Un paso atr¨¢s

EL DISCURSO de apertura de la XXVII Conferencia Episcopal, pronunciado por su presidente, monse?or Enrique y Taranc¨®n, supone un paso atr¨¢s en el comportamiento de la Iglesia espa?ola en estos tiempos de tr¨¢nsito a la democracia.Bien es verdad que el presidente de la Conferencia Episcopal no defiende la tesis de la confesionalidad del Estado. Los tiempos del ?nacionalcatolicismo? ya est¨¢n lejos, y es sentimiento com¨²n de la comunidad cat¨®lica espa?ola que el Estado no debe ser confesional. Pero, con la habitual ambig¨¹edad del lenguaje eclesi¨¢stico, monse?or Taranc¨®n ha rechazado la eventualidad de una Constituci¨®n ?laica?, esto es, que establezca la separaci¨®n entre la Iglesia y el Estado: ?El arrumbamiento de la confesionalidad no puede identificarse con el separacionismo a ultranza?, han sido literalmente sus palabras.

El peso de la Iglesia cat¨®lica en la historia espa?ola ha sido constante y decisivo a lo largo de los siglos. Este peso ha sido absolutamente regresivo en ¨¦pocas recientes. La Iglesia ha cambiado, desde luego, pero, al parecer, no del todo. Su intervenci¨®n en las esferas de gobierno sigue existiendo, pues, como ?realidad social? que es -son palabras del discurso de monse?or Taranc¨®n-, y, sin duda, la m¨¢s importante del pa¨ªs, conserva parcelas de poder que no se miden solamente en el compromiso expl¨ªcito de algunos ministros -como los de Justicia y Educaci¨®n, los m¨¢s claros-, sino que se elevan a la categor¨ªa del primer grupo de presi¨®n del pa¨ªs.

Monse?or Taranc¨®n ha desgranado sus deseos: que la Constituci¨®n no establezca la separaci¨®n entre Iglesia y Estado, que se salvaguarde la familia, el matrimonio y la educaci¨®n. Bien es sabido que las presiones de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica contra una eventual legislaci¨®n del divorcio, o una l?pot¨¦tica supresi¨®n de las subvenciones estatales a sus centros de ense?anza, son constantes. Pues bien: es preciso decir que todos estos datos son, asimismo, constantes en todos los reg¨ªmenes pol¨ªticos democr¨¢ticos del mundo, tanto en pa¨ªses de mayor¨ªa cat¨®lica como de otro tipo. La separaci¨®n entre Iglesia y Estado es un hecho normalmente admitido en todas las democracias occidentales, tanto en pa¨ªses mayoritar¨ªamente cat¨®licos, como Francia, como no cat¨®licos, Alemania Federal, por ejemplo. Hasta en aquel m¨¢s sometido a la presi¨®n de la Iglesia, como es Italia, el nuevo proyecto de Concordato establece ya esta separaci¨®n.

El divorcio civil ya est¨¢ reconocido en todas partes. Hasta en Italia, donde tuvo que pasar la dura prueba de un refer¨¦ndum en el que la Iglesia italiana y el Vaticano echaron toda la carne en el asador. El divorcio civil concede este derecho a los ciudadanos sin distinci¨®n: obligaci¨®n moral de los cat¨®licos ser¨¢ respetar la doctrina de su religi¨®n, y no separarse: pero ello no puede ser impuesto en una Constituci¨®n pol¨ªtica, que no debe interferirse en el tema, ni la presi¨®n moral de la.jerarqu¨ªa puede llevar a, hacer dudar a muchos cat¨®licos de la necesidad de votar a favor de una ley civil del Divorcio.

Otros temas, como la contraconcepci¨®n, las subvenciones a la ense?anza privada, etc¨¦tera, han de jugar, igualmente, en el futuro proximo de nuestra pol¨ªtica. Y a este respecto conviene reconocer que la democracia y la doctrina cat¨®lica son perfectamente compatibles; por eso ser¨ªa deseable que la interferencl a de la Iglesia en los asuntos espec¨ªficamente pol¨ªticos no vuelva a oscurecer esta convicci¨®n y a resucitar los viejos fantasmas del pasado.