El Gobierno, al abordaje de la pirater¨ªa

La reforma del C¨®digo Penal ser¨¢ la pr¨®xima parada en la larga e intrincada traves¨ªa por la protecci¨®n de la propiedad intelectual iniciada a finales de 2009 por la pol¨¦mica y muy contestada ley Sinde. La buena noticia para los defensores de los derechos de autor es que tras esa reforma penal, que se fragua estos d¨ªas en reuniones interministeriales, Espa?a perseguir¨¢ por primera vez con penas de c¨¢rcel a los due?os o administradores de las llamadas webs de enlaces, denominaci¨®n que designa esas p¨¢ginas que no albergan contenidos protegidos por los derechos de autor pero muestran el camino a otras que s¨ª los alojan masivamente. La mala es que la negociaci¨®n del proyecto de reforma, que el Gobierno aprobar¨¢ previsiblemente ma?ana, est¨¢ resultando especialmente ardua, como es norma en este tema, debido los intereses cruzados de los ministerios de Industria y Cultura, a los que hay que sumar en esta ocasi¨®n al de Justicia. El proceso se prev¨¦ intenso hasta el ¨²ltimo momento: los departamentos se han emplazado a hoy, v¨ªspera del Consejo de Ministros, para intentar acordar in extremis el texto definitivo.

El nuevo delito ser¨¢ castigado ¡ªseg¨²n el ¨²ltimo borrador del texto, a¨²n sometido a cambios¡ª con hasta seis a?os de prisi¨®n, la retirada de los contenidos y, en determinadas circunstancias, el ¡°bloqueo¡± de la p¨¢gina. No se prev¨¦ en ning¨²n caso la persecuci¨®n al usuario (al estilo del r¨¦gimen franc¨¦s): solo se coloca en el punto de mira al prestador de ese servicio de intermediaci¨®n entre quienes comercian con obras piratas y el consumidor final. La propuesta del Ministerio de Justicia, que se conoci¨® el pasado abril, ha dado pie a una continuada disputa entre Industria y Cultura. O lo que es lo mismo, entre el bando de los operadores y el de los creadores y su maltrecho sector.

Por primera vez se prev¨¦n penas de prisi¨®n para las p¨¢ginas de enlaces

El tr¨¢fico fraudulento de obras sujetas a derechos de autor ya est¨¢ perseguido ¡ªcon hasta cuatro a?os de c¨¢rcel¡ª en el C¨®digo Penal vigente. Pero solo se recoge el delito de quien ¡°reproduzca, plagie, distribuya o comunique¡± obras ajenas sin permiso de su autor. No hay referencia expresa a las webs de enlaces, un fen¨®meno de reciente generalizaci¨®n y a cuyo limbo legal intent¨® poner coto la ley Sinde-Wert, con escaso ¨¦xito. Tras este cambio normativo, esta pr¨¢ctica quedar¨¢ criminalizada en el m¨¢s alto grado: con la amenaza de la c¨¢rcel.

El ¨²ltimo borrador de ese nuevo art¨ªculo 270 del C¨®digo Penal, que ha circulado esta misma semana por distintos departamentos del Gobierno, aumenta las penas (hasta los seis a?os de c¨¢rcel) a quien trafique con obras sujetas a copyright. Pero incorpora, adem¨¢s, la siguiente sanci¨®n: entre seis meses y cuatro a?os de c¨¢rcel a quien, ¡°en la prestaci¨®n de servicios de la sociedad de la informaci¨®n, facilite el acceso o la localizaci¨®n de obras o prestaciones protegidas ofrecidas il¨ªcitamente en Internet¡±, creando ¡°listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas \[...\][...], aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios del servicio¡±; y siempre que exista ¨¢nimo de lucro. La pena se eleva a seis a?os de c¨¢rcel en casos especialmente graves (por el volumen de dinero generado o por el valor o el n¨²mero de las obras).

