El Gobierno rechaz¨® la acusaci¨®n de negligencia en el caso Els Joglars
La interpelaci¨®n planteada por el senador Jos¨¦ Vicente Mateo, del grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, sobre la filosof¨ªa gubernamental en materia de opini¨®n y expresi¨®n, dio ocasi¨®n a que en la sesi¨®n de ayer del Pleno del Senado surgiese un amplio, y a veces tenso, debate entre algunos grupos parlamentarios de la Oposici¨®n, por una parte, y el Gobierno representado por el ministro de Cultura, P¨ªo Cabanillas, de otra, en torno a los or¨ªgenes y al desarrollo del proceso seguido al grupo art¨ªstico catal¨¢n Els Joglars.
La interpelaci¨®n al Gobierno hac¨ªa expresa menci¨®n de diversos atentados contra la libertad de expresi¨®n, seg¨²n los calific¨® el senador interpelante, ocurridos en Espa?a en los ¨²ltimos meses pero, r¨¢pidamente deriv¨®, durante las sucesivas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, en un debate intensoLos representantes de los grupos Socialistas y de la Entesa dels Catalans, senadores Navarro y Soler, respectivamente, no dudaron en acusar al Gobierno de ser responsable del proceso seguido a Els Joglars y del posible deterioro que el mismo haya podido causar a la imagen p¨²blica de las Fuerzas Armadas por la demora gubernamental en llevar a la pr¨¢ctica lo que el pacto de la Moncloa establece en relaci¨®n a las reformas del C¨®digo de Justicia Militar.
El ministro de Cultura, P¨ªo Cabanillas, trat¨® de restar importancia al caso de Els Joglars, al que calific¨® de supuesto an¨®malo, que est¨¢ apunto de desaparecer, ya que el Gobierno presentar¨¢ antes de un mes a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de reforma del C¨®digo de Justicia Militar.
Jos¨¦ Vicente Mateo (Progresistas y Socialistas Independientes). En los ¨²ltimos meses, desde finales de 1977, han ocurrido incidentes relacionados con la libertad de expresi¨®n y de opini¨®n, que afectan a la imagen de Espa?a fuera de sus fronteras y que pueden afectar al proceso de su integraci¨®n en Europa.
Para no centrar mi interpelaci¨®n en la detenci¨®n y procesamiento de los miembros del grupo art¨ªstico catal¨¢n Els Joglars, quiero recordar otros que no dudo en calificar de lamentables: detenci¨®n y procesamiento de varios colaboradores de la revista Saida, detenci¨®n de dos actores del grupo La Charanga; procesamiento en Valencia de cinco militantes de la Joven Guardia Roja, acusados de sedici¨®n por repartir unos papeles cuyo contenido no pasaba, a mi parecer, del de una hoja dominical; procesamiento de un actor por una compa?¨ªa art¨ªstica vasca y, finalmente, expediente al fiscal de la audiencia territorial de Madrid, se?or Chamorro, por participar en una emisi¨®n del programa televisivo La clave.
No quiero tampoco dejar de referirme a las sucesivas condenas a la periodista Mayte Mancebo. La semana pasada se produc¨ªa el secuestro de la revista Intervi¨², como consecuencia de una informaci¨®n sobre pasadas actuaciones del actual presidente de la Junta de Galicia. El Gobierno debe decirnos cu¨¢les son los presupuestos y criterios que gu¨ªan actualmente su actuaci¨®n en materia de libertad de expresi¨®n.
P¨ªo Cabanillas (ministro de Cultura). El tema planteado es hondo y trascendente, y nada f¨¢cil. La materia de informaci¨®n no est¨¢ encuadrada en la actualidad exclusivamente en mi departamento. De entrada, quiero subrayar la coherencia legislativa del Gobierno en esta materia en relaci¨®n con lo que establecen los pactos internacionales y los pactos de la Moncloa.
