Chile: Estado ciudadano, ahora o nunca
Hoy tenemos una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar. La modernizaci¨®n del Estado es quiz¨¢s la agenda que menos avances ha tenido en las ¨²ltimas d¨¦cadas
La modernizaci¨®n del Estado es quiz¨¢s la agenda que convoca a un mayor consenso t¨¦cnico en Chile, pero, al mismo tiempo, la que menos avances ha tenido en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Hoy tenemos una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar.
?Sabe usted cu¨¢ntos funcionarios de confianza tiene un gobierno en Chile? Si su respuesta es ¡°no s¨¦¡±, no se preocupe, porque no debiera saberlo. En pleno siglo XXI, no hay en el Estado de Chile una plataforma digital de acceso abierto que entregue este registro e...
La modernizaci¨®n del Estado es quiz¨¢s la agenda que convoca a un mayor consenso t¨¦cnico en Chile, pero, al mismo tiempo, la que menos avances ha tenido en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Hoy tenemos una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar.
1. Dos fallas estructurales de nuestro Estado
?Sabe usted cu¨¢ntos funcionarios de confianza tiene un gobierno en Chile? Si su respuesta es ¡°no s¨¦¡±, no se preocupe, porque no debiera saberlo. En pleno siglo XXI, no hay en el Estado de Chile una plataforma digital de acceso abierto que entregue este registro en l¨ªnea, y su monitoreo no est¨¢ regido en ninguna parte de la legislaci¨®n.
S¨ª sabemos que mientras en Nueva Zelandia o Australia no son m¨¢s de 100 los funcionarios que cambian cuando asume un nuevo Gobierno, en Chile se cuentan en miles, muchos bajo ese r¨®tulo sin contornos de los funcionarios de confianza. Pero hay m¨¢s. Sabemos tambi¨¦n que aproximadamente 2/3 de los directivos p¨²blicos se cambian dentro de los dos primeros a?os de asumido un nuevo Gobierno por un criterio de cercan¨ªa pol¨ªtica, perdiendo la experiencia acumulada. O que la inamovilidad que gozan los funcionarios de planta -dict¨¢menes de la Contralor¨ªa mediante- se est¨¢ extendiendo a otros reg¨ªmenes como la contrata e incluso los honorarios. Con esto se consolida la petrificaci¨®n del empleo p¨²blico a lo largo y ancho del Estado.
Sabemos tambi¨¦n que, seg¨²n un informe de la Direcci¨®n de Presupuestos, Dipres, en 2021 el 63% de las 174 instituciones estatales evaluadas por metas tuvo un cumplimiento de 100% y ninguna baj¨® del 90%, con lo que todos los funcionarios recibieron bonos por desempe?o. Estas realidades ilustran una de las fallas estructurales de nuestro Estado: su administraci¨®n, y en particular el r¨¦gimen de empleo p¨²blico.
Una segunda falla estructural se observa en el proceso de formaci¨®n, discusi¨®n y aprobaci¨®n de leyes en el Congreso Nacional. Chile es el pa¨ªs con mayor complejidad regulatoria dentro de los pa¨ªses de la OCDE. Una de las causas: la existencia de m¨¢s de 300.000 normas, entre las que se encuentran leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones de rango inferior. Este entramado normativo es prueba clara de un ordenamiento jur¨ªdico que ha crecido en exceso y cuya calidad se ha visto afectada por la falta de institucionalidad para el dise?o, evaluaci¨®n de impacto y revisi¨®n ex post del flujo y stock de leyes, reglamentos y normas.
2. La oportunidad que brinda la Constituci¨®n
La nueva Constituci¨®n representa una oportunidad ¨²nica de romper la inercia y empezar a corregir estas dos fallas tect¨®nicas. La Comisi¨®n Experta presenta avances valiosos, que, sin embargo, deben ser precisados y profundizados para que no queden en letra muerta.
