Interior orden¨® a la polic¨ªa priorizar la ¡°seguridad de los ciudadanos¡± el 1-O

M¨¢s importante a¨²n que impedir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum independentista en Catalu?a era salvaguardar ¡°la seguridad tanto de los efectivos policiales como de los ciudadanos¡±. As¨ª consta en una instrucci¨®n elaborada por la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad apenas dos d¨ªas antes de la consulta ilegal del 1-O. El documento, que obra en la causa contra los l¨ªderes del proc¨¦s, desarrolla la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) para frenar las votaciones pero sin alterar la ¡°normal convivencia ciudadana¡±.

La instrucci¨®n, de seis p¨¢ginas, lleva la firma de Jos¨¦ Antonio Nieto, el dirigente del Partido Popular que en los convulsos meses del proceso independentista en Catalu?a ejerc¨ªa como secretario de Estado de seguridad. El documento recoge normas y pautas de actuaci¨®n para que los cuerpos policiales cumplan la orden del TSJC de impedir la consulta.

El 27 de septiembre es una fecha clave en el devenir del 1-O. Ese d¨ªa, la magistrada del TSJC Mercedes Armas asumi¨® la investigaci¨®n y orden¨® a los tres cuerpos de seguridad ¡ªPolic¨ªa, Guardia Civil y Mossos d¡¯Esquadra¡ª que el domingo, d¨ªa de la votaci¨®n, impidiesen la apertura de los locales p¨²blicos habilitados como colegios electorales. La intervenci¨®n de Armas tuvo una primera consecuencia: dej¨® sin efecto las ¨®rdenes dadas en los d¨ªas previos por la Fiscal¨ªa, que eran mucho m¨¢s amplias y expeditivas (planteaban, por ejemplo, cerrar los colegios el s¨¢bado e impedir incluso las votaciones en la calle).

La resoluci¨®n judicial conten¨ªa una advertencia que m¨¢s tarde fue esgrimida por los Mossos para justificar su actuaci¨®n ante el 1-O: la polic¨ªa deb¨ªa actuar, s¨ª, pero ¡°sin afectar la normal convivencia ciudadana¡±. No hab¨ªa mayores detalles, por lo que la frase pod¨ªa ser objeto de interpretaci¨®n.

Una de las instituciones que trat¨® de desentra?ar el sentido de esa orden ¡ªy que la desarroll¨® al final en un sentido extensivo¡ª fue, precisamente, el Ministerio del Interior. La instrucci¨®n 4/2017 se marca tres objetivos: adoptar ¡°las medidas necesarias para impedir o paralizar la preparaci¨®n del refer¨¦ndum¡±; proteger ¡°personas y edificios¡±; y garantizar ¡°el mantenimiento de la convivencia ciudadana y el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades p¨²blicas¡±.

El plan de la Secretar¨ªa de Estado dibuja una frase previa (hasta las 7.30 del 1 de octubre) y una fase ¡°operativa¡±, la que deb¨ªa desarrollarse durante el resto de la jornada. El primer criterio de actuaci¨®n que se fija es expl¨ªcito. ¡°Toda intervenci¨®n debe estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad, tanto de los efectivos policiales como de los ciudadanos, sobre la eficacia, y preservar la pac¨ªfica convivencia¡±.

La nota se?ala que las unidades de seguridad ciudadana deben coordinarse con las de informaci¨®n, que la franja horaria prioritaria ser¨¢ entre las 7 y las 10.30, o que la intervenci¨®n en materia de orden p¨²blico ¡ªen el caso de que se produzca ¡°riesgo para las unidades intervinientes¡± ante ¡°la convocatoria de grandes concentraciones de personas¡±¡ª corresponde a los Mossos d¡¯Esquadra. La magistrada Armas exigi¨® coordinaci¨®n de los tres cuerpos en igualdad de condiciones. La orden ministerial, sin embargo, dice que ¡°sin menoscabo¡± de esa exigencia, la polic¨ªa auton¨®mica es, de entrada, la competente para hacer frente a la consulta.

Jos¨¦ Antonio Nieto subrayaba en su nota que la ¡°rapidez¡± era ¡°esencial para el ¨¦xito de la actuaci¨®n policial¡± y admit¨ªa que hab¨ªa un ¡°elevado n¨²mero de lugares habilitados¡± para las votaciones, por lo que el criterio deb¨ªa ser acudir all¨ª donde pudiera actuarse con m¨¢s eficacia.

Golpes y pasividad

Llegado el momento, la Polic¨ªa y la Guardia Civil cargaron contra algunos de los miles de ciudadanos concentrados frente a los colegios. Las im¨¢genes grabadas durante el 1-O acreditan los golpes de los agentes a los votantes. La dimensi¨®n de lo ocurrido ese d¨ªa es objeto de interpretaciones, a menudo opuestas. Las entidades cercanas al independentismo denuncian que hubo m¨¢s de 1.000 personas heridas por la ¡°represi¨®n¡± policial. El Gobierno minimiz¨®, en cambio, las consecuencias de las cargas y las atribuy¨® a la ¡°pasividad¡± de los Mossos, que con su inacci¨®n, a?aden, se pusieron del lado de la Generalitat.

Prueba de las muchas caras del 1-O es que ha dado lugar a escenarios judiciales casi de signo opuesto. Adem¨¢s de la causa en la Audiencia Nacional contra el major de Los Mossos Josep?Llu¨ªs Trapero, otros juzgados catalanes investigan a mandos y agentes de la polic¨ªa auton¨®mica por incumplir la orden judicial de impedir la consulta. En paralelo, otros tantos juzgados indagan si la actuaci¨®n policial fue desproporcionada. Un juzgado de Barcelona, en concreto, investiga a casi 30 agentes y mandos de la Polic¨ªa Nacional por lesiones y delitos contra la integridad moral.