La fiscal¨ªa acusa a Trapero por rebeli¨®n y le pide 11 a?os de c¨¢rcel

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha endurecido este viernes a delito de rebeli¨®n ¨Cuno de los m¨¢s graves del C¨®digo Penal¨C la acusaci¨®n contra el exjefe de los Mossos d¡¯Esquadra Josep Llu¨ªs Trapero y contra los antiguos mandos pol¨ªticos de la polic¨ªa auton¨®mica catalana, Pere Soler y C¨¦sar Puig, por considerarlos "una pieza clave" en la supuesta connivencia del cuerpo con el proceso independentista catal¨¢n. Sin embargo, pese a aplicar este tipo penal extremo, la consecuencia en t¨¦rminos de posible condena ser¨¢ m¨¢s leve, al menos para Trapero, que los dos delitos de sedici¨®n y el de organizaci¨®n criminal que contemplaba la juez instructora, Carmen Lamela, en su auto de procesamiento del pasado abril.

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¡®Il braghettone¡¯, por X. Vidal-Folch

Con la nueva calificaci¨®n, el ministerio p¨²blico solicita 11 a?os de prisi¨®n y otros 11 de inhabilitaci¨®n para el comisario mayor por rebeli¨®n. La suma de los delitos que apreciaba Lamela alcanzaba un m¨¢ximo te¨®rico de 42 a?os de prisi¨®n. Para Soler y Puig, la fiscal¨ªa reclama las mismas penas que para el mayor Trapero, mientras que pera la cuarta imputada en la causa, la intendente Teresa Laplana, se solicitan cuatro a?os de c¨¢rcel por un delito de sedici¨®n. El ministerio p¨²blico les acusa de "dar cobertura efectiva" a los l¨ªderes del proc¨¦s?"para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carec¨ªan" y "apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".

El escrito de la fiscal¨ªa ¡ª¨²nica acusaci¨®n en este sumario¡ª asume en lo esencial el relato de Lamela sobre el supuesto papel troncal de los Mossos en el proceso que llev¨® al refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del 1 de octubre de 2017 y la declaraci¨®n unilateral de independencia del 27 de octubre siguiente. Tambi¨¦n coincide con la idea de que Trapero, Soler, Puig, y la intendente Teresa Laplana eran conscientes de que su actuaci¨®n era contraria a los mandatos judiciales y del Tribunal Constitucional, que les obligaban a impedir la consulta ilegal y sus preparativos.

Sin embargo, el ministerio p¨²blico se separa de la calificaci¨®n jur¨ªdica de la magistrada, que no cre¨ªa que en aquellas jornadas se diera el elemento de violencia que requiere el delito de rebeli¨®n, tipificado en el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal, dentro del cap¨ªtulo de delitos contra la Constituci¨®n. El auto de procesamiento delimita un marco provisional de hechos que el instructor considera que deben ser dilucidados en el juicio, pero no impide que las acusaciones puedan a?adir otros hechos perif¨¦ricos y calificaciones alternativas. La introducci¨®n del delito de rebeli¨®n busca construir un relato coherente con la acusaci¨®n presentada este viernes en el Tribunal Supremo a los l¨ªderes pol¨ªticos y sociales del independentismo, tambi¨¦n acusados por el mismo delito.

El escrito de los fiscales Miguel ?ngel Carballo y Pedro Rubira sostiene que entre los d¨ªas 20 de septiembre y 1 de octubre se registraron "numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas", y se gener¨® "un clima de tensi¨®n y enfrentamiento susceptible de generalizarse". En todo ello, seg¨²n los fiscales, "cobr¨® especial relevancia el papel desempe?ado por los Mossos".

"Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organizaci¨®n y los fines independentistas era (...) imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebraci¨®n del refer¨¦ndum". Los agentes, se?alan los fiscales, se dedicaron "a funciones impropias de un cuerpo policial" como "la realizaci¨®n de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse f¨ªsicamente".

