Los empresarios acusados y la Fiscal¨ªa preparan un pacto en el ¡®caso 3%¡¯
El acuerdo apuntalar¨ªa las acusaciones contra Converg¨¨ncia por recibir comisiones a cambio de obra p¨²blica
La vieja Converg¨¨ncia puede sufrir un zarpazo p¨®stumo de la justicia con el desenlace del caso 3%. A los indicios de la investigaci¨®n ¡ªnotas incriminatorias, confesiones, mensajes de WhatsApp¡ª se suma la posici¨®n que pueden adoptar en la causa los empresarios que, presuntamente, pagaron mordidas al partido a cambio de adjudicaciones de obra p¨²blica. Las defensas de algunos de esos empresarios y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n trabajan ya en un pacto por el que, a cambio de reconocer los hechos ¡ªlo que dejar¨ªa al pie de los caballos a la extinta formaci¨®n durante la etapa de Artur Mas¡ª, obtendr¨ªan una rebaja de la pena.
Las conversaciones avanzan a ritmo pausado y con todas las cautelas por las dos partes. Adem¨¢s, a¨²n est¨¢n lejos de materializarse en un acuerdo concreto. Fuentes judiciales explican, no obstante, que tanto la Fiscal¨ªa como algunos abogados ven en una sentencia de conformidad la mejor v¨ªa para defender sus intereses. El pacto evitar¨ªa la celebraci¨®n de un juicio complej¨ªsimo, con multitud de testigos, investigados y periciales. Algunos empresarios quieren evitar ese escenario por la exposici¨®n y el desgaste que suponen. El acuerdo, adem¨¢s, les permitir¨ªa aligerar su carga penal e incluso, seg¨²n los casos, evitar la c¨¢rcel; de paso, su testimonio apuntalar¨ªa las tesis sobre la corrupci¨®n del partido nacionalista que ha elaborado la acusaci¨®n p¨²blica, que cuenta ya con una notable bolsa de pruebas a su favor.
La v¨ªa del acuerdo se est¨¢ profundizando ahora. Pero ya hab¨ªa sido ensayada, casi desde el inicio del proceso, por algunos de los empresarios involucrados en el pago de comisiones irregulares. Es el caso de Sergio Lerma, excoronel del Ej¨¦rcito y presidente de Oproler. En 2010, su empresa era incapaz de obtener contratos p¨²blicos en Catalu?a pese a presentar ofertas competitivas. Harto de perder, pidi¨® una entrevista con los responsables de Gisa, la mayor adjudicataria p¨²blica del Gobierno catal¨¢n. Le explicaron que no estaba en ¡°la lista¡± y le sugirieron que catalanizara su empresa. M¨¢s tarde, le sugirieron que donase dinero a las fundaciones afines a Converg¨¨ncia. La estrategia parece que funcion¨®, aunque tampoco fue una panacea.
Todo eso lo cont¨® Lerma en su declaraci¨®n como investigado ante el juez, en 2017. Otro empresario, Jordi Soler (Construcciones Soler), se sum¨® a esa suerte de confesi¨®n sobre el funcionamiento de la obra p¨²blica bajo los gobiernos nacionalistas. ¡°Entre las empresas peque?as de la comarca se hablaba de que no les daban adjudicaciones si no estaban en la lista¡±, dijo Soler en su declaraci¨®n ante el magistrado instructor, Jos¨¦ de la Mata, en junio de 2018. ¡°Entend¨ª que, si colaboraba con la fundaci¨®n, estar¨ªa en la lista¡±.
Poco despu¨¦s, el juez De la Mata imput¨® como persona jur¨ªdica a Converg¨¨ncia y a su heredero pol¨ªtico, el PDeCAT, por tr¨¢fico de influencias, cohecho y blanqueo. Seg¨²n la investigaci¨®n, las supuestas donaciones a fundaciones ligadas al partido (CatDem, Fundaci¨® F¨°rum Barcelona) no eran sino meras tapaderas para encubrir la financiaci¨®n ilegal. La suma de las adjudicaciones bajo sospecha de distintas administraciones (Generalitat y Ayuntamientos) suma unos 175 millones. El partido de Mas pudo recibir por esa v¨ªa un mill¨®n de euros. Converg¨¨ncia ya ha sido condenada por recibir 6,6 millones con procedimientos similares (algunos, m¨¢s burdos, como entregas en efectivo) a trav¨¦s del Palau de la M¨²sica en el denominado caso Palau.
Una grabaci¨®n clave
Destacados cargos del partido permanecen igualmente investigados en el caso 3%. Por encima de todos ellos, Germ¨¤ Gord¨®, exgerente de CDC, exsecretario del Gobierno catal¨¢n y hombre de la m¨¢xima confianza del expresident Artur Mas. Los investigadores consideran que Gord¨® era el nexo entre los empresarios y los cargos con responsabilidades para adjudicar obras. El empresario Joan Manuel Parra ha aportado al juez la grabaci¨®n de una conversaci¨®n que mantuvo en 2011 con Gord¨®, en la que ¨¦ste se ofrec¨ªa a ayudarle a conseguir contratos: ¡°Te dije: cada vez que te presentes a alguna cosa, me vienes a ver y yo hablar¨¦ con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente¡±.
La confesi¨®n de Parra y la entrega de la grabaci¨®n han apuntalado las acusaciones contra el partido. Y han estimulado la sensaci¨®n, entre los empresarios, de que un pacto es id¨®neo para salir del trance en las mejores condiciones posibles. ¡°Ha marcado un antes y un despu¨¦s¡±, admiten fuentes de la defensa. Los que por ahora se han mostrado m¨¢s interesados en una sentencia de conformidad son los constructores. Los pol¨ªticos son m¨¢s reacios, aunque est¨¢n a la expectativa. ¡°Suele ocurrir que empieza uno y despu¨¦s hay efecto domin¨®¡±, se?alan esas fuentes.
Si los empresarios acreditan la financiaci¨®n irregular, el panorama para esos pol¨ªticos se complica. Uno de los escollos de las negociaciones es la necesidad de alcanzar un pacto global. Todo apunta a que habr¨¢ acuerdo y que no ser¨¢ necesario esperar para ello al juicio oral. Eso es lo que ocurri¨® en el caso Palau, cuando F¨¨lix Millet, saqueador confeso de la instituci¨®n musical, abri¨® fuego contra Converg¨¨ncia desde el banquillo de los acusados.
Rebajar las penas para no ir a prisi¨®n
Uno de los polos que focaliza las conversaciones entre la acusaci¨®n y las defensas son las penas a imponer a quienes pacten. Los empresarios persiguen penas de no cumplimiento ¡ªo sea inferiores a los dos a?os de c¨¢rcel¡ª que puedan ser sustituidas, adem¨¢s, por el pago de una multa. Las defensas creen que ese escenario ideal es posible si se aplican circunstancias atenuantes (anal¨®gica de confesi¨®n, dilaciones indebidas, etc¨¦tera) y tambi¨¦n si se eliminan algunos de los delitos que ahora se les atribuyen, desde la financiaci¨®n ilegal de partidos (entr¨® en vigor en 2015 y muchos hechos son anteriores) al cohecho o la organizaci¨®n criminal. ?ste es uno de los delitos, seg¨²n esas fuentes, que podr¨ªa caer con m¨¢s facilidad. "Hay margen para hablar, porque hay margen para la defensa tambi¨¦n", explican fuentes judiciales. Algunos abogados son menos optimistas y creen que puede darse un escenario similar al del caso ITV, en el que Oriol Pujol, pese a recibir una pena escasa, ingres¨® en prisi¨®n.
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