Seis a?os de dictadura militar en Uruguay

Hoy se cumplen seis a?os del origen del desmantelamiento de la democracia uruguaya, con la disoluci¨®n del Parlamento el 27 de junio de 1973. Hasta 1968, Uruguay era la democracia m¨¢s estable del continente americano. Hoy es una dictadura militar de corte fascista, sin libertades democr¨¢ticas, ni derechos pol¨ªticos, sindicales o civiles, miles de presos pol¨ªticos -el mayor ¨ªndice mundial- y la represi¨®n como pr¨¢ctica pol¨ªtica casi ¨²nica por parte del poder. M¨¢s de 60.000 personas han sufrido torturas, seg¨²n reconoc¨ªa Amnesty Internacional recientemente, uno de cada cincuenta uruguayos ha sido detenido y uno de cada 450 est¨¢ preso. Una cifra superior al medio mill¨®n configura el n¨²mero de emigrantes desde que la dictadura se instal¨® en el poder.El panorama interior es desolador. La Administraci¨®n se halla militarizada. En un pa¨ªs peque?o, con 2.700.000 habitantes aproximadamente, que ha crecido a uno de los ritmos m¨¢s bajos del mundo desde 1973, hay m¨¢s de 100.000 personas empleadas en el Ej¨¦rcito, la polic¨ªa o las fuerzas de seguridad. Gran parte del presupuesto nacional -exiguo desde que el mercado mundial hiciera descender los precios de las materias primas, la carne, la lana y el cuero, base de exportaci¨®n y de la econom¨ªa uruguayas- se destina a menesteres militares o represivos y la tasa de inflaci¨®n se sit¨²a alrededor del 43%. De cada cien uruguayos, trece se hallan en paro, seg¨²n reconocen las autoridades, y el paro encubierto dobla con creces este ¨ªndice. Desde 1973, el salario real ha descendido en m¨¢s del 50% y la deuda exterior uruguaya pas¨® de 730 millones de d¨®lares en 1971 a 1.700 millones de d¨®lares en 1978.

En la c¨²spide del poder se hallan las fuerzas armadas, con profundas contradicciones y la prohibici¨®n de permanecer en el generalato m¨¢s de ocho a?os. Su actual comandante en jefe, Luis V. Queirolo, con varios a?os de generalato por delante, ha sucedido al tambi¨¦n general Gregorio Alvarez, autor de un proyecto de ?democratizaci¨®n?, con elecciones a realizar en 1981. El plan consiste en un plebiscito restringido, con un candidato ¨²nico, que ha de ser aceptado -si no propuesto- por las autoridades militares. El voto ser¨¢ obligatorio para todos los uruguayos.

En estas condiciones, con el r¨¦gimen cada vez m¨¢s aislado internacionalmente, con la actividad de los partidos tradicionales -Blanco y Colorado-, tambi¨¦n prohibida, aunque, por etapas, m¨¢s o menos tolerada, y con los partidos de izquierda absolutamente vetados, pero hoy en plena recomposici¨®n desde la clandestinidad. Como la actividad sindical, la actividad pol¨ªtica se ha desenvuelto paulatinamente en los ¨²ltimos meses. Todos los partidos pol¨ªticos y la Convenci¨®n Nacional de Trabajadores han suscrito una campa?a por la amnist¨ªa general irrestricta. Hoy, la oposici¨®n ratifica un programa com¨²n que exige adem¨¢s la vigenc¨ªa plena de los derechos humanos, la libertad de todos los presos pol¨ªticos, la reaparici¨®n de todos los desaparecidos, la anulaci¨®n de los decretos discrecionales que el poder emite arbitrariamente, el retorno de los exiliados y el restablecimiento de todos los derechos y libertades.