En el ¨¢mbito de la administraci¨®n del Estado, sugerimos que el texto constitucional incorpore lo siguiente:
Una separaci¨®n n¨ªtida entre Gobierno y administraci¨®n p¨²blica, a fin de atribuirle al primero la conducci¨®n pol¨ªtica del Estado y la definici¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas, y a la segunda su implementaci¨®n, adem¨¢s de la provisi¨®n de servicios p¨²blicos de calidad.
Que el r¨¦gimen laboral de la administraci¨®n p¨²blica no s¨®lo diga relaci¨®n con la selecci¨®n de funcionarios, sino que tambi¨¦n con su promoci¨®n, movilidad y cese. Adem¨¢s, que incluya un sistema de evaluaci¨®n de desempe?o de los funcionarios p¨²blicos eficaz y la facultad para desvincularlos fundadamente con el mismo sistema de seguro de desempleo o de indemnizaci¨®n que el empleo privado.
Un r¨¦gimen especial para los funcionarios de confianza de los gobiernos de turno que establezca l¨ªmites claros coherentes con su naturaleza excepcional y as¨ª terminar con la total discrecionalidad con la que cada gobierno define quienes y cu¨¢ntos.
Que los servicios p¨²blicos se conciban digitales e incorporen plataformas de atenci¨®n y procesamiento de datos, garantizando su actualizaci¨®n, interoperabilidad, ciberseguridad y privacidad.
Que aquellos servicios p¨²blicos de car¨¢cter t¨¦cnico con competencias para dictar normas de car¨¢cter general, fiscalizar actividades econ¨®micas esenciales y prestar servicios de utilidad p¨²blica a las personas, est¨¦n dotados de gobernanzas que garanticen su imparcialidad, independencia del ciclo pol¨ªtico y excelencia t¨¦cnica.
Y en relaci¨®n al proceso de formaci¨®n de leyes, proponemos que la Carta Magna contemple lo siguiente:
Una gobernanza superior aut¨®noma y colegiada a la Biblioteca y a la nueva Oficina Parlamentaria de Finanzas Pu?blicas e Impacto Regulatorio a trav¨¦s de un consejo superior t¨¦cnico y que trascienda el ciclo pol¨ªtico. De esta forma se asegura que esta institucionalidad fundamental para que vuelva a converger las demandas ciudadanas, la t¨¦cnica y la evidencia en el proceso de formaci¨®n de leyes, no est¨¦ condicionada en su funci¨®n por el ciclo pol¨ªtico-electoral.
Un mandato para que no s¨®lo realice los informes de impacto regulatorio y fiscal que deber¨¢n acompa?ar los proyectos de ley, sino que tambi¨¦n evaluaciones expost frecuentes de ellos una vez implementados. En un entorno social y econ¨®mico tan din¨¢mico, las leyes deben ser sometidas a una evaluaci¨®n frecuente.
3. Nuestro deber
Estas propuestas ¨Cde las cuales Pivotes plasmar¨¢ una serie de ellas en una Iniciativa Popular de Norma¨C apuntan a una convicci¨®n mayor: son fundamentales para que el Estado y las pol¨ªticas p¨²blicas que se acuerden en el Congreso sirvan con eficacia, eficiencia y flexibilidad las necesidades de las personas.
Hay evidencia de sobra sobre el impacto que esto tiene en la vida de las personas: j¨®venes investigadores chilenos han publicado en los ¨²ltimos meses estudios donde, por ejemplo, establecen que los directores de colegios que se eligen mediante procesos m¨¢s competitivos y transparentes terminan generando mejores resultados en sus escuelas, y que en salud, la incorporaci¨®n del Sistema de Alta Direcci¨®n P¨²blica para elegir directivos en los hospitales redujo en 8% la mortalidad en los recintos que usaron este mecanismo.
Eso, ni m¨¢s ni menos, es lo que est¨¢ en juego: mejor vida para las personas. Poner a la modernizaci¨®n del Estado en el coraz¨®n del debate constitucional es un imperativo ¨¦tico. Y, sin duda, es la mejor oportunidad que tendremos de impulsar estos cambios. Un Estado Ciudadano para las personas es ahora o nunca.
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