Aunque esa pena m¨¢xima de seis a?os figuraba ya en el borrador conocido en abril, el art¨ªculo se ha suavizado en varias de sus aristas durante estos meses de negociaciones. Primero, porque, al fijar el m¨ªnimo de c¨¢rcel en seis meses ¡ªy no en dos a?os como antes¡ª, muchos condenados evitar¨ªan el ingreso en prisi¨®n (las penas de menos de un a?o no lo acarrean si no hay antecedentes). Y segundo porque el art¨ªculo se ha visto matizado en su contenido. Las webs de enlaces solo podr¨¢n ser perseguidas penalmente si sus responsables colaboran con la vulneraci¨®n del derecho de propiedad intelectual ¡°de forma significativa¡±; y eso se medir¨ªa teniendo en cuenta baremos como ¡°su nivel de audiencia en Espa?a o el volumen de obras y prestaciones protegidas no autorizadas¡±. Adem¨¢s, habr¨¢ que probar que el due?o de la web no se limita a realizar un ¡°tratamiento meramente t¨¦cnico o autom¨¢tico de los datos facilitados por terceros¡±, sino que hay cierto grado de colaboraci¨®n o supervisi¨®n.

El borrador inicial se ha matizado por la presi¨®n de los operadores

A la pena de c¨¢rcel se a?adir¨¢ la ¡°retirada de los contenidos¡±, ordenada por un juez, y la ¡°interrupci¨®n de la prestaci¨®n¡± cuando el portal de Internet se use ¡°exclusiva o preponderantemente¡± para difundir contenidos piratas. Pero el ¨²ltimo recurso que preve¨ªa el borrador de abril, el ¡°bloqueo del acceso¡± a la web, se ha limitado ahora: solo se har¨¢ ¡°de manera excepcional¡±, ¡°cuando exista reiteraci¨®n de la conducta tipificada¡± y ¡°cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz¡±.

Esta redacci¨®n podr¨ªa sufrir nuevos cambios antes de su aterrizaje en la mesa del Consejo de Ministros. Despu¨¦s, a¨²n quedar¨ªa el tr¨¢mite parlamentario, donde el texto tambi¨¦n podr¨ªa ser modificado. El nuevo C¨®digo Penal no entrar¨¢ en vigor hasta, como pronto, la primavera del a?o pr¨®ximo.

Mientras el reloj sigue corriendo, el sector cultural, acosado por el IVA del 21%, denuncia una verdadera debacle de su tejido industrial, a la que la Coalici¨®n de Creadores acostumbra a poner n¨²meros anualmente con informes como el de 2012, que lamentaba un lucro cesante 1.220 millones de euros debido a la pirater¨ªa. En un a?o, seg¨²n el mismo informe, las descargas aumentaron en un 41%. De ah¨ª que la sensaci¨®n que esta semana han dejado las ¨²ltimas noticias llegadas del frente de la guerra por la propiedad intelectual (m¨¢s discusiones, nuevos aplazamientos) se asemej¨® al de un amargo d¨¦j¨¤ vu. ¡°Siempre sucede lo mismo y algo se tuerce en el ¨²ltimo minuto¡±, coincidieron varias fuentes consultadas. Que no pareci¨® sino otra forma de decir que esta es la clase de negociaci¨®n, llena de vueltas y de callejones sin salida, a la que ya est¨¢ acostumbrado el sector desde los tiempos de la accidentada tramitaci¨®n de la ley Sinde.

Industria y creadores esperan con ansiedad la reforma del C¨®digo Penal ¡ª¡°sin duda, supondr¨ªa un espaldarazo para la defensa de los derechos de autor que el C¨®digo Penal persiguiera a las webs de enlaces¡±, se?al¨® Antonio Guisasola, de Promusicae, la patronal de las discogr¨¢ficas¡ª, al mismo tiempo que andan estos d¨ªas peleando, ejerciendo presiones en un sentido y en otro, para acabar de perfilar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo anteproyecto fue aprobado en marzo y que los responsables del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura prometieron tener lista para final de a?o.

