La Fiscal¨ªa pide 21 meses de prisi¨®n para un exconsejero del Gobierno de Murcia por los vertidos al mar Menor

La Fiscal¨ªa de Murcia ha pedido 21 meses de prisi¨®n para el exconsejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia Antonio Cerd¨¢ y para el excomisario de Aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas contaminadas al mar Menor. El ministerio p¨²blico da as¨ª un paso m¨¢s en el marco del denominado ...

La Fiscal¨ªa de Murcia ha pedido 21 meses de prisi¨®n para el exconsejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia Antonio Cerd¨¢ y para el excomisario de Aguas de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas contaminadas al mar Menor. El ministerio p¨²blico da as¨ª un paso m¨¢s en el marco del denominado caso Topillo, que investiga desde diciembre de 2017 vertidos contaminantes a la laguna salada desde desaladoras ilegales en el Campo de Cartagena.

En un escrito notificado este mi¨¦rcoles a las partes y al que ha tenido acceso EL PA?S, el fiscal considera que toda la normativa y directivas de la Consejer¨ªa de Agricultura y Agua para evitar los vertidos contaminantes a la albufera ¡°quedaron en papel mojado¡± porque el entonces titular del departamento, Antonio Cerd¨¢, ¡°responsable de su puesta en marcha y con la finalidad de no perjudicar al sector agr¨ªcola, no dispuso los medios personales ni materiales para llevar a cabo las inspecciones obligatorias expresadas en los programas de actuaci¨®n¡±.

Tampoco estableci¨®, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, qu¨¦ departamento deb¨ªa hacer esas inspecciones, no concret¨® el modo de hacer los controles o su periodicidad y nunca aplic¨® el r¨¦gimen sancionador previsto. ¡°El acusado, en suma, se limit¨® a establecer una previsi¨®n formal, pero siendo consciente de su falta de operatividad, se hizo como que se hac¨ªa, pero en realidad no se hizo nada, frustrando as¨ª el objetivo de la norma¡±, advierte el fiscal, e insiste en que Cerd¨¢ ¡°omiti¨® la regulaci¨®n de un sistema aut¨®nomo y eficaz de inspecciones y control de los programas de actuaci¨®n en materia de nitratos que asegurase su cumplimiento por los agricultores y que posibilitara la aplicaci¨®n del r¨¦gimen sancionador¡±.

En cuanto al ex alto cargo de la CHS, que actualmente es director general de Agua en la Generalitat Valenciana, el fiscal recuerda que en 2007 y 2008 encarg¨® estudios a empresas externas sobre el uso de desalobradoras sin licencia, y tambi¨¦n recibi¨® numerosos informes de la asociaci¨®n agraria COAG al respecto. La CHS, asegura el fiscal, ¡°tuvo conocimiento de la existencia de un gran n¨²mero de sondeos y desaladoras existentes en el campo de Cartagena que carec¨ªan de autorizaci¨®n administrativa, y que ello era un problema ambiental de primer orden por la eliminaci¨®n de las aguas de rechazo cargadas de nitratos y con una alta conductividad¡±. Sin embargo, ¡°mantuvo una situaci¨®n de permisividad consciente frente a este modo de proceder, no disponi¨¦ndose por ninguno de sus responsables el llevar a cabo ninguna actividad inspectora sobre estas actuaciones irregulares de desalaci¨®n hasta diciembre de 2012¡å.

Seg¨²n el fiscal, Aldeguel era el responsable en esa materia y pod¨ªa abrir expedientes de oficio ¡°sin necesidad de denuncia previa¡± contra las instalaciones ilegales, cosa que no hizo, ya que ¡°no adopt¨® decisi¨®n alguna para su inspecci¨®n, sanci¨®n y desmantelamiento, consintiendo una situaci¨®n de ilegalidad y falta de control de los vertidos que colisionan frontalmente con las funciones asignadas a la Comisar¨ªa de Aguas¡±. Adem¨¢s de las penas de prisi¨®n, el fiscal pide para ambos ex altos cargos sendas multas de 5.760 euros y la inhabilitaci¨®n especial para ejercer cualquier cargo p¨²blico durante nueve a?os, as¨ª como el pago de las costas. El fiscal acusa en su escrito tambi¨¦n a 39 agricultores y empresas agr¨ªcolas, para los que pide penas que oscilan entre los cinco meses y los seis a?os de prisi¨®n, e indemnizaciones que van desde los 1.800 hasta los 1,7 millones de euros por los supuestos delitos contra el medio ambiente y de imprudencia grave cometidos con sus actuaciones.

Por otro lado, pide responsabilidades civiles a 37 agricultores y empresas por los da?os causados al dominio p¨²blico mar¨ªtimo y terrestre, con indemnizaciones que oscilan entre los 31.000 y los 1,7 millones de euros. Para la expresidenta de la CHS Rosario Quesada, que tambi¨¦n est¨¢ investigada en este proceso, el fiscal pide el archivo provisional de la causa, ya que entiende que el control sobre los pozos y desalobradoras ilegales no eran su competencia, sino una funci¨®n del comisario de Aguas. Asimismo, pide que se archiven las diligencias contra la empresa INSAL, que se encargaba de instalar desaladoras en las explotaciones agr¨ªcolas, puesto que el fiscal considera que su actividad era legal y no se ha justificado que cometiera ning¨²n delito contra el medio ambiente.

En su escrito, que se extiende durante casi un centenar de p¨¢ginas, el fiscal subraya el deterioro creciente que ha sufrido el mar Menor a lo largo de los ¨²ltimos a?os como consecuencia principalmente de los vertidos agr¨ªcolas, aunque apunta tambi¨¦n a otras fuentes de contaminaci¨®n como la presi¨®n urban¨ªstica, el turismo y las aportaciones de las aguas subterr¨¢neas del Campo de Cartagena. Los vertidos agr¨ªcolas, subraya, han ido en aumento debido al uso generalizado de abonos nitrogenados para optimizar las cosechas, y la proliferaci¨®n de pozos y desalobradoras ilegales ha sido una constante, ya que el agua procedente del Trasvase Tajo-Segura no ha sido suficiente para abastecer a los cultivos de la zona.

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