Mano dura contra la pirater¨ªa cultural

El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que pas¨® ayer el trance de su aprobaci¨®n en el Consejo de Ministros tras un accidentado y dilatado proceso de consultas de casi un a?o, conten¨ªa una novedad que no figuraba en los borradores conocidos: en el texto, el Gobierno propone que los agregadores de contenidos, tales como Google News o Yahoo! News, paguen a los medios de comunicaci¨®n por esos contenidos sujetos a derechos de autor. No tendr¨¢n que pedir permiso para agregarlos, siempre que se trate de ¡°fragmentos no significativos¡± (de una cierta brevedad, se entiende), pero s¨ª tendr¨¢n que ofrecer a cambio una ¡°remuneraci¨®n equitativa por el uso¡±.

As¨ª lo explic¨® Jos¨¦ Ignacio Wert, ministro de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, en su comparecencia conjunta con Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, vicepresidenta del Gobierno, al t¨¦rmino del Consejo. Habl¨® de ¡°elementos informativos, de entretenimiento y de formaci¨®n de opini¨®n [es decir, del g¨¦nero period¨ªstico de las columnas]¡±, pero no quiso o no pudo concretar m¨¢s.

S¨ª qued¨® claro que los motores de b¨²squeda (por ejemplo, Bing o Google) ni tienen que pedir permiso para enlazar contenidos, ni la obligaci¨®n de pagar por ellos, pues se entiende que en ese gesto solo prestan una ¡°intermediaci¨®n t¨¦cnica¡± y en ning¨²n caso llevan a cabo una ¡°labor activa y no neutral¡±. En ese sentido, el algoritmo de Google (que jerarquiza los contenidos y que podr¨ªa considerarse desde un punto ontol¨®gico escasamente neutral) se equipara en la nueva ley con la actividad de un usuario al poner en una red social un enlace a una noticia.

Ya por la tarde, durante una reuni¨®n informativa en la Secretar¨ªa de Estado de Cultura, la cosa qued¨® algo m¨¢s clara en lo referente a esa compensaci¨®n econ¨®mica a pagar por los agregadores de contenidos. Google News, pongamos por caso, tendr¨¢ que negociar no con los medios, sino con las entidades de gesti¨®n de derechos (CEDRO para los textos; VEGAP, para las im¨¢genes) el monto de esa ¡°remuneraci¨®n equitativa¡±. La negociaci¨®n sobre el cu¨¢nto y el c¨®mo deber¨¢ resolverse en un periodo m¨¢ximo de ocho meses desde la promulgaci¨®n de la ley. Tres meses como m¨¢ximo para fijar la orden y cinco para alcanzar el acuerdo entre las partes. Si no se llegara a un pacto, mediar¨¢ para propiciar el entendimiento, primero, y fijar¨¢ la cuant¨ªa, en ¨²ltimo caso, la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual, aquel organismo dependiente de la secretar¨ªa de Estado y formado por funcionarios, que fue creado por la ley Sinde-Wert. Es la entidad que m¨¢s reforzada (o m¨¢s sobrecargada de trabajo, seg¨²n se mire) sali¨® ayer del Consejo de Ministros.

La negociaci¨®n entre Google y las entidades ser¨¢ ¡°en igualdad de condiciones¡±, explicaron los t¨¦cnicos. Y entonces surgieron las dudas: ?Realmente CEDRO o VEGAP tienen la misma fuerza que un gigante como Google para negociar? Y otro enigma: ?A partir de cu¨¢ntas palabras, p¨¢rrafos o l¨ªneas un fragmento abandona la categor¨ªa de ¡°no significativo¡±?

Espa?a no puede ser Somalia en temas de pirater¨ªa intelectual" Jos¨¦ Ignacio Wert, ministro de Cultura, Educaci¨®n y Deportes

Pese a la inconcreci¨®n, la Asociaci¨®n de Editores de Diarios de Espa?a (AEDE), a la que pertenece EL PA?S, no tard¨® en reaccionar positivamente en un comunicado en el que se saludaba este paso como ¡°el m¨¢s importante que ha dado un Gobierno de Espa?a para la protecci¨®n de la prensa¡±. Con todo, muchos se preguntaron de qu¨¦ manera piensa el Gobierno obligar a empresas privadas como Google, que pr¨¢cticamente no pagan impuestos en espa?a, a remunerar por contenido a los medios de comunicaci¨®n.

Por lo dem¨¢s, el tr¨¢mite legislativo dej¨® el mismo reguero de indignaci¨®n que ya es costumbre en este ¨¢mbito. Muchos de los implicados, radios, televisiones, explotadores de derechos deportivos, discogr¨¢ficas, productores, asociaciones de actores o entidades de gesti¨®n se quejaron de que sus plegarias no fueron escuchadas. Estas ¨²ltimas denunciaron ayer que el secretario de Estado de Cultura, Jos¨¦ Mar¨ªa Lassalle, les hab¨ªa prometido el 30 de diciembre que iba a enviarles el borrador definitivo. Pero que de ello, nunca m¨¢s se supo.

