La Generalitat no sabe, no contesta

El 155 se ha convertido en un n¨²mero m¨¢gico. Es el que, a modo de anatema y fieles al Antiguo Testamento, utilizan PP, Ciudadanos y Vox para proclamar que las instituciones catalanas deben ser intervenidas a perpetuidad hasta que el pueblo de Israel entre en raz¨®n o esa masa de dos millones de votantes independentistas muera de aburrimiento. No parece una propuesta razonable.

Tampoco resulta demasiado sensato que en Catalu?a existan 155 prestaciones sociales, tal como la propia Generalitat contabiliz¨® en 2015: 65 ayudas son de car¨¢cter econ¨®mico a personas y 90 son de servicios. Tanta prestaci¨®n sume a la poblaci¨®n socialmente vulnerable en un laberinto burocr¨¢tico infinito. Enfrenta al ciudadano con un monstruo burocr¨¢tico quiz¨¢s con el objetivo inconfeso del desistimiento, como buscan respecto al independentismo los jasiditas de la derecha y el nacional-populismo. Solo hay que ver su lectura restrictivo-cabal¨ªstica de la Constituci¨®n.

El caso es que ayudas que deber¨ªan tener como objetivo paliar situaciones de emergencia social parecen destinadas a sembrar el des¨¢nimo y la desafecci¨®n hacia una administraci¨®n que predica una cosa y practica la contraria. La burocracia act¨²a de eficaz barrera. Por un lado, ah¨ª est¨¢ el factor irracional de ese mar de prestaciones de las cuales la mitad son de derecho subjetivo (es decir, garantizadas) y el 50% restante est¨¢ sujeto a disponibilidad presupuestaria, con lo que ello puede suponer de red clientelar.

La denegaci¨®n de las prestaciones garantizadas se produce con dosis notables de opacidad sin aducir razones, lo que en la pr¨¢ctica supone esperar a que el demandante desista por agotamiento, como si de un personaje de Kafka se tratara. Una vez se aprueba una ley transparente y objetivable como la de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, la Administraci¨®n pone en marcha su maquinara y se comporta como si el peticionario fuese el protagonista de El proceso, a quien se le recordaba que el procedimiento era secreto para el p¨²blico y para ¨¦l.

B. y J., iniciales de una pareja, ten¨ªan un peque?o negocio que con la crisis se fue a pique. El 15 de septiembre de 2017 solicitaron la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Cumpl¨ªan los tres requisitos: ser mayores de 23 a?os (rondan los 60), haber residido los dos ¨²ltimos a?os en Catalu?a (llevan aqu¨ª desde los a?os setenta) y carecer de patrimonio (tienen una primera vivienda, con un acuerdo con el banco para evitar el desahucio). En marzo de 2018 les dijeron que les denegaban la petici¨®n. Lo recurrieron ese mismo mes. Todav¨ªa esperan respuesta. El problema de la pareja es que sus dos hijas, independizadas desde 2016, figuraban empadronadas en el domicilio familiar. De nada sirvieron las certificaciones del nuevo padr¨®n de las hijas ni el registro de bienes realizado por el Ayuntamiento. La Generalitat ante el recurso no sabe, no contesta.

N. tiene dos hijos. Uno de ellos con una discapacidad reconocida del 42%. El 24 de octubre de 2017 pidi¨® la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. En mayo de 2018 le dijeron que le faltaba el extracto de una cuenta bancaria, despu¨¦s de que cuando en febrero de aquel a?o se hab¨ªa interesado por el estado de la tramitaci¨®n no le advirtieran de ello. Present¨® el documento en el periodo de recurso. En junio se lo denegaron. Son dos casos. En otros muchos la Generalitat env¨ªa la carta de desistimiento sin haber hecho el requerimiento de documentaci¨®n, explican las entidades sociales.

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular que puso en marcha la RGC, y que fue aprobada por unanimidad por el Parlament, llevan desde agosto de 2018 solicitando a la Generalitat informaci¨®n sobre esa restricci¨®n. Ante las vagas respuestas del Departamento de Trabajo, han tenido que pedir auxilio la Comisi¨®n de Garant¨ªa del Derecho de Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica. Muchas de sus preguntas llevan m¨¢s de medio a?o esperando respuesta. La burocracia marea la perdiz con argumentos de lo m¨¢s variado: ¡°Actualmente no disponemos de datos en relaci¨®n con los motivos principales de denegaci¨®n¡±, ¡°los datos en relaci¨®n a la vivienda est¨¢n en fase de explotaci¨®n¡±, ¡°la informaci¨®n que ustedes solicitan se eval¨²a bimensualmente¡± o ¡°no tenemos suficientes efectivos¡±.

Mientras se gallea con banderas y patrias, la vida sigue y la ciudadan¨ªa consume con mayor o menor fortuna su vida. 350.000 catalanes viven en pobreza severa, el 23,8% de la poblaci¨®n bordea el agujero negro del precariado. De los 4.000 millones de euros recortados en partidas sociales hasta 2014, se han recuperado 1.800 millones. Mientras, el Govern no sabe, no contesta.