La Generalitat y el derecho a la vivienda

En las ¨²ltimas semanas, diferentes colectivos y asociaciones vecinales han denunciado la subasta de 41 inmuebles prevista el pr¨®ximo 5 de julio, con la campa?a La Gene especula. Se trata de pisos, solares y locales que han pasado a manos de la Generalitat porque quien ostentaba la propiedad muri¨® sin herederos. Es decir, son bienes que el gobierno tiene derecho a adjudicarse y que, por lo tanto, pueden dedicarse f¨¢cilmente a ampliar el parque de alquiler p¨²blico en el caso de los pisos, a promover nuevas viviendas cuando son solares, y a preservar comercios de proximidad cuando se trata de locales comerciales.

En concreto, entre los inmuebles que se quieren vender al mejor postor, hay 15 pisos situados en barrios c¨¦ntricos de Barcelona como El Raval, Les Corts o Poble Sec con una gran carencia de vivienda asequible. El resto se encuentra en diferentes municipios de Catalunya como Castelldefels, Badalona, Girona o Granollers. A pesar de tratarse de tres objetivos b¨¢sicos ¡ªmovilizar viviendas hacia el alquiler p¨²blico, incrementar los solares para promover nuevas viviendas y fomentar el comercio emblem¨¢tico¡ª, el gobierno de la Generalitat ha decidido parar solo la venta de uno de los inmuebles.

As¨ª, poco despu¨¦s de las protestas, la Generalitat decidi¨® parar la subasta del edificio de la calle Llibreteria, en Ciutat Vella, aludiendo que esta venta afectaba a un comercio emblem¨¢tico, el Mes¨®n del Caf¨¦, situado en los bajos de la finca. Ninguna menci¨®n a la voluntad de preservar el derecho a la vivienda de los inquilinos que viven en la misma finca y, muy probablemente, se hubieran visto expulsados por los nuevos propietarios.

La decisi¨®n de proseguir con la subasta del resto de viviendas contrasta con la grave crisis habitacional que afecta a Catalunya. Una crisis estrechamente vinculada con la carencia de parque p¨²blico y con el gran esfuerzo que tienen que hacer las familias para hacer frente al pago de la vivienda a precio de mercado. Un parque p¨²blico, recordamos, que es inferior al 2% cuando la Ley por el Derecho a la Vivienda de Catalu?a de 2007 establece la necesidad de disponer de un 15% de vivienda social. La carencia de parque p¨²blico hace que m¨¢s de 100.000 unidades familiares est¨¦n inscritas a los Registro de Solicitantes de Vivienda a la espera de una vivienda de protecci¨®n oficial, que dif¨ªcilmente llegar¨¢.

Es evidente que parar la subasta no resolver¨¢ la emergencia habitacional. Para revertir el atraso hist¨®rico en materia de pol¨ªtica p¨²blica de vivienda hacen falta medidas estructurales. Algunas de estas medidas, como modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para impedir alquileres abusivos, incrementar la dotaci¨®n presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda o vincular los privilegios fiscales de las sociedades de inversi¨®n (SOCIMIS) al fomento del alquiler asequible, dependen del Gobierno central.

Otros cambios imprescindibles como calificar la vivienda de protecci¨®n oficial de por vida como se hace en Euskadi desde 2002, incrementar las compras de vivienda, sancionar los pisos vac¨ªos de los bancos tal y como prev¨¦ la ley catalana de 2007, o ampliar a los municipios con m¨¢s demanda de vivienda social la medida impulsada en Barcelona para que todas las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones incorporen un 30% de vivienda asequible, corresponden s¨®lo a la Generalitat.

Sin embargo, ante el cambio normativo impulsado por Barcelona a propuesta de entidades sociales y vecinales, la respuesta la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha consistido en expresar dudas jur¨ªdicas y emplazar, en todo caso, a que la modificaci¨®n normativa se haga por parte del gobierno metropolitano. Como si m¨¢s all¨¢ del ¨¢rea metropolitana, en ciudades como Terrassa, Sabadell o Girona, estuviera resuelta la cuesti¨®n de la vivienda. Escuchar estas declaraciones justo en el momento que est¨¢ prevista la subasta de patrimonio p¨²blico al mejor postor desgraciadamente hacen dudar sobre si la Generalitat especula. Lo que s¨ª queda claro es que el Govern no est¨¢ dispuesto a impulsar los cambios urgentes que se necesitan para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Vanesa Vali?o es jefa de Gabinete de la Concejal¨ªa de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.