Pol¨¦mica en Portugal por los procesos a ex agentes de la PIDE

Los procesos de los ex agentes de la polic¨ªa pol¨ªtica del r¨¦gimen derrocado en abril de 1974 est¨¢n provocando una pol¨¦mica que amenaza degenerar en conflicto abierto entre el poder legislativo y el poder judicial, ilustrando as¨ª el dif¨ªcil proceso de institucionalizaci¨®n del nuevo Estado de derecho, en que los actuales dirigentes portugueses est¨¢n empe?ados.

En dos d¨ªas, los tribunales militares de Lisboa y Coimbra han pronunciado cinco nuevas sentencias contra agentes de la PIDE, que se han traducido en otras tantas liberaciones inmediatas, ya que las condenas fueron de suspensi¨®n temporal de los derechos civiles, o de penas de prisiones inferiores a la reclusi¨®n preventiva sufrida por los reos.Decenas de juicios est¨¢n por celebrarse a¨²n este mes. Otros ya se encuentran en su fase final. Entre estos ¨²ltimos, dos casos famosos: el del inspector Seixas, que fue durante a?os director del penal de Tarrafal (Cabo Verde) y el del agente acusado de homicidio en la persona de! conocido artista y dirigente comunista, D¨ªas Coelho, muerto de un balazo en el momento de su detenci¨®n, en 1961.

La clemencia manifestada por los tribunales en relaci¨®n con funcionarios y agentes de la PIDE ha provocado reacciones en numerosos sectores de la opini¨®n, y evidente discrepancia entre los poderes constituidos.

La Asamblea de la Rep¨²blica, haci¨¦ndose eco de la emoci¨®n levantada por este asunto, le dedic¨® una de sus ¨²ltimas sesiones de 1976. A propuesta del grupo parlamentario socialista, los diputados aprobaron el 30 de diciembre un decreto-ley destinado a corregir los efectos de una ley del 13 de mayo de 1975 del Consejo de la Revoluci¨®n. Al prever atenuantes para los agentes que hubiesen prestado servicios, sobre todo en los departamentos de informaci¨®n militar en las ex colonias despu¨¦s del 25 de abril de 1974, esta disposici¨®n del Consejo estaba permitiendo a los defensores de los a gentes solicitar -y obtener- de los jueces, la liberaci¨®n de sus clientes.

La nueva legislaci¨®n aprobada por la Asamblea restablece las penas previstas inicialmente: de ocho a doce a?os de condena, reduciendo los atenuantes a casos muy limitados (como la clara recusa de colaboraci¨®n activa o pasiva a malos tratos o la dimisi¨®n, por este motivo, anterior en varios a?os al 25 de abril de 1974). Entrar¨¢ en vigor a partir de su publicaci¨®n en el diario oficial. Pero esta publicaci¨®n no ha tenido lugar todav¨ªa, y entretanto, los tribunales militares contin¨²an emitiendo sentencias basadas en el famoso decreto del Consejo de la Revoluci¨®n, generando protestas en la prensa y por parte de la Asociaci¨®n de ex Presos Pol¨ªticos, que ha convocado una manifestaci¨®n frente al tribunal de Santa Clara en Lisboa para hoy.