Tres ex altos cargos y 38 empresas agr¨ªcolas de Murcia, al borde del banquillo por sus vertidos contaminantes al mar Menor

Tres ex altos cargos del Gobierno de la Regi¨®n de Murcia y de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS) est¨¢n al borde del banquillo acusados de haber permitido durante a?os el uso de desalobradoras ilegales ¨Dm¨¢quinas que quitan la sal del agua salobre extra¨ªda de acu¨ªferos¨D al menos a 38 empresas agr¨ªcolas del Campo de Cartagena. Las compa?¨ªas tambi¨¦n est¨¢n implicadas en la causa por, presuntamente, haber arrojado los vertidos resultantes, contaminantes, al mar Menor. El juez del denominado caso Topillo, que se abri¨® en diciembre de 2017, ha finalizado la instrucci¨®n de la primera parte del mismo y concluye que esas compa?¨ªas pudieron cometer delitos medioambientales en sus explotaciones, mientras que ve indicio en los responsables p¨²blicos de delitos de prevaricaci¨®n por su ¡°actitud permisiva¡± y su ¡°omisi¨®n de las inspecciones obligatorias¡±.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2, Antonio Garrote, considera que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerd¨¢, del PP; la expresidenta de la CHS Rosario Quesada y el excomisario de Aguas de esa entidad Manuel Aldeguer, estos dos ¨²ltimos del PSOE, omitieron su deber de inspeccionar las explotaciones y miraron hacia otro lado. Seg¨²n el escrito del juez, era responsabilidad de la consejer¨ªa elaborar la normativa sobre usos agr¨ªcolas y velar por su cumplimiento realizando controles sobre el uso de nitratos, pero, en su opini¨®n, ¡°es claro que se omiti¨® la regulaci¨®n de un sistema aut¨®nomo y eficaz de control¡± en esa materia, lo que provoc¨® que no hubiera inspecciones.

El juez considera a Cerd¨¢ responsable de la falta de vigilancia porque ¨¦l era ¡°la m¨¢xima y ¨²nica autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo¡±, y advierte de que hay indicios de que ¡°esta omisi¨®n pudo ser deliberada¡± porque aparentemente no le preocupaba la posible afectaci¨®n de los nitratos de origen agr¨ªcola al estado del mar Menor, hoy en situaci¨®n de colapso. En cuanto a los responsables de la CHS, el instructor recuerda que a ellos les corresponde el control del correcto uso del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico y la sanci¨®n al uso indebido de desalobradoras, para lo que se preve¨ªan multas de hasta un mill¨®n de euros. Pero de la investigaci¨®n se deriva que la expresidenta y el excomisario de Aguas sab¨ªan, al menos desde 2007, que en numerosas explotaciones del Campo de Cartagena se empleaban m¨¢quinas privadas y sin autorizaci¨®n, y que los vertidos contaminantes que generan (las denominadas salmueras) terminaban en el acu¨ªfero o en una red de salmueroductos ¡°que vert¨ªa a escasos metros de la desembocadura de la rambla del Albuj¨®n en el mar Menor¡±.

Para el juez, la actitud permisiva de los altos cargos de la CHS ¡°facilit¨® y motiv¨® que una multiplicidad de agricultores y empresas agr¨ªcolas ubicadas en el Campo de Cartagena utilizaran m¨¢quinas desalobradoras careciendo de cualquier tipo de autorizaci¨®n o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso¡±, extrayendo en muchos casos agua de ¡°pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso¡±.

En el auto, que supera el centenar de folios, el magistrado detalla de forma muy exhaustiva y para cada una de las empresas agr¨ªcolas investigadas los hechos en los que ha participado, cuantifica los vertidos y su destino y detalla los indicios en los que se fundamenta respecto de cada explotaci¨®n. Concreta tambi¨¦n en cada caso los metros c¨²bicos de agua que se extrajo del subsuelo, la concentraci¨®n de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la m¨¢quina y los metros c¨²bicos de rechazo de la actividad de desalaci¨®n al salmueroducto que desemboca en la rambla del Albuj¨®n.

Seg¨²n la resoluci¨®n, esos vertidos suponen ¡°un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y h¨¢bitats que conforman el mar Menor¡± y ¡°han podido ser una de las causas principales del deterioro irreversible y catastr¨®fico del ecosistema¡± de la albufera. El juez calcula tambi¨¦n en su auto el perjuicio econ¨®mico que causaron estas empresas, de casi 19,5 millones de euros. Entre todas ellas, destaca el caso de GS Espa?a, que, seg¨²n estima el texto, ha generado un perjuicio de 2,5 millones de euros, mientras que otras cuatro compa?¨ªas ¡ªPozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Trivi?os¡ª han provocado da?os por importes superiores al mill¨®n de euros.

Instalaci¨®n de m¨¢quinas

El juez incluye tambi¨¦n entre las compa?¨ªas que supuestamente han cometido delitos a Insal, dedicada a instalar estas m¨¢quinas ¡°a sabiendas de que la desalaci¨®n en la zona estaba prohibida¡±.

El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a 19 investigados, en su mayor¨ªa apoderados o coadministradores, que segu¨ªan instrucciones de otros responsables de las empresas encausadas y respecto de los que no hay indicios de criminalidad. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen 10 d¨ªas para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Adem¨¢s, el juez contin¨²a la instrucci¨®n de una segunda pieza separada de este caso en la que se investiga a otras 43 empresas agr¨ªcolas por hechos similares.

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