¡®Copyright¡¯ europeo: todos contra todos

El derecho de autor es un avispero. Basta una m¨ªnima sacudida normativa y todo empieza a volar: pol¨¦micas, acusaciones y profec¨ªas apocal¨ªpticas. El caos imposibilita la claridad en un ¨¢mbito ya de por s¨ª extremadamente complejo, seg¨²n los expertos. As¨ª que no sorprende que una reforma de gran calado sobre el copyright como la que prepara la Uni¨®n Europea haya desatado un enjambre de opiniones a favor y, sobre todo, en contra. La Comisi¨®n anunci¨® en septiembre sus propuestas: entre otras, establecer un derecho exclusivo para los editores de prensa de autorizar o prohibir a los agregadores de noticias que usen sus contenidos online, y obligar a plataformas como YouTube a un filtro preventivo contra la pirater¨ªa. Desde entonces medios de comunicaci¨®n, periodistas, catedr¨¢ticos, pol¨ªticos, grupos de presi¨®n, colosos como Google y organizaciones por la defensa de los derechos en Internet intercambian un fuego cruzado de posturas sobre el proyecto, que est¨¢ estudiando el Parlamento Europeo. En juego est¨¢n millones de principios y de euros.

El punto de partida es una de las (pocas) certezas: la directiva en vigor se aprob¨® en 2001. Es decir, la prehistoria de la Red. De ah¨ª que Bruselas quiera actualizarla. ¡°Partimos de dos puntos antag¨®nicos: tenemos que abrir el mercado cultural, pero proteger a los creadores. Solo podemos lograrlo a trav¨¦s del debate¡±, asegura el comisario Europeo de Cultura, Tibor Navracsics. ¡°Nuestro objetivo es crear un campo de juego m¨¢s justo¡±, defend¨ªa a este diario Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisi¨®n Europea y responsable del Mercado ?nico Digital, otro proyecto en pleno ojo del hurac¨¢n.

Su hoja de ruta se hizo p¨²blica en septiembre. E inclu¨ªa, entre otros, el pol¨¦mico art¨ªculo 11. ¡°Crea un derecho conexo que los editores de prensa hasta ahora no ten¨ªan. Les permitir¨ªa autorizar o prohibir la reproducci¨®n y comunicaci¨®n p¨²blica de sus contenidos en la Red¡±, aclara Raquel Xalabarder, catedr¨¢tica de Propiedad Intelectual de la Universidad Oberta de Catalu?a. La protecci¨®n durar¨ªa 20 a?os y valdr¨ªa solo online. El legislador pretende ayudar as¨ª a los medios a negociar una compensaci¨®n con los agregadores de noticias, como Google News, que usan gratuitamente partes de sus obras, y proteger al periodismo de calidad. ¡°Para los diarios es una buena propuesta. Solo defendemos que no se cojan fragmentos de las noticias sin autorizaci¨®n¡±, afirma Miguel Ortego Ruiz, adjunto a la direcci¨®n general de AEDE (Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles).

El principal damnificado opina, c¨®mo no, lo contrario. ¡°Si alguien tiene que cobrar por publicar algo por medio de un tercero es una decisi¨®n empresarial y no de la ley. Tampoco creemos que haya una situaci¨®n de injusticia: los agregadores aportan mucho tr¨¢fico, que est¨¢ siendo monetizado por los medios a trav¨¦s de la publicidad¡±, rebate Antonio Vargas, gerente de Pol¨ªticas P¨²blicas de Google Espa?a. Y en cuanto al control a priori sobre los posibles contenidos piratas que publiquen los usuarios agrega: ¡°Si YouTube tuviera que ser responsable de todo el contenido que alberga desde el comienzo, no podr¨ªa realizar el servicio que ahora ofrece. ?Cada minuto se suben m¨¢s de 400 horas de v¨ªdeos a la plataforma!¡±. La oposici¨®n frontal contin¨²a: AEDE cree que los medios pierden tr¨¢fico porque muchos usuarios solo leen un titular en el agregador y no acceden a la noticia. Google cree que esta tesis no est¨¢ demostrada por ning¨²n estudio.

La oposici¨®n a la directiva ha generado, adem¨¢s, una extra?a alianza, de la eurodiputada del partido Pirata Julia Reda a la organizaci¨®n Creative Commons, pasando por el Gobierno del Estado de Berl¨ªn. 37 profesores de las principales universidades brit¨¢nicas, expertos en Propiedad Intelectual, publicaron un texto donde tacharon de ¡°innecesario e indeseable¡± este derecho conexo. La Federaci¨®n Alemana de Periodistas enumer¨® las ¡°12 mentiras¡± de los editores, a la vez que varios medios discrepan del criterio de AEDE. Y la espa?ola Xnet y otras organizaciones de activistas online han lanzado una campa?a en la Red contra la directiva.

Sus argumentaciones son tan amplias como su frente. Consideran que al contar ya con el derecho de autor, que redactores y fot¨®grafos les ceden, una ¡°segunda¡± protecci¨®n para los editores no hace falta y solo complica el panorama ¡ªseg¨²n algunos, hasta debilita a los periodistas frente a sus empleadores¡ª; que la reforma puede reducir el acceso a la informaci¨®n o hacer peligrar el derecho de cita; tanto Reda como Xnet denuncian otro riesgo: que la directiva acabe afectando a cualquier usuario que quiera enlazar un contenido y resumirlo en pocas palabras, por ejemplo comparti¨¦ndolo en Facebook. La Comisi¨®n promete que un simple link est¨¢ excluido de la reforma, ya que no supone comunicaci¨®n p¨²blica. Y as¨ª lo estableci¨® la propia justicia europea, en el c¨¦lebre caso Svensson. Pero, ?y el llamado snippet (un enlace junto con un fragmento del contenido)?

¡°Los medios podr¨ªan conceder la licencia a una plataforma y no a otra seg¨²n sus preferencias. O un agregador podr¨ªa obtener una posici¨®n m¨¢s favorable por pagar m¨¢s. El ¨²ltimo perjudicado puede ser el ciudadano¡±, a?ade Xalabarder. Y se?ala tambi¨¦n el riesgo para los medios peque?os ¡°que no est¨¦n en condici¨®n de licenciar sus contenidos con la misma facilidad que los m¨¢s grandes¡±.

Todas las voces, a favor y en contra, esperan ser o¨ªdas en el Parlamento Europeo, donde el texto est¨¢ siendo analizado por los comit¨¦s. Entre otras posibles enmiendas, la eurodiputada Therese Comodini Cachia pidi¨® el pasado mi¨¦rcoles eliminar el art¨ªculo 11. Otros parlamentarios optar¨ªan por diluirlo. Un borrador del Comit¨¦ de Cultura y Educaci¨®n sugiere limitar la protecci¨®n a tres a?os, que afecte solo a contenidos period¨ªsticos profesionales y a plataformas que enlacen por razones comerciales. Puede que las negociaciones duren hasta el verano, y alg¨²n entrevistado estima que la directiva se aprobar¨¢ en oto?o. A partir de ah¨ª, al menos un a?o para introducirla en el sistema legislativo de los Estados Miembros. Suma final: dos a?os. Lo que genera una ¨²ltima pregunta: ?cu¨¢nto habr¨¢ cambiado ya el mundo digital para entonces?