Hipocresia y conservadurismo
Con la retirada -provisional por el momento- de la pel¨ªcula de Pasolini, Sal¨®, de la cartelera londinense, el espectador se encuentra ante una nueva demostraci¨®n de una de las mayores taras con las que debe enfrentarse el hecho art¨ªstico y que pertenece, al menos en cierta medida, a factores ajenos a su propio ser.La prensa ofrece con desalentadora constancia, noticias similares sobre el poder de una simple denuncia personal ante el juzgado correspondiente, de resultas de la cual la obra de un realizador cinematogr¨¢fico pasa a mejor vida, impidiendo al mismo tiempo -y de manera unilateral- la libertad de contemplarla a las decenas de miles de conciudadanos para quienes una determinada pel¨ªcula no supone en ning¨²n momento un atentado a la moral o a las buenas costumbres.Nombres como Bertolucci, el citado Pasolini, Oshima, Genet y un ya amplio etc¨¦tera, se ven envueltos con frecuencia en la mara?a jur¨ªdico-burocr¨¢tica que, como primera medida, retira de su exhibici¨®n normal la obra creada tras no pocos esfuerzos y reflexiones. Cualquier ciudadano de cualquier pa¨ªs democr¨¢tico debe de tener el derecho de denunciar lo que crea deba ser denunciado. Ahora bien, cuando el hecho presuntamente delictivo se inscribe en el subjetivo, ambiguo, resbaladizo y fascinante mundo del arte, los esquemas aplicables resultan absolutamente ineficaces y, las m¨¢s de las veces, s¨®lo sirven para comprobar el car¨¢cter marcadamente conservador de una de las instituciones clave del Estado burgu¨¦s: la Administraci¨®n Judicial.La historia de la cultura est¨¢ repleta de ejemplos significativos al respecto, incluso se puede, y ya se ha hecho, analizar dicha historia desde la perspectiva exclusiva de los creadores reprimidos, encarcelados y condenados por los distintos sistemas jur¨ªdicos, para los que el conservar lo establecido en material moral y de costumbres se antepone a la demanda real de comunicaci¨®n de cada momento.C¨®digos morales como el famoso de Hays, en Estados Unidos, o Juntas de Censura, como la que todav¨ªa act¨²a en Espa?a; hace tiempo que demostraron su invalidez social, para entrar por derecho propio en el sector m¨¢s ex¨®tico y pintoresco de la historia cotidiana. La Europa del Mercado Com¨²n suele ser m¨¢s sutil: no existe censura, o pr¨¢cticamente es inexistente, pero cualquier ciudadano puede denunciar un filme ante el fisca¨ª ojuez de guardia. Si ¨¦ste lo considera oportuno, la pel¨ªcula se retira de los circuitos de exhibici¨®n hasta que exista resoluci¨®n judicial firme, lo que supone, en el mejor de los casos, unos cuantos meses de prohibici¨®n. El ejemplo de Sal¨®, una de las pel¨ªculas m¨¢s ?malditas? del ¨²ltimo quinquenio, es significativo: si ahora se retira de la cartelera de Londres, habr¨¢ que a?adir el dato de que nunca fue estrenada en su pa¨ªs de origen, Italia, y que permanece prohibida' la mayor¨ªa de las democracias occidentales (en Francia se pudo estrenar con innumerables limitaciones de publicidad y locales). En definitiva, los secuestros judiciales de hechos art¨ªsticos nos hablan de la imposibilidad de medir, o de intentar hacerlo, con unos criterios pretendidamente objetivos, unos hechos que por su propio origen, anhelo y especificidad, son esencialmente subjetivos. 5;i una reflexi¨®n personal y creativa sobre el fascismo, interrelacionada con los 120 d¨ªas de la Sodoma sadiana, puede suponer un atentado a la moral social, todo parece indicar que determinadas pol¨ªticas fiscales, programaciones de televisi¨®n o mantenimiento de reminiscencias feudales tambi¨¦n atentan las buenas costumbres de la convivencia colectiva y, que se sepa, todav¨ªa no ha sido prohibido ning¨²n Ministerio de Hacienda en bloque.
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