Leyes, derechos y pobreza energ¨¦tica

Luc¨ªa paga cada mes entre 13 y 15 euros de luz. Tiene 64 a?os, vive en el barrio barcelon¨¦s del Bes¨°s y como es ¡°vulnerable severa¡±, Endesa le descuenta un 40% del recibo. ¡°S¨¦ perfectamente cu¨¢nto pago porque he de administrar la prestaci¨®n de 430 euros mensuales como parada de larga duraci¨®n y mayor de 55 a?os¡±, explica. Se qued¨® sin trabajo en 2011 y desde entonces ha tenido que aprender a sobrevivir en la precariedad. Primero la quer¨ªan desahuciar del piso, pero pact¨® un alquiler social con el banco, r¨¦gimen en el que sigue en la actualidad. No tiene deudas porque, al contrario que muchos profetas de calamidades, nunca ha vivido por encima de sus posibilidades. Su peripecia vital la convirti¨® primero en activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y luego en militante de la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE).

<TB>Sabe que en Catalu?a la ampara la ley 24/2015, que va m¨¢s all¨¢ del bono social y veta los cortes de luz y gas a los usuarios si las suministradoras cuentan con el preceptivo informe de los servicios sociales. Tambi¨¦n est¨¢ al corriente de c¨®mo se vulneran esos derechos por parte de las grandes compa?¨ªas, aun exponi¨¦ndose a multas. De hecho, deber¨ªan haberse firmado convenios entre las administraciones y las el¨¦ctricas para paliar la pobreza energ¨¦tica. No se han firmado. ¡°El peso de los oligopolios es tremendo; no es extra?o que algunos pol¨ªticos cuando se retiren sean bien acogidos como asesores gracias a las puertas giratorias¡±, sentencia.

Las tres principales el¨¦ctricas ¡ªEndesa, Naturgy e Iberdrola¡ª obtuvieron en 2018 unos beneficios netos de 5.770 millones de euros. Pese a ello tanto el acceso a los modestos bono social como al bono t¨¦rmico chocan con una tupida tela de ara?a que frena cualquier asomo de gesto solidario. A algunos perceptores de pensi¨®n m¨ªnima se les ha denegado la ayuda para 2019 porque en su cuenta corriente se ha ¡°detectado¡± un ingreso extra de siete euros anuales. Adem¨¢s, la regulaci¨®n burocr¨¢tica fija que para acceder al bono hay que presentar una fe de vida o, en un ejemplo asambleario sin precedentes, que los mayores de 16 a?os empadronados en la vivienda deben dar su consentimiento para que se aplique el descuento.

El caso es que el bono de marras cuenta con 600.000 beneficiarios menos que el a?o anterior. Hay normativas que nacen para ser incumplidas y derechos que existen para ser ignorados. El propio Ministerio de Industria en la memoria justificativa del decreto de 2017 calculaba que solo un 45% de quienes ten¨ªan derecho al bono se acoger¨ªan a ¨¦l. Pero la mara?a burocr¨¢tica, ya sea con la izquierda o con la derecha en el poder, contrasta con la buena pesca que las el¨¦ctricas obtienen: entre 2006 y 2016 la factura del consumidor medio subi¨® un 70%. Y entre agosto de 2017 y agosto de 2018, un 11%.

Mientras, solo en Barcelona 170.000 ciudadanos son v¨ªctimas de la pobreza energ¨¦tica. Se calcula que un 10% de la poblaci¨®n catalana no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. Hace unas semanas, y tras a?os de negarse a acuerdo alguno, Endesa ha propuesto compartir el 50% de la deuda acumulada de 21 millones de euros con las administraciones. Pero lo ha hecho con el tono de quien tiene la sart¨¦n por el mango, ya que si no hay ¡°reparto solidario¡± cortar¨¢ el suministro a los usuarios a partir del 1 de octubre, en clara vulneraci¨®n de la ley 24/2015 del Parlament que lo impide. La diferencia entre el bono ministerial y la ley catalana es que esta ¨²ltima, mucho m¨¢s generosa, naci¨® de una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 150.000 firmas y a la que ning¨²n partido se opuso.

Por eso ahora m¨¢s de un centenar de ayuntamientos catalanes, las administraciones m¨¢s activas en proteger a la ciudadan¨ªa, se han rebelado contra el tono amenazante de Endesa. ¡°Las el¨¦ctricas deben hacerse cargo de la deuda¡±, asegura la concejal barcelonesa Luc¨ªa Mart¨ªn. El gobierno municipal de Barcelona ha impuesto en los ¨²ltimos a?os m¨¢s de 20 sanciones a las suministradoras, ha evitado 32.000 cortes de luz y ha asesorado sobre sus derechos a 85.000 ciudadanos. Por contra, el Gobierno catal¨¢n solo ejecut¨® el 40% de lo presupuestado para vulnerabilidad energ¨¦tica en 2017. Pero claro, qu¨¦ decir de un Ejecutivo que prorroga presupuestos sin tregua desde hace tres a?os y que lo que destina a sanidad, educaci¨®n y servicios sociales es ahora un 20% inferior a 2009. La Generalitat tiene ahora la oportunidad de mostrar con hechos que asume y abandera la ley 24/2015 ¡ªque en el terreno de la pobreza energ¨¦tica nunca estuvo suspendida¡ª y enmendar con medidas pol¨ªticas su reiterada dejadez social.