La amnist¨ªa de Blanco Chivite y Mayoral Rueda

Como familiares de los presos pol¨ªticos Pablo Mayoral R ueda y Manuel Blanco Chivite, nos dirigimos a usted con la intenci¨®n de que, a trav¨¦s de esta carta, d¨¦ a conocer nuestra indignac¨ª¨®n por las irregularidades en la aplicaci¨®n de la reci¨¦n aprobada ley de Amnist¨ªa.Y al hablar de irregularidades nos referimos a:

1. Informaci¨®n equ¨ªvoca por parte de las autoridades militares.

Con fecha 21 de octubre, la Secretar¨ªa de Justicia Militar nos remite al Juzgado Militar Permanente n¨²mero 2, que a su vez, y media hora m¨¢s tarde, vuelve a remitirnos a la Secretar¨ªa de Justicia Militar.

Con fecha 24 del mismo mes, en la mencionada Secretar¨ªa de Justicia Militar nos indican que nos dirijamos a la Audiencia Nacional, puesto que el d¨ªa 18 se hab¨ªa enviado un oficio a fin de que fuera este organismo quien aplicara la amnist¨ªa.

2. El mismo d¨ªa 24 la Audiencia Nacional nos niega haber recibido dicho oficio, hasta que se le cita el n¨²mero de expedici¨®n.

Como nos encontramos a 3 de noviembre, la Audiencia ha necesitado diecis¨¦is d¨ªas para declarar se incompetente en este asunto que, seg¨²n el art¨ªculo diez de la citada ley de Amnist¨ªa, deb¨ªa tramitarse con urgencia, reforzado este art¨ªculo de urgencia con la circular de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo de fecha 21 de octubre.

La situaci¨®n actual: vuelta a las autoridades militares para que decidan su competencia y empezar de nuevo todo el proceso si ahora se inhibieran. Nosotros nos preguntamos, ?c¨®mo es posible que en el momento de celebraci¨®n del juicio no hubiera dudas con la competencia de las autoridades?

?C¨®mo en denegar 180 pruebas (testificales, periciales, etc¨¦tera) se tard¨® un par de horas y ahora se requiere un largo proceso que tiene todos los indicios de prolongarse meses para aplicar una ley que, en el caso de nuestros familiares, es suficientemente clara, ya que fueron hechos ocurridos antes del 15 de diciembre de 1976? Y ya que citamos los hechos, nos viene sorprendiendo desde meses que su peri¨®dico d¨¦ como ciertas las acusaciones siempre que da alguna informaci¨®n de nuestros familiares. No hemos aceptado nunca su culpabilidad, ni ellos lo hicieron en el consejo de guerra, el cual se bas¨® ¨²nica y exclusivamente en unas declaraciones obtenidas bajo las m¨¢s ingominiosas torturas. denunciadas en su d¨ªa. Para muchos est¨¢ muy claro que el juicio y los fusilamientos derivados de ¨¦l no fueron sino un ?escarmiento ejemplar?. Nos podemos limitar a EL PAIS de fecha 15-8-1976, p¨¢gina 8, en el que figura un art¨ªculo de J. L. Aranguren. que dice: ?...Tambi¨¦n entre los franquistas hubo entonces quienes pensaron que daba lo mismo (a quien se juzgara) con tal, de que se tratase de miembros de la organizaci¨®n enemiga, pues, como en la guerra, todos son solidariamente responsables...?, refiri¨¦ndose a la necesidad de la amnist¨ªa, y m¨¢s abajo, se?ala ?... que con ¨¦sta terminar¨ªa el per¨ªodo predemocr¨¢tico y el ingreso real en la democracia...? ?Qui¨¦n quiere retrasar la democracia?