El juez abre otra investigaci¨®n por financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, esta vez usando colegios

El juez?V¨ªctor G¨®mez ha iniciado este viernes una nueva investigaci¨®n por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, en este caso a trav¨¦s de la construcci¨®n de colegios. El magistrado que instruye en Valencia el caso Taula ha abierto una pieza separada a ra¨ªz de las revelaciones realizadas por Ricardo Costa, ex secretario general regional del partido.

Costa asegura que el constructor alicantino Enrique Ortiz y la compa?¨ªa valenciana Rover Alcisa pagaron comisiones de 350.000 y 150.000 euros al PP "total o parcialmente relacionadas con adjudicaciones" de la empresa p¨²blica Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat valenciana (Ciegsa). El dinero se hab¨ªa destinado a financiar la campa?a de 2007. La informaci¨®n fue proporcionada por Costa a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y hab¨ªa permanecido hasta ahora secreta.

En los hechos participaron, seg¨²n Costa, el entonces vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla ¡ªa quien Costa describe como el recaudador del PP regional¡ª, David Salvador, exdirector de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), Alfredo Rodr¨ªguez Verdugo, presidente de Rover Alcisa, y Pedro Muguruza, delegado en Valencia de Enrique Ortiz.

El magistrado se?ala en un auto al que ha tenido acceso EL PA?S que el posible delito de cohecho no habr¨ªa prescrito. Y rechaza declarar el secreto de sumario sobre la nueva investigaci¨®n, como le hab¨ªa solicitado el fiscal, al considerar "ilusorio", dado el tiempo transcurrido y "la esencia y el modus operandi" del soborno, "pretender encontrar documentos, efectos o instrumentos que evidencien su autor¨ªa". "Otros datos documentales sobre los que se puedan establecer elementos de congruencia con el delito denunciado o revelar la existencia de otros delitos relativos a las condiciones de adjucaci¨®n de obras, son en principio accesibles en este momento, sin riesgo apreciable de ocultaci¨®n o destrucci¨®n".

El instructor encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los supuestos hechos, empezando por "la contrataci¨®n, pagos y cobros declarados fiscalmente entre la empresa Ciegsa y el grupo Rover Alcisa o empresas de titularidad real de Enrique Ortiz".

Ciegsa, que se encuentra en proceso de liquidaci¨®n, acumul¨® en la etapa del PP al frente de la Generalitat sobrecostes por importe de 1.000 millones. A pesar de ello, al principio de esta legislatura 18.000 alumnos valencianos estudiaban en aulas prefabricadas. Debido a su gran presupuesto, Ciegsa fue un punto de fricci¨®n entre dos presuntas tramas corruptas vinculadas al PP, seg¨²n la investigaci¨®n desarrollada por la UCO. Una de las redes estaba relacionada con la organizaci¨®n provincial del partido, que presid¨ªa Alfonso Rus, y otra, a la auton¨®mica, al frente de la cual estaba Francisco Camps.

El constructor alicantino Enrique Ortiz fue, por su parte, condenado la semana pasada a un a?o y medio de c¨¢rcel por financiar irregularmente las campa?as electorales del PP en los a?os 2007 y 2008, despu¨¦s que ¨¦l lo mismo lo admitiera en el juicio del caso G¨¹rtel celebrado en la Audiencia Nacional. El empresario ha sido tambi¨¦n procesado en la gran causa de corrupci¨®n de Alicante, Brugal.

El juez G¨®mez ha citado a declarar como testigos a Ricardo Costa y a David Salvador la semana que viene. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa solicitado que el magistrado declarase secreta esta parte de la causa, una petici¨®n que no ha sido atendida.