La autoridad del Parlamento y los deberes de sus miembros

Los NOSTALGICOS de la ?democracia org¨¢nica? y del burdo simulacro de C¨¢mara de Diputados que fueron las Cortes de procuradores no tienen m¨¢s v¨ªa para difuminar el mal recuerdo de aquel impresentable invento que la puramente negativa de denigrar el funcionamiento del actual Parlamento. Aunque s¨®lo fuera por esta raz¨®n, nuestros diputados y senadores tienen la grave responsabilidad de evitar que sus conductas, en tanto que representantes de la soberan¨ªa popular, ofrezcan motivos fundados para esas censuras. El sistema parlamentario recibe su fuerza y su autoridad del respaldo de la opini¨®n p¨²blica: y si quienes tienen encomendadas las m¨¢s altas funciones en la vida democr¨¢tica no est¨¢n a la altura de las expectativas populares y contribuyen, con sus acciones u omisiones, a su descr¨¦dito, de alguna forma se convertir¨ªan en c¨®mplices de los que no persiguen con sus cr¨ªticas otro prop¨®sito que acabar con las instituciones pluralistas.La utilizaci¨®n injustificada del suplicatorio para rehuir responsabilidades penales ordinarias ante los tribunales de justicia s¨®lo se ha dado en un solo caso, no por ello menos lamentable. Tampoco parecen haber sido frecuentes las situaciones en que alg¨²n parlamentario, reviviendo aquella amenaza tan habitual en los cuarenta de ?no sabe usted con qui¨¦n est¨¢ hablando?, haya tratado de utilizar su credencial de diputado o senador para actos de arrogancia o para exigir privilegios. M¨¢s grave es el creciente y frecuente absentismo en los Plenos del Congreso e incluso en las comisiones. Habr¨ªa que recordar a los se?ores diputados que su asistencia al hemiciclo es no s¨®lo un derecho. sino tambi¨¦n un deber, por el que perciben, con cargo a los impuestos de los contribuyentes, una remuneraci¨®n bastante superior al salario m¨ªnimo, y al que les obliga moralmente el voto de sus conciudadanos. El argumento de que muchos parlamentarios -demasiados- desempe?an, a la vez, cargos en la Administraci¨®n puede ser contestado con una sugerencia encaminada a reducir el ampl¨ªsimo espacio hoy existente para la corripatibilidad entre el desempe?o de la representaci¨®n popular y otras funciones p¨²blicas. Y en lo que a las actividades privadas se refiere, el criterio es obvio: quien vea dificultada su labor parlamentaria por sus negocios y ocupaciones puede optar por renunciar a ¨¦stos o por dimitir de su escafio.

Por lo dem¨¢s, el rigod¨®n organizado en el Grupo Mixto del Congreso despu¨¦s del regreso de vacaciones plantea dos cuestiones que dejan bastante malparado el respeto a la C¨¢mara. De una parte, es muy dudoso que diputados elegidos en una lista cerrada y bloqueada, encabezada por la sigla de un partido, tengan derecho cuando abandonan la disciplina de su organizaci¨®n a retener un esca?o que no ganaron por sus virtudes personales, sino por su encuadramiento partidario. La ley electoral prev¨¦ el sistema de sustituci¨®n del diputado dimitid¨® por el candidato que le siga en la lista. De otra, el desembarco de tres diputados de UCD en el Grupo Mixto, cuya composici¨®n ha quedado alterada despu¨¦s del verano a consecuencia de esas rupturas de disciplina y de la incorporaci¨®n al PSOE de tres representantes del extinguido PSP, tiene como ¨²nico prop¨®sito evitar que el se?or Lasu¨¦n se siente en la poderosa Junta de Portavoces. La maniobra es poco seria. ?Qu¨¦ ocurrir¨ªa, por lo dem¨¢s, si el PSOE enviara ahora varios diputados suyos en socorro del alg¨²n otro miembro del Grupo Mixto? Llevando las cosas al absurdo, los dos partidos dominantes en la C¨¢mara Baja podr¨ªan iniciar una absurda guerra de conquista hasta que las sucesivas y cada vez m¨¢s engrosadas patrullas de ocupaci¨®n terminaran por adelgazar al m¨ªnimo reglamentario a los dos grandes grupos parlamentarios. Ninguna de estas dos cosas a?ade un gramo de respetabilidad al Parlamento, y ambas, probablemente, merman su autoridad y su prestigio.