Contin¨²a la dura represi¨®n en Uruguay

Ayer se cumplieron cinco a?os del incruento golpe militar que suspendi¨® la democracia en Uruguay y sumi¨® a ese pa¨ªs en uno de los episodios represivos m¨¢s oscuros y feroces del continente latinoamericano. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente, Juan Mar¨ªa Bordaberry, obligado por los militares, prohibi¨® los partidos pol¨ªticos, disolvi¨® el Parlamento y cre¨® un Consejo de Estado como ¨®rgano superior de gobierno. Desde ese instante hasta nuestros d¨ªas, ?uno de cada tres uruguayos ha tenido que viajar al extranjero, uno de cada cincuenta ha pasado por las c¨¢rceles y uno de cada cien ha sido torturado?, seg¨²n el testimonio del periodista Claudio Trobo.Resulta curioso comprobar c¨®mo la situaci¨®n uruguaya aparece marginada en la gran discusi¨®n continental sobre los derechos humanos que ha auspiciado la Administraci¨®n del Presidente Carter.

Chile, Argentina y alg¨²n pa¨ªs centroamericano son las ?vedettes? de este tema, y Uruguay, donde las desapariciones, muertes y torturas son m¨¢s numerosas, proporcionalmente, que en aquellos pa¨ªses, apenas aparece citado espor¨¢dicamente en informes oficiales y period¨ªsticos.

Este ensombrecimiento, conseguido a base de una persistente campa?a autoaislacionista, ha permitido a los militares controlar la situaci¨®n sin apenas posibilidades de salida inmediata. Si en Chile o Argentina, por seguir citando ejemplos muy pr¨®ximos a Uruguay, las presiones internas y exteriores han forzado a los respectivos Gobiernos a relativos compromisos de retorno a la constitucionalidad, en Uruguay no existe nada de eso.

Los militares han prometido, s¨ª, elecciones en 1981, pero con tales condicionamientos previos que anulan su posible efectividad. Seg¨²n los planes del Gobierno para dichas elecciones, los dos partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado, deber¨¢n ponerse de acuerdo para presentar un candidato ¨²nico, y si no se llega a ese acuerdo no habr¨¢ elecciones, ?porque se demostrar¨¢ que los partidos siguen siendo incapaces de gobernar?, seg¨²n la opini¨®n de un alto jefe militar.

Sin embargo, y a pesar de la f¨¦rrea mordaza impuesta a cualquier tipo de contestaci¨®n o disidencia, algunos hechos recientes demuestran que no es un¨¢nime la postura de los militares uruguayos con respecto a la actual f¨®rmula de conducci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs.

Hace algunos meses se tuvo constancia de que un numeroso grupo de oficiales hab¨ªa sido detenido y torturado por expresar su disconformidad con el proceso uruguayo. Se sabe, igualmente, que otros muchos han sido pasados a la reserva.

Los analistas estiman que, dentro de las fuerzas armadas uruguayas, se libra una dura batalla entre los protagonistas de la feroz ¨¦poca represiva inaugurada en 1973, y los que, sin abandonar el poder, son partidarios de una paulatina apertura pol¨ªtica. La desaparici¨®n de la escena del Gobierno de los temidos generales Vadora y Cristi da pie a algunos observadores para pensar que, poco a poco, la influencia de los militares ?duros? va declinando.