El dilema de Llarena: entre lo malo y lo peor

Ha vuelto a ocurrir. La historia del conflicto catal¨¢n est¨¢ plagada de oscilaciones: cuando una parte parece haber tomado la delantera, comete un error que permite a la otra rearmarse, en una partida infinita que siempre se salda en un nuevo equilibrio precario. Cuando parec¨ªa que el independentismo estaba derrotado, alica¨ªdo, sin energ¨ªas para sostener siquiera las movilizaciones en favor de los presos, la decisi¨®n del tribunal de Schleswig-Holstein ha vuelto a dar un vuelco a la situaci¨®n. Puigdemont no podr¨¢ ser juzgado por rebeli¨®n o sedici¨®n, ni siquiera por des¨®rdenes p¨²blicos. Solo por malversaci¨®n. El dilema que ahora afronta el juez Pablo Llarena, y con ¨¦l todo el Tribunal Supremo, es elegir entre lo malo y lo peor.

La resoluci¨®n del tribunal alem¨¢n ha sido un mazazo para la justicia espa?ola. Cuestionar la forma en que Alemania ha gestionado la euroorden solo servir¨ªa para mostrar su impotencia. La macrocausa contra los dirigentes del independentismo catal¨¢n ha quedado muy da?ada porque a la contestaci¨®n interna se ha unido ahora la desautorizaci¨®n de un tribunal que no tiene nada que ver con el conflicto, y que ha concluido que no puede imputarse un delito de rebeli¨®n porque no existi¨® violencia que se exige en ese tipo penal. Muchos juristas espa?oles hab¨ªan sostenido lo mismo, entre ellos 121 catedr¨¢ticos y profesores de Derecho Penal, ninguno de ellos catal¨¢n, que firmaron en noviembre de 2017 un manifiesto con ese mismo argumento.

El Supremo afronta ahora una situaci¨®n delicada. Cualquier decisi¨®n que tome puede ir en contra de lo actuado. Si acepta la extradici¨®n solo podr¨¢ juzgar a Puigdemont por el delito de malversaci¨®n, que deber¨¢ demostrar. Y en todo caso con las condiciones establecidas por el tribunal alem¨¢n, que seg¨²n estiman algunos juristas que han le¨ªdo la versi¨®n ¨ªntegra del auto, limitar¨ªa la pena a cinco a?os de c¨¢rcel. Pero incluso si se aplicara la tipificaci¨®n espa?ola, es evidente que un delito de malversaci¨®n no justifica la prisi¨®n provisional. Mientras el resto de acusados seguir¨ªa en prisi¨®n preventiva por rebeli¨®n y en el caso de los diputados, suspendidos en sus funciones, Puigdemont podr¨ªa ser puesto en libertad a la espera de juicio, retomar su funci¨®n de diputado en el Parlament y hasta volver a ser investido Presidente tras la dimisi¨®n pactada de Quim Torra. Peor, imposible.

Pero la alternativa no es mucho mejor. Desistir de la euroorden y rechazar la extradici¨®n permitir¨ªa mantener la acusaci¨®n por rebeli¨®n contra los imputados sin afectar a la unidad de la causa, pero a costa de renunciar a juzgar al principal responsable de los hechos. Prevalecer¨ªa en este caso el principio de oportunidad sobre el de legalidad, seg¨²n el cual se entiende que todo tribunal debe hacer lo posible por juzgar a quien considera que ha delinquido. El inconveniente es que esta maniobra procesal debilitar¨ªa la posici¨®n del Supremo en la causa y podr¨ªa reforzar a Puigdemont en una posible apelaci¨®n al Tribunal Constitucional alem¨¢n. Su abogado ya ha anunciado que considera esta posibilidad, algo por lo dem¨¢s coherente con la estrategia de internacionalizaci¨®n del conflicto y de caracterizaci¨®n del proceso como causa pol¨ªtica contra el independentismo.

La decisi¨®n del tribunal de Schleswig-Holstein no puede ser recurrida por la fiscal¨ªa. Si se presenta recurso ante el Constitucional alem¨¢n debe ser por una cuesti¨®n de derechos fundamentales. En este caso se cuestionar¨ªa si Puigdemont puede tener un juicio con todas las garant¨ªas en Espa?a. Nadie pone en duda, tampoco el tribunal de Schleswig-Holstein, que en Espa?a impere el Estado de derecho. Nuestra legislaci¨®n es adem¨¢s una de las m¨¢s garantistas de Europa. Pero en todo sistema jur¨ªdico debe poder revisarse si en un caso concreto se han verificado esas garant¨ªas procesales. Y aqu¨ª, las cosas podr¨ªan complicarse. La defensa de Puigdemont podr¨ªa presentar la pol¨¦mica instrucci¨®n del juez Llarena y el empecinamiento del Supremo en mantener la imputaci¨®n de rebeli¨®n, que la justicia alemana no ve, como una actuaci¨®n destinada, no a impartir justicia, sino a apartar de la pol¨ªtica a la c¨²pula del independentismo catal¨¢n. La imputaci¨®n de ese delito es necesaria para mantener la prisi¨®n provisional y suspender a los principales dirigentes del soberanismo.

El Supremo se encuentra ahora atrapado en la mara?a de sus propias decisiones. En cambio, el nuevo Gobierno tiene a¨²n cierto margen de maniobra. La decisi¨®n del tribunal alem¨¢n facilita que la Fiscal¨ªa pueda cambiar la valoraci¨®n de los hechos. No es f¨¢cil revertir las decisiones ya tomadas, pero peor a¨²n es quedar enredado en los propios errores.