La Diputaci¨®n Permanente del Congreso convalid¨® el decreto-ley antiterrorista

El decreto-ley sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana -m¨¢s conocido por antiterrorista- permanecer¨¢ vigente al menos durante la campa?a electoral. que se inicia hoy. La Diputaci¨®n Permanente del Congreso decidi¨® ayer convalidarlo por veinti¨²n votos favorables (UCD, AP y Grupo Mixto) frente a diecisiete de socialistas, comunistas, Minor¨ªa Catalana y PNV, que pidieron, sin ¨¦xito, su derogaci¨®n, por estimarlo anticonstitucional.Seguidamente la propuesta de tramitaci¨®n del citado decreto-ley como proyecto de ley -cuya consecuencia principal ser¨ªa la introducci¨®n de modificaciones en su texto- no pudo aceptarse ni rechazarse, ya que se produjo un empate que se intentar¨¢ resolver en la pr¨®xima sesi¨®n. La votaci¨®n se realiz¨® dos veces sucesivas, con id¨¦ntico resultado de empate a diecinueve votos. A. favor de la tramitaci¨®n como proyecto de ley votaron socialistas, comunistas, Alianza Popular y ambas minor¨ªas nacionalistas. En contra, se pronunciaron los miembros de UCD y los dos representantes del Grupo Mixto, a la saz¨®n Ra¨²l Morodo y Emilio Gast¨®n.

El ¨²ltimo de los tres decretos-ley estudiados ayer por la Diputaci¨®n Permanente fue el publicado el pasado d¨ªa 1 de febrero por el Bolet¨ªn Oficial del Estado, relativo a la protecci¨®n de la seguridad ciudadana. Los representantes de los grupos parlamentarios de la izquierda y nacionalistas atacaron duramente la citada disposici¨®n, tanto por la coyuntura electoral en que se produce, mientras permanecen las C¨¢maras disueltas, como por su contenido, contrario a la Constituci¨®n.

Cuesti¨®n previa socialista

El socialista Gregorio Peces-Barba abri¨® el fuego del debate con el planteamiento de una cuesti¨®n previa: ?era cierto que el decreto-ley, como dice su pre¨¢mbulo, fue acordado por el Consejo de Ministros en su reuni¨®n del 26 de enero? Ateni¨¦ndose a lo manifestado por el secretario de Estado para la Informaci¨®n, Luis Ortiz, en la rueda de prensa que sigui¨® al Consejo de Ministros del pasado d¨ªa 2, el se?or Peces-Barba puso en tela de juicio la legalidad del decreto-ley, cuya redacci¨®n definitiva no fue conocida por los miembros del Gobierno en la reuni¨®n del d¨ªa 26, sino que se encomend¨® a un equipo de funcionarios, sin que el texto definitivo volviera al Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, explic¨® que el Gobierno hab¨ªa estudiado el decreto-ley, del que ¨¦l mismo fue ponente, en tres reuniones sucesivas del Consejo de Ministros, y en la ¨²ltima, la celebrada el 26 de enero, se acord¨® dictarlo, si bien su redacci¨®n final sobre los puntos coincidentes se encarg¨® a una comisi¨®n mixta de los departamentos de Justicia e Interior. Ante las insistencias del se?or Peces-Barba, el se?or Lavilla dijo que el Consejo de Ministros no es un ?¨®rgano de redacci¨®n? de los decretos-ley, a lo que el diputado socialista replic¨® que, en todo caso, lo procedente es que la redacci¨®n final vuelva al Consejo de Ministros.

La Mesa de la Diputaci¨®n Permanente, por mayor¨ªa, desestim¨® la objeci¨®n socialista y se entr¨® en el estudio del decreto-ley. En primer lugar, Ra¨²l Morodo, en nombre del Grupo Mixto, ley¨® una intervenci¨®n, de tono profesoral, mediante la cual defendi¨® la legalidad y conveniencia de la citada disposici¨®n y propuso que fuera convalidada, as¨ª como que las nuevas Cortes la tramiten como proyecto de ley.

La izquierda, en contra

Los representantes comunista y socialista se opusieron al decreto-ley, por considerar que, ni se dan las circunstancias de ?extraordinaria y urgente necesidad? que exige el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n, ni deja de afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos contenidos en el t¨ªtulo I de la Constituci¨®n, que son intocables por decreto-ley. Criticaron tambi¨¦n la creaci¨®n de nuevos tipos de delitos y la indeterminaci¨®n e inseguridad jur¨ªdica que produce.

Junto a estos argumentos coincidentes de la izquierda, el comunista Jordi Sol¨¦ Tura recalc¨® la actitud de su partido y de la clase obrera en contra del terrorismo, y acus¨® a UCD de haber recibido presiones por su sector derechista para dictar un decreto-ley que, entre otras cosas, penaliza a los piquetes de informaci¨®n, consustanciales al derecho de huelga. Por su parte, Greaorio Peces-Barba (PSOE) expres¨® su preocupaci¨®n ante un hecho que no se produce aisladamente -cit¨®, por ejemplo, el decreto sobre la huelga-, aprovechando la situaci¨®n de disoluci¨®n de las C¨¢maras y la no existencia del Tribunal Constitucional. Acus¨® al decreto-ley de electoralista.

En favor del decreto-ley se pronunci¨® Emilio Attard (UCD), en una intervenci¨®n abigarrada, vac¨ªa de argumentos y que pretendi¨® ser conciliadora, si bien no content¨® a sus oponentes. M¨¢s tarde, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, defendi¨® con mayor contundencia el decreto-ley, que valor¨® como una respuesta a la necesaria defensa del Estado, al tiempo que rechaz¨® las acusaciones de electoralismo. Afirm¨® la constitucionahdad material y formal de la norma, por entender que no es lo mismo afectar a los derechos que tratar de los derechos. Se?al¨® que los piquetes de huelga no violentos no est¨¢n incursos en el decreto-ley, as¨ª como que la figura de la apolog¨ªa del terrorismo no afecta a la libertad de expresi¨®n. Estim¨® ?absolutamente necesario? el decreto-ley.

Manuel Fraga (AP) declar¨® que hab¨ªa razones a favor y en contra del decreto-ley. A favor, en cuanto son precisas medidas eficaces contra el terrorismo, como las que su grupo ha venido reclamando. En contra, por el momento electoral en que se produce. Como salida ofreci¨® la tramitaci¨®n del decreto-ley como proyecto de ley, a fin de mejorarlo. No acept¨® -frente a lo afirmado por Attard- que existan tachas ligeras de inconstitucionalidad. ?Es como aquella chica -dijo- que estaba embarazada, pero solamente un poquito. ?

Otras opiniones contrarias al decreto-ley fueron la de Marcos Vizcaya (PNV), que lo acus¨® de una situaci¨®n pr¨®xima al estado de excepci¨®n, conculcadora de los derechos ciudadanos y que puede hacer el ?caldo gordo? a los terroristas, y la de Mac¨ªa Alavedra (Minor¨ªa Catalana), quien manifest¨® su perplejidad ante el momento y el procedimiento adoptado.

Las votaciones cerraron la sesi¨®n, que concluy¨® al filo de las cuatro y media de la tarde.