El juicio entra en campa?a

El escenario en el que se desarrolla el juicio contra los l¨ªderes pol¨ªticos y sociales del independentismo ha cambiado. A partir de ahora se desarrollar¨¢ paralelamente a la campa?a electoral ¡ªen sentido amplio¡ª de las elecciones generales, pero tambi¨¦n de las elecciones locales, auton¨®micas y europeas. En todas ellas estar¨¢ presente, de una manera u otra, el juicio sobre los hechos acontecidos en Catalu?a en los ¨²ltimos meses de 2017, o mejor dicho, la forma en que los diferentes implicados pol¨ªticos se comportaron antes, durante y despu¨¦s de aquellos meses. Este eje del debate pol¨ªtico estar¨¢ presente, sobre todo, en el discurso de los tres partidos de la derecha espa?ola que, en parte arrastrados por el fen¨®meno VOX, est¨¢n poniendo mucho ¨¦nfasis en c¨®mo Pedro S¨¢nchez ha tratado el conflicto catal¨¢n. Solo hace falta recordar la manifestaci¨®n espa?olista celebrada en Col¨®n hace unas semanas. Obvian, sin embargo, el dato que aporta el CIS: solo un 8,7% de la ciudadan¨ªa est¨¢ preocupada por la unidad de Espa?a.

Volviendo al juicio sobre la ruptura constitucional de oto?o de 2017, hemos escuchado ya las declaraciones de algunos de los responsables pol¨ªticos involucrados en la preparaci¨®n del 1 de octubre. Los testimonios han sido, de momento, variados: unos han hecho discursos eminentemente pol¨ªticos, y otros han optado por dar respuestas ce?idas a los diferentes hechos y circunstancias sobre las que eran interrogados.

En esta l¨ªnea, debe llamarse la atenci¨®n sobre la declaraci¨®n de Jordi Turull. En ella se ha hecho muy patente la (aparente) falta de comprensi¨®n de la actual configuraci¨®n del estado de derecho democr¨¢tico. El Estado de derecho de las sociedades democr¨¢ticas se basa en la soberan¨ªa popular y, a la vez, exige que dicha voluntad popular se canalice a trav¨¦s de determinados procedimientos, regulados por normas p¨²blicas, previas y accesibles a toda la ciudadan¨ªa. Sin embargo, el exconseller ha explicado que los miembros del Govern en 2017 decidieron anteponer la ¡ªtambi¨¦n malentendida¡ª voluntad del pueblo frente al cumplimiento de las leyes vigentes. Lo que significa, b¨¢sicamente, que conscientemente decidieron incumplir la ley. Y, debe recordarse, que la ley, estatal o auton¨®mica, es la expresi¨®n jur¨ªdica de la voluntad popular. En los Parlamentos se sustancia el procedimiento legislativo en que se hacen efectivos principios esenciales como el respeto de la voz de las minor¨ªas, el debate y el intercambio de posiciones e, incluso, la transacci¨®n pol¨ªtica que permite llegar a acuerdos, y el consiguiente control ciudadano. As¨ª pues, la ponderaci¨®n a la que en repetidas ocasiones hac¨ªa alusi¨®n el se?or Turull no puede llevar a elegir entre ley y voluntad popular, ya que en la primera queda incorporada la segunda. La pregunta que queda en el aire entonces es ?por qu¨¦ unas voluntades populares son m¨¢s leg¨ªtimas que otras? ?Qu¨¦ legitimidad permite deso¨ªr a una parte de la voluntad popular en favor de la otra con la consecuencia de hacer colapsar el sistema? Quiz¨¢ alguien nos lo explique en las pr¨®ximas sesiones del juicio.

Respecto del procedimiento, de momento hay que destacar su normalidad. Las garant¨ªas judiciales se est¨¢n respetando escrupulosamente, seguramente, porque la sala y su presidente saben del escrutinio p¨²blico, interno e internacional, al que se les somete. ?Se imaginan este proceso sin que los acusados permanecieran en prisi¨®n? Seguramente, y m¨¢s all¨¢ de haberse hecho una interpretaci¨®n m¨¢s respetuosa con la Constituci¨®n y la jurisprudencia europea, se hubiera desmontado una parte importante del argumentario de los independentistas m¨¢s radicales que afirman, sin aceptar matices, que la justicia espa?ola es propia de un estado autoritario. En todo caso, las normas constitucionales y legales relativas al proceso judicial est¨¢n siendo interpretadas de forma amplia, promoviendo, como requiere la teor¨ªa general de los derechos, su m¨¢xima efectividad.

Es de destacar la limitada actividad que ha ejercido Vox como acusaci¨®n popular hasta la fecha, ya que los acusados se han negado a contestar a sus preguntas. En esta fase del juicio oral el protagonismo de Vox ser¨¢ muy escaso. Esto cambiar¨¢ durante la fase de testigos, ya que est¨¢n obligados a contestar a las preguntas de todas las partes defensoras y acusadoras. Su exposici¨®n p¨²blica se ver¨¢ acrecentada. Veremos en qu¨¦ medida aprovechan la ocasi¨®n para utilizar la sala como foro pol¨ªtico y, en su caso, c¨®mo delimita el presidente del tribunal la funci¨®n de esta acusaci¨®n popular. Ser¨¢ este un buen momento para reflexionar sobre la conveniencia de que los partidos pol¨ªticos ¡ªen o fuera de campa?a¡ª gocen de legitimaci¨®n para ejercer la acusaci¨®n popular en un terreno que debe ser eminentemente jur¨ªdico-t¨¦cnico como es el judicial.

Argelia Queralt Jim¨¦nez es profesora de Derecho Constitucional de la UB.