Reivindicaci¨®n del derecho a ser horteras

La primera experiencia, Espa?a debe saber, Los placeres ocultos y Gulliver son cuatro pel¨ªculas que el espectador espa?ol no puede ver, al menos de momento, por sendas decisiones administrativas. Dicho con otras palabras: los se?ores Sumer, Manzanos, De la Iglesia y Ungr¨ªa han trabajado en balde tambi¨¦n de momento, a juicio de la censura cinematogr¨¢fica.Habitualmente se suele alegar en la razonable protesta de realizadores y productores que resulta dif¨ªcil dar credibilidad a la reforma pol¨ªtica encaminada a conseguir un sistema democr¨¢tico cuando subsisten conceptos, mecanismos y departamentos ministeriales en los que parece haber arraigado con exceso el papel de jueces y guardianes de nuestras conciencias, de nuestra salvaci¨®n moral y del ?buen gusto? de todos los ciudadanos de este pa¨ªs. Los responsables de las obras prohibidas anhelan algo elemental en cualquier pa¨ªs democr¨¢tico: que las decisiones al respecto emanen del aparato jur¨ªdico y no de funcionarios de la Administraci¨®n.

Hasta aqu¨ª la exposici¨®n abreviada de unos hechos. Quiz¨¢ sea necesario a?adir alg¨²n dato previo, como, por ejemplo, el que ya resulta pr¨¢cticamente imposible producir un filme sin un desembolso m¨ªnimo de quince o diecis¨¦is millones de pesetas, desembolso m¨¢s que notable para que su comienzo de amortizaci¨®n dependa de un criterio tan subjetivo y variable como el de unos se?ores funcionarios administrativos. Otro dato, consecuencia de lo anterior, es que dichos costes est¨¢n condicionados en parte por las disposiciones legales pertinentes (formato, n¨²mero m¨ªnimo de trabajadores, etc¨¦tera) dictadas precisamente por la misma Administracli¨®n, que una vez cumplidos los requisitos legales proh¨ªben, mutilan o censuran las obras. Tambi¨¦n se puede aportar como dato, aunque en este caso m¨¢s personal, el que los realizadores, guionistas y productores cinematogr¨¢ficos espa?oles no tienen necesariamente por qu¨¦ ser sic¨®patas sexuales, terroristas o adictos a las drogas ?duras?, es decir, que se les puede otorgar un cierto grado de confianza.

Ahora bien, frente a los razonamientos de los afectados, basados en el esp¨ªritu democratizador y liberalizador de nuestros dirigentes, cabe a?adir una serie de derechos que a nuestro juicio debe tener todo ciudadano: el derecho a ser horteras, manifestado con la asistencia -si as¨ª se desea- a proyecciones de pel¨ªculas de ?mal gusto?; el derecho a estar desinformado de los affaires pol¨ªticos, econ¨®micos y sociales; el derecho a contemplar en la pantalla una reflexi¨®n -mejor o peor- sobre el homosexualismo en Espa?a y el derecho a ver a treinta y cinco enanos sojuzgados por Fernando Fern¨¢n-G¨®mez, entre otros muchos derechos. Y ello porque quienes lo prohiben se han considerado con frecuencia salvaguardas de ?la moral de Occidente?, una rnoral cuya sublimaci¨®n pr¨¢ctica se concret¨® en los carripos de exterminio nazis.

En definitiva, lo que el ciudadano de este pa¨ªs debe exigir es la posibilidad de condenarse al infierno, si as¨ª lo prefiere y sin que act¨²en de por medio unos respetables funcionarios que ya se han ganado el pan sobradamente.