La discusi¨®n del Presupuesto

HACE UNOS d¨ªas ofrec¨ªamos en estas mismas p¨¢ginas una impresi¨®n de urgencia de los rasgos m¨¢s salientes que presentan contablemente los Presupuestos p¨²blicos para 1979. Hoy deseamos profundizar en algunos aspectos generales y muy importantes de los mismos de cara al Parlamento y de cara al pa¨ªs.Ante todo, hay que estar de acuerdo con el ministro de Hacienda en que los Presupuestos espa?oles son, en relaci¨®n con el producto interior bruto (PIB), probablemente los m¨¢s bajos de Europa. Por adoptar una medida convencional, el gasto p¨²blico espa?ol (incluidas las inversiones p¨²blicas) representaba exactamente en el ¨²ltimo a?o en que hay cifras comparadas disponibles (1976) un 26,2% del PIB, mientras que en ese mismo a?o pa¨ªses como Holanda, Francia, Italia, Gran Breta?a o Alemania Federal destinaban el 56,2; 43,7; 45,5; 46, y 44,4%, respectivamente, de sus PIB a este concepto. Tambi¨¦n es cierto que el d¨¦ficit del sector p¨²blico es incomparablemente menor que, por ejemplo, el italiano o el ingl¨¦s.

Pero no conviene olvidar tampoco algunos rasgos caracter¨ªsticos de la situaci¨®n espa?ola. As¨ª, el que desde 1970 a 1977 la participaci¨®n del gasto p¨²blico en el PIB se ha incrementado en nuestro pa¨ªs en ocho puntos; que ese mismo gasto p¨²blico no s¨®lo ha crecido m¨¢s r¨¢pidamente que el producto nacional, sino que el coste de los servicios mediante ¨¦l suministrados a la econom¨ªa ha aumentado por t¨¦rmino medio durante ese per¨ªodo un punto m¨¢s que los precios en el resto de la econom¨ªa. Por ¨²ltimo, que si en 1975 las transferencias corrientes de las Administraciones p¨²blicas supon¨ªan el 6,57% del PIB -o sea, once puntos menos que nuestras, importaciones de bienes y servicios en ese a?o-en 1978, s¨®lo tres a?os despu¨¦s ser¨¢n ya del orden del 11.8% -s¨®lo cinco puntos menos que el total de nuestras importaciones del resto del mundo-, del cual el 80% corresponde a prestaciones de la Seguridad Social. Esta dicho sea de paso, ha incrementado esas prestaciones desde los 130.000 millones de pesetas que supon¨ªan en 1970 a 686.000 millones en 1977 -quintuplic¨¢ndose las econ¨®micas y cuadruplic¨¢ndose las f¨¢rmac¨¦uticas-, financiadas, a su vez, por un incremento de las cotizaciones de 166.000 a 944.000 millones de pesetas.

En una palabra, nuestro sector p¨²blico est¨¢ pasando r¨¢pidamente de ser un sector residual, con escasa incidencia en la econom¨ªa nacional y con poca capacidad para influir en la evoluci¨®n de su coyuntura, a ser un sector cuyas decisiones afectan cada vez con mayor peso la marcha de nuestra econom¨ªa. Esta ampliaci¨®n se inscribe, con cierto retraso, en el mismo marco que las grandes sociedades europeas, en las cuales las decisiones del sector p¨²blico inciden en la pol¨ªtica de estabilizaci¨®n a corto plazo, as¨ª como en el crecimiento econ¨®mico a medio y largo plazo.

Todo ello confiere excepcional importancia a la pr¨®xima discusi¨®n de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Esa discusi¨®n deber¨ªa huir, en primer lugar, de la trampa que la propia elaboraci¨®n del Presupuesto lleva impl¨ªcita y que consiste en inducir a discutir si el crecimiento de tal o cual partida presupuestaria debe ser del 13 o del 17%. Se trata, por el contrario, de cuestionarla aceptabilidad del Presupuesto como un todo -dicho de otra forma, de poner en duda el principio aceptado de que el dinero del contribuyente se est¨¢ empleando de una manera m¨¢s razonable de la que lo emplear¨ªa el propio contribuyente si quedara en su bolsillo.

Una encuesta realizada en Espa?a ha mostrado una preocupaci¨®n de los contribuyentes por la forma en que se gasta su dinero por la Administraci¨®n. Cabe afirmar que no es buena la imagen que el contribuyente tiene de c¨®mo el Estado gasta los impuestos que se le pagan. En un encuesta efectuada en 1974 en Espa?a, el 63% de las familias consultadas opinaba que el gasto p¨²blico no compensaba el coste de los impuestos. Esta opini¨®n tiene un claro fundamento en los hechos y algunos ejemplos subrayar¨¢n lo que queremos decir.