Aunque la magistrada Carmen Lamela ¨Cahora en el Supremo¨C no aplicaba el delito de rebeli¨®n, su auto de procesamiento contra la c¨²pula de los Mossos ten¨ªa un fondo tan duro o m¨¢s que el del juez Pablo Llarena, que s¨ª apreciaba este pol¨¦mico tipo penal en la causa contra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los l¨ªderes de las entidades soberanistas ANC y ?mnium, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, y los otros 14 pol¨ªticos procesados en el alto tribunal por rebeli¨®n, malversaci¨®n o desobediencia.

En aquel auto, Lamela entend¨ªa que el intento de separar a Catalu?a del resto de Espa?a y convertirla en una rep¨²blica independiente fue posible gracias a la existencia de una organizaci¨®n ¡°perfectamente coordinada¡± y compuesta por autoridades del Govern de la Generalitat encabezado por el fugado Carles Puigdemont y el encarcelado Junqueras; parlamentarios dirigidos por Forcadell y las asociaciones civiles. Todos ellos se repartieron las tareas de aprobar leyes inconstitucionales de ruptura, convocar el refer¨¦ndum ilegal, crear las estructuras del hipot¨¦tico nuevo Estado y desplegar un movimiento popular que empujara a los pol¨ªticos hacia la secesi¨®n. Todo ello, financiado supuestamente con el desv¨ªo de fondos p¨²blicos, que la Guardia Civil cifra en su ¨²ltimo informe en 4,02 millones de euros.

Este plan inclu¨ªa la supuesta utilizaci¨®n ilegal de los Mossos d¡¯Esquadra al servicio del independentismo, que se ha investigado de manera separada en la Audiencia Nacional. El cuerpo policial comandado por Trapero desoy¨® los mandatos judiciales y, con la pasividad de sus mandos y agentes desplegados por toda Catalu?a, favoreci¨® la celebraci¨®n del refer¨¦ndum del 1 de octubre. Esa jornada registr¨® graves altercados en toda la comunidad cuando agentes de la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional cargaron contra la multitud concentrada en los colegios electorales para cumplir la orden judicial de impedir la consulta anticonstitucional. La investigaci¨®n ha revelado actos de los Mossos supuestamente destinados a espiar a las fuerzas de seguridad estatales e incluso casos de enfrentamiento entre agentes de la polic¨ªa catalana en aquella jornada de enorme tensi¨®n.

La juez Lamela proces¨® al mayor Trapero por organizaci¨®n criminal y dos delitos de sedici¨®n por la actuaci¨®n del cuerpo policial auton¨®mico especialmente en la jornada del 1 de octubre y en los altercados de los d¨ªas 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud trat¨® de impedir una operaci¨®n de la Guardia Civil contra los preparativos de la consulta soberanista prohibida. En aquella ocasi¨®n, los Mossos no auxiliaron a la comisi¨®n judicial que se vio encerrada por una multitud en la Consejer¨ªa de Econom¨ªa pese a que se reclam¨® ayuda en al menos siete ocasiones. La secretaria del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona tuvo que abandonar el edificio por la azotea y dos coches del instituto armado quedaron destrozados ante la pasividad de la polic¨ªa auton¨®mica.

En la misma resoluci¨®n, la magistrada tambi¨¦n proces¨® por los mismos delitos a los exjefes pol¨ªticos de los Mossos Pere Soler ¡ªexdirector del cuerpo¡ª y C¨¦sar Puig, ex secretario general de la Consejer¨ªa de Interior. Lamela proces¨®, adem¨¢s, por un delito de sedici¨®n a la intendente del cuerpo en el distrito barcelon¨¦s del Eixample Teresa Laplana, en este caso por su papel en los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Lamela imputaba a todos menos a Laplana por organizaci¨®n criminal ¡ªcastigada con penas de hasta 12 a?os al mediar armas¡ª y a Trapero le atribu¨ªa dos delitos de sedici¨®n, cada uno de los cuales est¨¢ penado hasta 15 a?os al tener su supuesto autor la condici¨®n de autoridad. Esta pena es superior a la de rebeli¨®n, delito que lleva incorporado el concepto de organizaci¨®n criminal.