Mas del Vent, claustro desprotegido

Despu¨¦s de un a?o de saltar a los medios de comunicaci¨®n desde el borde de la piscina de una finca junto al mar Mediterr¨¢neo, no existe impedimento alguno para que el actual due?o del claustro de Palam¨®s decida desmontarlo, empaquetarlo y llev¨¢rselo a donde ¨¦l quiera, porque ninguna administraci¨®n ¡ªni Ministerio, ni Generalitat, ni Ayuntamiento¡ª podr¨ªa impedirlo. Tan solo la Generalitat lo inscribi¨®, en agosto pasado, en el inventario del patrimonio catal¨¢n, un listado que no le reconoce protecci¨®n legal. Adem¨¢s, al ser registrado como obra del siglo XX (y no como una pieza construida en el siglo XII en Salamanca, junto a la catedral rom¨¢nica, seg¨²n defiende el profesor de Historia del Arte Medieval Gerardo Boto), no ser¨ªa necesario pedir permiso para exportarlo a la Junta de Valoraci¨®n del Ministerio, al ser un bien con menos de 150 a?os.

Tras el informe que hizo p¨²blico la Generalitat de Catalu?a a finales de julio de 2012, en el que se aseguraba que el claustro era una recreaci¨®n del siglo XX con elementos rom¨¢nicos, estaba claro que el gobierno catal¨¢n no lo iba a proteger como Bien Cultural de Inter¨¦s Nacional (BCIN), la mayor categor¨ªa de protecci¨®n, que ostentan m¨¢s de 2.200 bienes catalanes. Es id¨¦ntica a la protecci¨®n que disfrutan los Bienes de Inter¨¦s Cultural (BIC) de la Ley de Patrimonio Espa?ol de 1985.

En ese mismo informe, ¡°atendiendo a la singularidad e importancia¡±, s¨ª que se instaba al Ayuntamiento de Palam¨®s a considerar el claustro un bien de inter¨¦s local. Eso asegurar¨ªa ¡°en primera instancia su conservaci¨®n y estudio¡±. Y lo hac¨ªa porque la ley catalana de Patrimonio de 1993 establece una segunda categor¨ªa de protecci¨®n que permite que los bienes inmuebles puedan ser catalogados bienes culturales de inter¨¦s local (BCIL) por los ayuntamientos de m¨¢s de 5.000 habitantes, caso de Palam¨®s, mientras que los muebles son ¨²nicamente competencia de la Generalitat.

Pasado casi un a?o, el ayuntamiento de la localidad reconoce que no ha cumplido el mandato tras reunirse, por separado, con la Generalitat, el investigador Boto y los propietarios del claustro. Est¨¢ por fijar, aseguran desde el ayuntamiento, la fecha en la que el pleno debatir¨¢ el informe de los t¨¦cnicos locales de patrimonio, y decidir si lo registra o no como BCIL, categor¨ªa que tienen otros 43 bienes del municipio entre iglesias, ermitas, casas de pescadores o grupos de apartamentos.

Expertos en patrimonio consultados por este peri¨®dico defienden que un elemento que forma parte de un edificio que ha sido desmontado y vuelto a montar en otro lugar y ha perdido su contexto y su funci¨®n original puede ser considerado como bien mueble. En ese caso, la Generalitat podr¨ªa actuar directamente sin delegar en el Ayuntamiento para declararlo bien catalogado.

Pero hay m¨¢s. El Estado podr¨ªa declarar bien cultural y por lo tanto proteger el claustro, en el caso de que la Generalitat no lo haga y considere que est¨¦ en peligro el bien. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 1991 contra la Ley de Patrimonio Espa?ol despu¨¦s de los recursos promovidos por Catalu?a, Galicia y el Gobierno Vasco, se interpret¨® que el Estado dejaba en manos de las comunidades la protecci¨®n de su patrimonio. Pero en realidad, la sentencia no cambi¨® ni una sola coma de la ley espa?ola y el Ministerio mantiene sus competencias concurrentes con las comunidades. ¡°Tiene competencias en un bien de titularidad privada solo en caso de expolio o exportaci¨®n il¨ªcita. No tiene competencia para pedirle a la Generalitat que lo proteja, a no ser que se vea dejaci¨®n de funciones, que pudieran derivar en que el bien sea puesto en peligro¡±, aseguran desde Cultura.

Desde la sentencia de 1991, el 99,9% de las incoaciones las han realizado las comunidades. Pero existe un caso reciente en el que el Ministerio ha actuado pese a la oposici¨®n de las autoridades locales: el barrio del Cabanyal de Valencia. El ayuntamiento de la ciudad, con permiso del gobierno valenciano, hab¨ªa aprobado un plan especial para abrir una avenida que derribar¨ªa m¨¢s de 450 casas de este barrio de pescadores. Entonces, el Ministerio de ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde lo par¨® por decreto en 2009 para garantizar su protecci¨®n. La Generalitat Valenciana ha recurrido al Constitucional, no obstante, la decisi¨®n ministerial.

La declaraci¨®n de BIC ministerial o BCIN auton¨®mica permitir¨ªa la inspecci¨®n y visita p¨²blica del monumento al menos cuatro horas al mes. La declaraci¨®n de BCIL municipal, la ¨²nica en marcha por ahora, solo obliga a los propietarios a preservarlo, garantizar un uso compatible con su conservaci¨®n, comunicar al ayuntamiento la intenci¨®n de venderlo y permitir el acceso de los especialistas para su estudio, uno de los mayores impedimentos hasta ahora.

Seg¨²n fuentes del departamento de Cultura de la Generalitat que dirige Ferran Mascarell, tras el informe de julio pasado no se ha hecho nada con respecto al claustro: ¡°Ya hemos hecho todo lo que se pod¨ªa hacer¡±, aseguraron la semana pasada al conocer la nueva tesis de Boto. Si eso es as¨ª, la Generalitat no ha cumplido las propias recomendaciones de su dictamen. Al final del texto se hablaba de nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n en un futuro ¡°para conseguir un conocimiento m¨¢s profundo y completo¡±. Entre ellas: determinar con an¨¢lisis contrastados qu¨¦ piezas eran las originales y cu¨¢les las modernas; determinar la procedencia ¨²nica o diversa y estudiar los talleres de restauradores que se podr¨ªan relacionar con la obra con el fin de conocer con mayor detalle su cronolog¨ªa, entre otros objetivos. Al parecer, el dictamen provisional se ha quedado en definitivo.