Parece muy razonable dudar de la conveniencia social que justifica el mantenimiento de empresas o de sectores en crisis permanente y cuyos d¨¦ficit, a?o tras a?o, son financiados con dinero de todos los espa?oles. ?Qu¨¦ planes de reestructuraci¨®n se han llevado a cabo en esos sectores o empresas? ?Qu¨¦ comisiones legislativas han efectuado encuestas independientes sobre su actuaci¨®n pasada o sobre su futuro inmediato?

En otro orden de cosas, se ha hablado mucho estas ¨²ltimas semanas de la necesidad de que el sector p¨²blico, a trav¨¦s de su inversi¨®n, act¨²e como generador de empleo.

?l principio parece intachable, pero su aplicaci¨®n pr¨¢ctiea es menos clara.

Porque no basta ciertamente con afirmar que debe invertirse m¨¢s de parte del sector p¨²blico. Es preciso hacerlo y hacerlo con eficacia, y es aqu¨ª donde surgen algunas dudas de cara al papel decisivo que la inversi¨®n p ¨²blica debe jugar como elemento de defensa del empleo: ?qui¨¦n puede asegurar hoy que existen en el sector p¨²blico proyectos de inversi¨®n suficientes y bien estudiados susceptibles de ponerse en pr¨¢ctica en el plazo de unas semanas?

La respuesta no s¨®lo debe darse esgrimiendo los proyectos de inversi¨®n existentes, sino mostrando la capacidad de la Administraci¨®n para llevarlos a cabo. Los retrasos con los que la Administraci¨®n p¨²blica actual traduce sus proyectos de inversi¨®n en hechos acent¨²a la importancia de conocer las causas de las dilaciones que llevan hoy a que gran parte de los presupuestos de inversi¨®n del ?stado no hayan sido todav¨ªa gastados en minister¨ªos y por int¨¦rpretes pol¨ªticos que piden m¨¢s consignaciones presupuestarias para 1979. Si no han sido capaces de gastar los presupuestos de inversi¨®n de que disponen, ?c¨®mo es posible confiar en que gasten oportuna y eficazmente mayores cifras que demandan? Una reforma en los mecanismos del gasto p¨²blico de inversi¨®n constituye una gran necesidad sobre la que deber¨ªa volcarse la reflexi¨®n y las soluciones de las Cortes en la pr¨®xima discusi¨®n presupuestaria.

Queda como tercera interrogante la Seguridad Social. Pocos son los que a estas alturas dudan de que el nivel de gasto alcanzado en la actualidad por la Seguridad Social no es excesivo y que su sistema de financiaci¨®n funciona en la pr¨¢ctica como un factor causal de primera importancia en los costes de un puesto de trabajo, originando consecuencias negativas sobre el sistema global de formaci¨®n de precios y creaci¨®n de empleo. Ser¨ªa, pues, muy importante que los se?ores diputados no se limitasen a discutir sobre an¨¦cdotas e intentasen plantearse alternativas globales a la actual estructura de la Seguridad Social. ?No ser¨ªa conveniente, por ejemplo, estudiar las ventajas de dividir el gigantesco e ineficaz Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, atribuyendo a otros departamentos algunas de las competencias a ¨¦l conferidas en un in¨²til y artificiosio intento centralizador? ?Por qu¨¦ no pensar en el establecimiento de un sistema flexible de pensiones en el cual cada espa?ol trabajador pudiera elegir el tipo de pensi¨®n que desea recibir en su vejez y pagase de acuerdo con ¨¦l, siempre que se asegurase a todos un nivel m¨ªnimo digno?

Algunos ejemplos m¨¢s podr¨ªamos citar, pero todos se?alar¨ªan en la misma direcci¨®n: la de la importancia pol¨ªtica y la trascendencia econ¨®mica que deber¨ªan cobrar los debates parlamentarios sobre la ley de Presupuestos. Se est¨¢ ante una ocasi¨®n ejemplar para olvidar consideraciones partidistas y elevar el tono de las intervenciones a la categor¨ªa de un intento serio de definir, por bastantes a?os, los principios generales que han de cumplir en el futuro los Presupuestos p¨²blicos para contribuir al objetivo ¨²ltimo de fomentar una sociedad m¨¢s libre y m¨¢s justa.