Uno de los sectores m¨¢s severamente afectados por los cambios en la ley es el los editores de textos para la ense?anza. La nueva norma prev¨¦ la excepci¨®n educativa: en los ¨¢mbitos de la investigaci¨®n y la ense?anza reglada, tanto virtual (los tan en boga MOOC, cursos de educaci¨®n masiva a trav¨¦s de la web) como presencial (el aula con pizarra de toda la vida), se permite la divulgaci¨®n de peque?os fragmentos de forma gratuita y sin necesidad de pedir permiso. El l¨ªmite, asegurar¨ªa despu¨¦s Lassalle en una conversaci¨®n con este diario, est¨¢ fijado, en la extensi¨®n de un cap¨ªtulo, ya sea este de tres hojas o de 75.

La cita de porciones m¨¢s grandes no precisa solicitar autorizaci¨®n, pero s¨ª obliga a una remuneraci¨®n a los autores que se har¨¢ a trav¨¦s de las entidades de gesti¨®n. Los editores consultados ayer de urgencia, y sin conocer el detalle de la ley, auguraban una merma considerable, casi cr¨ªtica, en sus negocios.

No menor suspicacia levant¨® el anuncio de la creaci¨®n de una ventanilla ¨²nica, que, explicaron desde la secretar¨ªa de Estado, no viene sino a atender a los ruegos de los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor que tengan que tratar con varias entidades de gesti¨®n a la vez. Ahora podr¨¢n dirigirse a una sola mesa para solucionar todos los tr¨¢mites de un golpe desde peluquer¨ªas a hoteles, desde radios a televisiones. Representantes de los dos ¨²ltimos negocios dudan de la eficacia de un sistema que tenga que velar al mismo tiempo por los intereses de un autor de teatro off (representado por AISGE) y de una multinacional que hace dinero con Rihanna (AGEDI).

Para las entidades de gesti¨®n este hab¨ªa sido uno de los ¨²ltimos caballos de una larga batalla. Pero no el ¨²nico. El nuevo texto da naturaleza legal a otro de sus quebraderos de cabeza m¨¢s pertinaces: la nueva compensaci¨®n por copia privada, que les supuso ocho millones de euros en la ¨²ltima liquidaci¨®n frente a los 115 que les tocaron en 2010 con el anterior y tan contestado canon digital. Para que salgan las cuentas, la nueva ley reduce el concepto de copia privada a la m¨ªnima expresi¨®n: el uso de soportes f¨ªsicos ¡ªCD y DVD¡ª y a las grabaciones de radio y televisi¨®n (timeshifting).

En lo que s¨ª han sido, aunque sea parcialmente, escuchadas las entidades, es en el tema de la ventanilla ¨²nica. La raz¨®n del retraso del env¨ªo del texto al Consejo de Ministros del viernes pasado fue, seg¨²n las fuentes consultadas, doble: un enfrentamiento por este asunto entre los ministerios de Industria y Econom¨ªa con el de Cultura y la indignaci¨®n de las entidades cuando parec¨ªa que la labor de ventanilla ¨²nica iba a recaer en la SGAE. Finalmente, desempe?ar¨¢ esa funci¨®n un organismo privado surgido del pacto entre las entidades. De nuevo, la ley prev¨¦ que reine la armon¨ªa entre los implicados. Pero si en el plazo de cinco meses no han llegado a un acuerdo para crear ese ente, entonces ser¨¢ la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual la que lo har¨¢ por ellas.

Tambi¨¦n corresponder¨¢ a la (casi) omnipotente Secci¨®n Primera el control de las tarifas por los derechos de autor, incluso en lo referente a las discrepancias de estas entre el mundo digital y el f¨ªsico. Nunca ser¨¢ ese control una misi¨®n de la Comisi¨®n Nacional de la Competencia. La Secretar¨ªa de Estado promete dotar de ¡°m¨¢s recursos¡± tanto a este ¨®rgano, como a la Secci¨®n Segunda, encargada de perseguir a las webs denunciadas por los propietarios de los derechos y buque insignia de la ley Sinde-Wert.

Para la lucha contra la pirater¨ªa, se contar¨¢ con la reforma del C¨®digo Penal, que prev¨¦ hasta seis a?os de c¨¢rcel a las webs de enlaces, que no alojan contenidos sujetos a derechos de autor pero s¨ª indican el camino a otras que los dispensan con fines lucrativos. Adem¨¢s, la Secci¨®n Segunda podr¨¢ imponer, siempre con la colaboraci¨®n de un juez, multas de hasta 300.000 euros contra los infractores y sancionar a las empresas que se anuncien en esas p¨¢ginas.Tambi¨¦n se podr¨¢ efectuar el bloqueo de los enlaces para los casos m¨¢s graves. Aunque la primera opci¨®n ser¨¢ siempre que se retiren los contenidos voluntariamente. Desde que ech¨® a andar la as¨ª llamada comisi¨®n Sinde 16 webs han cerrado completamente y hay cinco cuyo dominio .es ha sido cancelado, explicaron ayer los t¨¦cnicos de la Secretar¨ªa,.

La ley no contempla protecci¨®n para empresas que tienen los derechos de las retransmisiones deportivas, afectadas por webs como Roja Directa, que ofrecen fraudulentamente se?ales de la liga espa?ola. Lo cual, aseguran estas, a?ade mayor inseguridad jur¨ªdica a una realidad ya dif¨ªcil de por s¨ª, en la que los derechos por retransmisi¨®n no hacen sino aumentar, lo mismo que ha hecho el IVA con la ¨²ltima subida fiscal.