Hay, con todo, un temor extendido en el bando de los as¨ª llamados creadores de que una reforma del C¨®digo Penal como la que se est¨¢ fraguando deje definitivamente en la irrelevancia a la Secci¨®n Segunda de la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert para cerrar, como ¨²ltimo recurso de un proceso garantista, p¨¢ginas que vulneren el copyright, siempre que medie denuncia de parte. Algo as¨ª no extra?ar¨ªa a nadie: en funcionamiento desde marzo de 2012, este ¨®rgano mixto administrativo judicial no presenta precisamente una deslumbrante hoja de servicios. En este tiempo se han presentado, seg¨²n datos facilitados por la Secretar¨ªa de Estado de Cultura, entidad que lidera su funcionamiento, 391 solicitudes de retirada de contenido que atenta contra los derechos de autor de sus titulares. De ellos, se han resuelto 303 expedientes. 74 webs retiraron los contenidos fraudulentos. Y a¨²n quedan 82 expedientes en fase de investigaci¨®n.

Un vistazo al balance que la comisi¨®n present¨® con motivo de su primer aniversario da una idea de que los que podr¨ªan hacer uso de este ¨®rgano poco menos que han tirado la toalla y han dejado de confiar en la eficacia de su funcionamiento. En estos seis meses, solo se han iniciado 28 procedimientos, frente a los 363 de los doce meses anteriores. Una parte muy importante de lo que se negocia ahora es c¨®mo mejorar en el articulado de la nueva Ley de Propiedad Intelectual la eficacia de la comisi¨®n. ¡°Parece l¨®gico que cambie¡±, explica Carlota Navarrete, de la Coalici¨®n de Creadores. ¡°No se ha cerrado ninguna web de enlaces. Y solo se han retirado un pu?ado de contenidos. No suenan a grandes resultados, teniendo en cuenta que, seg¨²n nuestros c¨¢lculos, hubo 3.051 millones de descargas fraudulentas en 2012. Aspiramos a que se puedan denunciar cat¨¢logos completos de obras y que no se vaya t¨ªtulo a t¨ªtulo. Y a que se agilice el proceso: no es de recibo esperar 300 d¨ªas para ver desaparecer cuatro canciones¡±.

Otro de los frentes abiertos con la nueva ley se libra en el terreno del canon digital. El anteproyecto pretende dar carta de naturaleza jur¨ªdica a lo decidido en Consejo de Ministros seg¨²n lleg¨® el PP al Gobierno: que la satisfacci¨®n del gravamen por copia privada se har¨ªa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que no pesar¨ªa sobre los aparatos que permiten esas copias sino que ser¨ªa una cantidad fija calculada atendiendo a estudios encargados por la Secretar¨ªa de Estado de Cultura. Traducido: con el sistema anterior las entidades de gesti¨®n recibieron 115 millones de euros; con el nuevo, solo cinco.

Esa cantidad, contestada por sus destinatarios, se ha ajustado estos d¨ªas en virtud de un estudio de la consultora KPMG y presentado el lunes a los interesados. Seg¨²n este, el monto del canon digital correspondiente a 2012 es de 13 millones. Las entidades de gesti¨®n han hecho sus c¨¢lculos y consideran que esa cifra deber¨ªa rondar los 200 millones, porque, si bien ya no se emplean tanto CD, DVD v¨ªrgenes o fotocopiadoras, los tel¨¦fonos m¨®viles o las tabletas han multiplicado el mundo de posibilidades de la copia.

Asuntos como la liberalizaci¨®n de las tarifas tambi¨¦n enfrentan a las entidades con los editores de prensa y libros, as¨ª como con las radios y televisiones , que abogan por una estabilidad de estas y porque se mantengan las virtudes del texto del anteproyecto que fue presentado por sus art¨ªfices como un avance en cuanto a transparencia del sistema de recaudaci¨®n y acreditaci¨®n de derechos, en particular los tendentes a evitar una duplicidad de remuneraciones, la reciprocidad material con los titulares de terceros pa¨ªses no comunitarios y la necesidad de la acreditaci¨®n en cada modalidad de explotaci¨®n. Tambi¨¦n queda abierto el frente docente y el de la prensa. Los editores de diarios aspiran a una protecci¨®n mayor frente a los agregadores de noticias y motores de b¨²squeda. En cuanto a los libros, la nueva ley prev¨¦, merced a una ampliaci¨®n del concepto de la ¡°cita ilustrativa¡±, que en colegios y universidades se permita la distribuci¨®n de contenidos sujetos a copyright sin compensaci¨®n a cambio para el autor y el editor. Algo que, denuncian los editores de libros educativos, resultar¨ªa mortal para el sostenimiento de su industria.