?Qui¨¦n paga las deudas municipales?

LA REUNION celebrada anteayer en Valencia por veinte alcaldes que representan las necesidades de cerca de doce millones de espa?oles y las entrevistas mantenidas ayer por una delegaci¨®n m¨¢s restringida de ese colectivo con el presidente del Congreso y el presidente del Gobierno no pueden ser despachadas como una noticia m¨¢s de las muchas que dan cuenta de las exigencias de fondos p¨²blicos para satisfacer reivindicaciones de instituciones o grupos sociales. Se trata, nada m¨¢s y nada menos, que de una prueba para saber si ese modelo de sociedad que UCD propuso a los ciudadanos durante su campa?a electoral era un proyecto real y sinceramente defendido o un simple reclamo electoral.Aunque las referencias al pasado comienzan a sonar con excesiva frecuencia como eximente incondicional para borrar cualquier tipo de responsabilidad respecto a las incapacidades para afrontar los problemas del presente, es inevitable hacer la historia de las cuatro d¨¦cadas que nos preceden para entender la situaci¨®n de quiebra en que se encuentran los ayuntamientos, que, desde mediados de abril, han pasado a ser regidos por alcaldes y concejales designados por elecci¨®n popular. Bajo el franquismo exist¨ªa un continuo entre la Administraci¨®n central y la Administraci¨®n local, entre los diversos ¨®rganos del Gobierno y las entidades provinciales y municipales, que despojaba de cualquier significado que no fuera formal la asignaci¨®n de fondos a los presupuestos locales. El municipio no s¨®lo no serv¨ªa para expresar las necesidades de la base social y elevarlas hasta los centros de decisi¨®n gubernamentales, sino que desempe?aba la funci¨®n auxiliar y delegada de transmitir hacia abajo las ¨®rdenes dictadas desde el pin¨¢culo del poder. Los alcaldes designados eran, as¨ª, gobernadores civiles en miniatura dentro del ¨¢mbito municipal y simples delegados de la Administraci¨®n central ante los vecinos. No dejaba de ser l¨®gico que esa confusi¨®n de esferas y competencias se hiciera tambi¨¦n extensiva al campo presupuestario. Los monstruosos d¨¦ficit de los ayuntamientos, especialmente los de las grandes ciudades, eran simples asientos de orden dentro de un presupuesto tan unificado como el sistema autoritario al que financiaba.

El retraso en la convocatoria de elecciones municipales introdujo en el nuevo r¨¦gimen democr¨¢tico, m¨¢s all¨¢ del tiempo inexcusable para su reforma, ese disfuncional resto del pasado. Que el Estado se haga cargo de las deudas de los ayuntamientos franquistas es una simple exigencia de sentido com¨²n. Si la Administraci¨®n central quiso, durante el pasado, privar de autonom¨ªa financiera a la Administraci¨®n local, entre otras cosas porque ¨¦sta s¨®lo era un ap¨¦ndice obediente de sus decisiones, no seria honesto que los nuevos ayuntamientos democr¨¢ticos tuvieran que pagar la factura de tales des¨®rdenes.

Para el inmediato futuro, y una vez que el verdadero moroso pague sus deudas, queda la ardua tarea de poner en pie un r¨¦gimen hacend¨ªstico municipal capaz de sufragar, de manera autosuficiente, los gastos de los ayuntamientos democr¨¢ticos. En un comentario editorial publicado hace tres meses, se?al¨¢bamos la indigencia de la Administraci¨®n local para hacer frente a las necesidades municipales. Los gastos de las corporaciones locales espa?olas apenas llegan al 3% del producto interior bruto, aproximadamente la cuarta parte del porcentaje medio europeo. Mientras en las naciones vecinas esos gastos representan un 30% del gasto p¨²blico total (incluida la Seguridad Social), en nuestro pa¨ªs oscilan alrededor del 10%. Y, entre tanto, la oferta de servicios educacionales, sanitarios y asistenciales es tr¨¢gicamente insatisfactoria, las oportunidades para el descanso, la cultura y el deporte son deficientes, la vivienda es cara y escasa y el medio ambiente se deteriora: precisamente los campos donde los municipios est¨¢n llamados a desempe?ar un papel privilegiado y destacado como suministradores de bienes y servicios.

Es necesario, as¨ª pues, articular un sistema de haciendas locales que puedan hacer frente, no s¨®lo, a los actuales gastos, sino a la creciente demanda de equipamientos colectivos y de bienes culturales que nuestra sociedad exige y que s¨®lo los ayuntamientos, por su cercan¨ªa al ciudadano corriente, podr¨¢n suministrar con eficacia. El Estado est¨¢ obligado a pagar las deudas del pasado, que los actuales ayuntamientos s¨®lo pueden heredar a beneficio de inventario. Y deber¨¢, en el futuro, ceder el espacio fiscal suficiente, a fin de que los impuestos municipales tengan cabida sin agobio para los contribuyentes, y transferir a los ayuntamientos una serie de gastos que hoy canalizan los Ministerios de Obras P¨²blicas, de Sanidad y de Cultura.