UCD acept¨® la supresion del delito de terrorismo
El delito de terrorismo qued¨® excluido ayer por el Pleno del Senado de aquellos a los que ser¨¢n aplicables las disposiciones del proyecto de ley sobre medidas en relaci¨®n con los delitos cometidos por bandas armadas. Los grupos de oposici¨®n del Senado se manifestaron en contra de la inclusi¨®n de esite delito, por considerarlo incongruente con la propia voluntad del Gobierno de extirpar del C¨®digo Penal la alusi¨®n al terrorismo, evitando la politizaci¨®n de las, conductas tipificadas y limitando los tipos penales a actuaciones objetivables. UCD acept¨® esta supresi¨®n, si bien el texto aprobado alude al ?car¨¢cter terrorista? de las bandas armadas a las que pertenezcan quienes cometan los delitos objeto de la ley.
De los cuatro votos particulares f¨®rmulados al art¨ªculo primero del proyecto de ley, en el que la fuerza de los votos de UCD hab¨ªa introducido, en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Senado, el delito de terrorismo, el grupo gubernamental acept¨® la de los Progresistas y Socialistas Independientes (PSI), que a?ad¨ªa el delito de mutilaciones entre los objetos de la ley, y agregaba un calificativo a los grupos organizados y armados: el de que sean ?de car¨¢cter terrorista?.En cambio, fue rechazado el voto particular de los Senadores Vascos, que exceptuaba de la aplicaci¨®n de la ley ?los delitos culposos y conexos culposos? y ofrec¨ªa una definici¨®n del grupo organizado o armado como ?asociac¨ª¨®n de dos o m¨¢s personas concertadas para la realizaci¨®n de los expresados hechos delictivos con m¨®viles o procedimientos terroristas y los que, sin estar integrados en la organizaci¨®n, act¨²en por precio al servicio de la misma o requieran de ¨¦sta sus servicios con tal finalidad?.
Asimismo, el voto particular del Grupo Socialista, en el que, adem¨¢s de suprimirse la alusi¨®n al terrorismo, se ped¨ªa la supresi¨®n del p¨¢rrafo que considera aplicable la ley no s¨®lo a quienes cometan los delitos citados, sino tambi¨¦n ?a los pertenecientes a dichos grupos?, fue igualmente rechazado. UCD, que en principio pareci¨® inclinarse .a favor del voto particular de la Entesa dels Catalans -que se limitaba a solicitar la supresi¨®n del t¨¦rmino terrorismo-, termin¨® aceptando el del PSI, m¨¢s correcto t¨¦cnicamente y debido, seg¨²n inform¨® el portavoz del grupo, Manuel Villar, al penalista Enrique Gimbernat.
En defensa del texto del dictamen, el senador de UCID, Cecilio Valverde aludi¨® a la actitud favorable al proyecto de ley del Gobierno por parte de los socialistas en el Congreso, a pesar de las enmiendas de que le hicieron objeto despu¨¦s en el Senado. Mostr¨® su irritaci¨®n ante las cr¨ªticas que hab¨ªan suscitado en cierta prensa la introducci¨®n del t¨¦rmino terrorismo -aludi¨® concretamente a un editorial titulado El terrorismo y el Senado- y termin¨® reconociendo que su grupo hab¨ªa reflexionado y aceptaba la supresi¨®n de la palabra. Justific¨® la introducci¨®n en la legislaci¨®n vigente, que en breve plazo suprimir¨¢ de los textos penales la alusi¨®n al terrorismo.
De entre las intervenciones de los portavoces de los grupos contrarios a la tipificaci¨®n en la ley a debate del delito de terrorismo, destac¨® la del presidente de la Comisi¨®n de Justicia e Interior, el socialista Gregorio Peces-Barba del Br¨ªo, quien se?al¨® la conveniencia de que desaparezcan de la legislaci¨®n todos los tipos de delito sobre terrorismo, que deben quedar sujetos al car¨¢cter penal com¨²n. Defendi¨® sin ¨¦xito la supresi¨®n del p¨¢rrafo que permite la aplicaci¨®n de la ley a quienes pertenezcan a los grupos organizados o armados objeto del proyecto de ley.
Registros domiciliarios
Otro tema del proyecto de ley en el que los socialistas expresaron su oposici¨®n fue en su intento de que fuera suprimido el art¨ªculo tercero, en el que se establecen facilidades para el registro domiciliario sin previa autorizaci¨®n judicial. El texto aprobado establece el car¨¢cter flagrante de los delitos comprendidos en esta ley y la obligaci¨®n del ministro del Interior de coraunicar inmediatamente al juez competente el registro efectuado, las causas que lo motivaron y los resultados del mismo.
El senador socialista Joaqu¨ªn Navarro asegur¨® que el art¨ªculo significaba una vejaci¨®n para el juez, a quien no se le permite intervenir en los registros domiciliarios. Tambi¨¦n el senador vasco Juan Mar¨ªa Vidarte se opuso al art¨ªculo, que extiende desmesuradamente el concepto de flagrancia y suprime la seguridad jur¨ªdica.
La votaci¨®n de este art¨ªculo registr¨® ochenta votos en contra de los votos particulares socialista y vasco (UCD y los senadores de designaci¨®n real Luis S¨¢nchez Agesta, Juli¨¢n Mar¨ªas, almirante Gamboa, teniente general Salas Larraz¨¢bal y Jaime Carvajal, 62 a favor (socialistas, PSI, Entesa, Senadores Vascos y se?or Xirinacs) y seis abstenciones (correspondientes a senadores reales). El texto del dictamen de la comisi¨®n fue aprobado por 88 votos a favor (UCD y senadores de designaci¨®n real), 64 en contra (Socialistas, PSI, Entesa y Vascos) y una abstenci¨®n (senadora de designaci¨®n real Gloria Begu¨¦).
En la discusi¨®n del art¨ªculo cuarto, los socialistas, por boca de Francisco Garc¨ªa-Borbolla, y los vascos, a trav¨¦s de Juan Mar¨ªa Vidarte, se opusieron a que entre las personas para las que el Ministerio del Interior pueda ordenar la observaci¨®n postal, telegr¨¢fica y telef¨®nica, se incluya a las que se estime que racionalmente pueden estar relacionadas con los grupos armados.
Por ¨²ltimo, en relaci¨®n con el art¨ªculo quinto, que establece la competencia exclusiva de losjuzgados centrales de Instrucci¨®n y de la Audiencia Nacional en los delitos y conductas previstos en la ley a debate, el socialista Joaqu¨ªn Navarro volvi¨® a insistir en la conveniencia de hacer prevalecer la jurisdicci¨®n del juez natural, excepto cuando el delito de que se trate afecte al territorio de dos o m¨¢s audiencias provinciales. El voto particular socialista fue rechazado.
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