El Govern mantiene la ¡®ley Aragon¨¨s¡¯ pese a las protestas por temor a las privatizaciones

El Govern tiene en pie de guerra a buena parte de los actores sociales por una de las siete leyes que mantiene vivas en el Parlament para su aprobaci¨®n: la llamada ley Aragon¨¨s. La norma, que pretende regular la contrataci¨®n privada de los servicios p¨²blicos de atenci¨®n a las personas, se ha topado de frente con decenas de entidades sociales ante el temor de nuevas privatizaciones. El Departamento de Econom¨ªa, dirigido por Pere Aragon¨¨s, se mantiene firme y pretende sacarla adelante sin cambios de calado. Las entidades salieron ayer a la calle en se?al de protesta.

M¨¢s informaci¨®n

Catalu?a reducir¨¢ un 30% las tasas universitarias si hay Presupuestos

Aragon¨¨s: ¡°Sin presupuestos es dif¨ªcil que la legislatura contin¨²e¡±

La ley naci¨® en el Departamento de Exteriores y Transparencia del pasado Ejecutivo para adaptar la normativa auton¨®mica a la directiva europea de contrataci¨®n de servicios de atenci¨®n a las personas. El Govern la aprob¨® en julio de 2017, pero su tramitaci¨®n parlamentaria qued¨® congelada con la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Esta legislatura, el Departamento de Econom¨ªa la recuper¨® sin modificaciones y la llev¨® al Parlament, donde se debaten las enmiendas. En ese periplo, la norma ha sumado detractores: desde la Federaci¨®n de Madres y Padres (Fapac) hasta la CUP.

Los puntos conflictivos son ¡°todos¡±, denuncia Bel¨¦n Tasc¨®n, presidenta de la Fapac. Los servicios susceptibles de ser externalizados ascienden a m¨¢s de 200, algunos de ellos ya gestionados por alguna administraci¨®n p¨²blica. ¡°La normativa nace para dar un marco jur¨ªdico a la contrataci¨®n onerosa de servicios p¨²blicos muy sensibles. La Generalitat quiere dar ese trozo del pastel al mercado¡±, protesta Tasc¨®n. La gesti¨®n de los comedores escolares o las tutor¨ªas son algunos de los servicios recogidos en el anexo que concreta las actividades afectadas, que tambi¨¦n incluye servicios sanitarios o programas de empleo.

¡°Absolutamente no, esta ley no habilita ni invita a ning¨²n tipo de externalizaci¨®n. Solo queremos que el marco de contrataci¨®n sea m¨¢s favorable a la calidad del servicio¡±, defiende Albert Castellanos, secretario general de Econom¨ªa de la Generalitat. El pol¨ªtico defiende que el articulado persigue primar las condiciones cualitativas por encima del precio en las licitaciones.

Castellanos culpa a la CUP de estar detr¨¢s de las cr¨ªticas con el objetivo del desgaste pol¨ªtico y lamenta que no hayan participado en la ponencia ni presentado enmiendas. La CUP lo niega y justifica su ausencia de la ponencia: ¡°Si vamos y participamos en una ley que mejore la gesti¨®n privada sin haber blindado antes la gesti¨®n p¨²blica de los servicios, estamos dando apoyo a un marco regulador que facilita al Govern poner una cara amable a privatizaciones que no tienen ning¨²n sentido desde el punto de vista del inter¨¦s p¨²blico¡±, rebate Maria Sirvent, diputada de la CUP. Los anticapitalistas reclaman ¡°un debate¡± sobre el modelo de gesti¨®n de los servicios de atenci¨®n a las personas antes de tramitar una ley de contrataci¨®n. ¡°Si nosotros participamos de enmendar esta ley contribuimos a poner un lazo a la ofensiva privatizadora de servicios que quieren hacer ERC y Junts per Catalunya¡±, apostilla.

Excluir los anexos

El Ejecutivo se abre a introducir modificaciones en la ley en el proceso de transacciones, pero Castellanos avisa de que solo har¨¢ cambios para aclarar conceptos que no sean suficientemente n¨ªtidos. Incluso ofrece la posibilidad de excluir los anexos que describen uno a uno los servicios externalizables, una de las fuentes de conflicto, pero advierte de que eso no cambiar¨¢ los servicios afectados.

Los comunes, que s¨ª han participado en la ponencia y han presentado enmiendas, proponen abrir un debate antes de seguir la tramitaci¨®n. ¡°Nosotros decimos que se pare la norma, por el riesgo que puede conllevar de m¨¢s externalizaciones. Lo mejor ser¨ªa pararla y debatir c¨®mo queremos que se gestionen estos servicios: que se blinden los que ya son de gesti¨®n directa, facilitar que retornen a la gesti¨®n directa servicios que est¨¢n externalizados, y externalizar v¨ªa la concertaci¨®n social [con entidades sin af¨¢n de lucro o de la econom¨ªa social]¡±, apunta Marta Ribas, diputada de Catalunya en Com¨².

La plataforma Aturem la Llei Aragon¨¦s, formada por numerosas entidades como la Marea Blanca, el sindicato IAC o la Fapac, mantiene una campa?a de movilizaciones para pedir que se pare la norma. Ayer, unas 2.500 personas se manifestaron por la capital catalana. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, se han desvinculado de las protestas contra la ley, cuya tramitaci¨®n consideraban urgente para asegurar la calidad del empleo en esos servicios p¨²blicos, aunque reconocen que s¨ª que se pierde una oportunidad de barrar nuevas privatizaciones de servicios.

Marta Franch, profesora de Derecho P¨²blico de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona, niega que en la ley haya atisbo de deseo de privatizar. Pero s¨ª cuestiona los argumentos de Econom¨ªa, seg¨²n los cuales en esta ley no cabe un veto a la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de los servicios p¨²blicos. ¡°Yo creo que la ley s¨ª que podr¨ªa decir qu¨¦ servicios se los reserva la Generalitat para gestionarlos directamente y cu¨¢les puede externalizar¡±, afirma.