En este momento, la normativa internacional sobre la libertad de expresi¨®n tiende a reconocer el derecho a crear, pero tambi¨¦n a salvaguardar la intimidad del hombre frente a la injuria y a la calumnia. En Espa?a, la legislaci¨®n actualmente vigente en materia de prensa es fundamentalmente la llamada ley Antilibelo de 1 de abril de 1977, que deroga pr¨¢cticamente a la ley de Prensa.
Los incidentes descritos por el senador interpelante no afectan a la potestad administrativa, sino a la judicial, en base al C¨®digo Penal. En estos momentos, la Administraci¨®n s¨®lo puede proceder al secuestro de una publicaci¨®n en tres supuestos concretos y en el caso de publicaciones obscenas y pornogr¨¢ficas. Sin embargo, es preciso recordar que esta facultad no ha sido, en ning¨²n momento, utilizada por la Administraci¨®n.
El siguiente paso legislativo en materia de libertad de expresi¨®n lo constituye el proyecto de ley de protecci¨®n jurisdicional de los Derechos Humanos, que ha sido ya remitido a las Cortes, que derogar¨¢ la parte todav¨ªa vigente de la ley de Prensa, as¨ª como la llamada ley Antilibelo del 1 de abril de 1977.
Por otra parte, en la Presidencia del Gobierno se est¨¢ redactando un texto de ayuda estatal a la prensa, en el que se plantea este tema en los ¨¢mbitos financiero y comercial.
En lo que se refiere al caso de Els Joglars, es un hecho cierto, pero hay que recordar que la legislaci¨®n que atribuye el car¨¢cter de delito al desacato al Ej¨¦rcito es vieja. En los pactos de la Moncloa no se prev¨¦ la desaparici¨®n del delito militar, aunque su enjuiciamiento no deber¨¢ tener lugar en el ¨¢mbito de la Jurisdicci¨®n castrense.
Joaqu¨ªn Navarro (socialista). En el campo de las libertades p¨²blicas es relativamente f¨¢cil hacer bellas exposiciones sobre la materia. Lo que es realmente dif¨ªcil es concretar. En el caso de Els Joglars, la Administraci¨®n ha sido culpable por omisi¨®n. Efectivamente, la reforma del C¨®digo de Justicia Militar no es una reforma m¨¢s. Es la m¨¢s importante de las de los pactos de la Moncloa.
Sol¨¦ Sabarits (Entesa dels Catalans). El caso de Els Joglars est¨¢ dando lugar, en estos momentos, a diversas interpelaciones en organismos europeos. El Gobierno ha actuado en este caso con torpeza, porque yo he sido testigo de los deseos que ha habido de resolver el tema. El proceso es un error del que hacernos responsable al Gobierno por no aplicar a tiempo los pactos de la Moncloa. Mientras se procede a la reforma del C¨®digo de Justicia Militar deber¨ªa procederse a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa de los miembros de Els Joglars.
P¨ªo Cabanillas (minisiro de Cultura). El caso Els Joglars constituye un supuesto an¨®malo, en el que una jurisdicci¨®n sigue siendo competente, aunque los pactos de la Moncloa prevean su derogaci¨®n. Pienso que no es lo m¨¢s importante de este tema. S¨®lo queda pendiente en la reforma del C¨®digo de Justicia Militar lo referente a la delimitaci¨®n de la competencia de la jurisdicci¨®n castrense a cierto tipo de delitos. Se ve f¨¢cilmente que la negligencia atribuida al Gobierno en el caso no es tal.
Petici¨®n a Cavero
Todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado, a excepci¨®n del de UCD, han firmado un escrito dirigido al ministro de Educaci¨®n y Ciencia, ??igo Cavero, en el que le solicitan que tome la iniciativa -no hay otra v¨ªa reglamentaria- de comparecer ante el Pleno del Senado que se celebra actualmente para exponer la pol¨ªtica de su Ministerio respecto a las reivindicaciones y a la situaci¨®n conflictiva del profesorado de Ense?anza General B¨¢sica. El escrito, aunque no firmado por UCD, tiene, sin embargo, el apoyo de dicho grupo parlamentario.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.