados solicitasen ese traslado a Instituciones Penitenciarias en un auto que dict¨® el pasado enero. En ese mismo auto deneg¨® la salida de Junqueras, Forn y S¨¤nchez para participar en una votaci¨®n en el Parlament.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias admiten que la situaci¨®n pol¨ªtica ha sido determinante para que no se haya producido el traslado. En Catalu?a no hab¨ªa Govern hasta hace unos d¨ªas y en estos meses se han producido numerosos intentos del independentismo de volver a desobedecer al Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno del PP se cerr¨® en banda.

Ahora la situaci¨®n es distinta. El departamento de Justicia de la Generalitat, del que dependen las prisiones catalanas, est¨¢ en manos de ERC, que representa en este momento al sector independentista m¨¢s pragm¨¢tico que descarta la v¨ªa unilateral.