El Gobierno boliviano concede una amnist¨ªa sin restricciones
La ofensiva popular contra la dictadura militar en Bolivia ha conseguido una significativa victoria, al arrancarle, en la madrugada de ayer (hora espa?ola), un acuerdo de amnist¨ªa general y sin restricciones, negociado y suscrito por el ex presidente de la Rep¨²blica y presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Luis Adolfo Siles Salinas; el arzobispo de La Paz, monse?or Jorge. Manrique, y un funcionario del Ministerio del Interior.
El acuerdo contempla: 1.? La amnist¨ªa general para todos los bolivianos detenidos, exiliados residenciados (una especie de deportaci¨®n en el interior del pa¨ªs) y perseguidos por motivos pol¨ªticos o sindicales. 2.? La reintegraci¨®n de todos los mineros detenidos, bajo el control de una comisi¨®n tripartita compuesta por los sindicatos, las empresas y el Gobierno. 3.? Los trabajadores ser¨¢n reintegrados en las mismas funciones que ocupaban antes de ser despedidos y recuperar¨¢n su antig¨¹edad. 4.? El Gobierno ofrece garant¨ªas a todos los huelguistas de hambre y a los que les han apoyado y se compromete a liberar inmediatamente a los huelguistas detenidos.El acuerdo ha sido conseguido al culminar una jornada de intensas negociaciones y despu¨¦s de que el comit¨¦ de huelga rechaz¨® el ofrecimiento de una amnist¨ªa general con restricciones, hecho en la v¨ªspera por el presidente Banzer. La huelga de hambre, iniciada hace veintid¨®s d¨ªas por seis mujeres mineras, y a la que se sumaron un total de 1.300 personas en todo el pa¨ªs, se habla redoblado el mi¨¦rcoles. con la incorporaci¨®n de nuevos contingentes para sustituir a las doscientas personas violentamente desalojadas un d¨ªa antes.
La presi¨®n sobre el Gobierno aument¨® con los paros de solidaridad con los huelguistas, efectuados por los trabajadores de todas las minas del pa¨ªs, respuesta al llamamiento hecho por la clandestina Federaci¨®n Sindical de Traba adores Mineros de Bolivia y por los trabajadores fabriles de La Paz y Cochabamba, que al mismo tiempo desconocieron a las autoridades sindicales impuestas por el Gobierno.
Por su parte, la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica expres¨® su total apoyo a las reivindicaciones de los huelguistas y amenaz¨® al Gobierno con la excomuni¨®n de los autores materiales e intelectuales de los allanamientos que sufrieron tres centros donde se albergaban los huelguistas desalojados. Tambi¨¦n amenaz¨® con cerrar durante tres d¨ªas los centros de La Paz si el Gobierno no daba soluci¨®n inmediata a la dram¨¢tica situaci¨®n.
Mientras la ofensiva popular se dirige ahora hacia la satisfacci¨®n de las otras reivindicaciones de la huelga de hambre (el retiro de las tropas militares de las zonas mineras, la legalizaci¨®n de los sindicatos y la derogaci¨®n de la legislaci¨®n represiva), la dimisi¨®n del presidente Banzer parece haberse puesto a la orden del d¨ªa. En cuanto el ex presidente Bernal Siles Zuazo declaraba en Caracas que ?el general Banzer ha perdido autoridad moral para presidir unas elecciones aut¨¦nticamente democr¨¢ticas?, el ex presidente Ovando se pronunciaba en Madrid por el traspaso del poder a la Corte Suprema de Justicia.
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