Campa?a para restablecer la pena de muerte con motivo del terrorismo

Apenas legalmente abolida en Espa?a la pena de muerte, tras la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n, ciertas fuerzas pol¨ªticas y ¨®rganos de opini¨®n han iniciado sin tapujos una creciente campa?a, so pretexto de la escalada terrorista, que tiene como objetivo el restablecimiento de la pena capital, y no han dudado en plantear ya la necesidad de una reforma del texto constitucional en este punto.

Esta campa?a est¨¢ siendo reforzada en los ¨²ltimos meses con la actitud comprensiva y benevolente que ante la misma adoptan privadamente personalidades del mundo pol¨ªtico y hasta jur¨ªdico, que no se atreven a sumarse p¨²blicamente a esta iniciativa. La percha o motivo aparente de esta campa?a son los atentados y cr¨ªmenes terroristas, sobre todo aqu¨¦llos que han afectado en los ¨²ltimos meses de una manera indiscriminada a la poblaci¨®n civil. En amplios sectores de ¨¦sta, en los que la escasa cultura es al menos igual a su buena fe, es evidente la rapidez con que se est¨¢ creando un estado de opini¨®n favorable al restablecimiento de la pena de muerte, fomentado en gran parte sotto voce por los seguidores ideol¨®gicos de los grupos pol¨ªticos o de los ¨®rganos de opini¨®n que promueven la campa?a restauradora. Todos los indicios apuntan a que esta campa?a no remitir¨¢ en los pr¨®ximos meses, sino que se mantendr¨¢ latente para aumentar en aquellos momentos en que, desgraciadamente, pudieran producirse nuevos cr¨ªmenes terroristas.Al margen de los argumentos te¨®ricos a favor o en contra de la pena de muerte, es evidente que ambas posiciones tienen una fuerte carga pol¨ªtica. Sin embargo, hay que reconocer que la posici¨®n abolicionista tiene m¨¢s y mejores argumentos estrictamente jur¨ªdicos que la favorable a la pena capital y est¨¢ apoyada por la pr¨¢ctica social ya comprobada de que la pena capital no frena al delincuente ante la comisi¨®n de nuevos delitos. De hecho, la postura favorable a la pena capital da de lado ol¨ªmpicamente en este asunto al Derecho y a las ciencias sociales y se alimenta exclusivamente de prejuicios, de inseguridad y de una asombrosa falta de informaci¨®n.

Los grupos pol¨ªticos y los ¨®rganos de opini¨®n que alimentan en Espa?a la campa?a para el restablecimiento de la pena de muerte, so pretexto de los cr¨ªmenes terroristas, para evitar, seg¨²n dicen, que ¨¦stos sigan produci¨¦ndose, no tienen en cuenta un hecho ya comprobado y que contradice el aparente objetivo de su campa?a: la pena capital tampoco es disuasoria para los cr¨ªmenes terroristas. Los psiquiatras que han estudiado los secuestros a¨¦reos recomiendan que la pena de muerte no se aplique en tales casos, ya que, ¨¦sta contribuye precisamente a que el crimen resulte m¨¢s espectacular y los delincuentes reciban una atenci¨®n mayor de la debida.

La pena de muerte, como la historia social demuestra, ni es disuasoria para los cr¨ªmenes terroristas ni para el delito en general, sino que m¨¢s bien constituye un obst¨¢culo para la erradicaci¨®n de este ¨²ltimo, cuyas causas sociales, econ¨®micas, psicol¨®gicas y familiares persisten evidentemente tras la aplicaci¨®n al delincuente de la pena capital y siguen indefectiblemente produciendo nuevos delincuentes. Las sociedades que utilizan la pena capital como valladar para el delito olvidan f¨¢cilmente poner en pr¨¢ctica las necesarias reformas que hagan desaparecer las situaciones que est¨¢n en el origen del delito. Este hecho ha sido puesto de relieve recientemente por Richard Reoch, jefe del servicio de Prensa y Comunicaciones de Amnesty International, en una conferencia pronunciada en Bury St. Edmunds (Inglaterra). El se?or Reoch cit¨® a este respecto el testimonio de Robert Mark, antiguo encargado de la Polic¨ªa Metropolitana, antela asociaci¨®n canadiense de jefes de polic¨ªa, con ocasi¨®n de un debate sobre la pena de muerte celebrado en Canad¨¢: ?Soy contrario a la pena de muerte, al igual que la mayor¨ªa. de mis m¨¢s antiguos y experimentados colegas, y simplemente porque su mantenimiento impide la puesta en marcha de las reformas necesarias para conseguir una verdadera efectividad de la justicia.?

En cuanto al pretendido efecto disuasorio de la pena capital, la comparaci¨®n de los ¨ªndices de criminalidad en diversos pa¨ªses que mantienen o han abolido la pena de muerte no indica precisamente que la amenaza de ejecuci¨®n haya sido efectiva para evitar cr¨ªmenes importantes. De acuerdo con la Interpol y sus estad¨ªsticas, la mayor¨ªa de los Estados que han abolido la pena capital tienen ¨ªndices m¨¢s bajos de asesinatos o de intentos de asesinatos (Interpol, International Crime Statistics, 1970). En 1964, por ejemplo, el ¨ªndice de asesinatos en pa¨ªses abolicionistas era del 2,7 por 100.000 habitantes; en los pa¨ªses no abolicionistas fue del 4,51. En 1970, en los pa¨ªses abolicionistas, el ¨ªndice aument¨® a 4,65, mientras que en los otros pa¨ªses se hab¨ªa elevado a 7,6 (Solicitor General, Government of Canada, ?Pena capital, preguntas y respuestas?, 1976). Estos datos confirman, por otra parte, los estudios realizados en torno al tema de la pena de muerte, que indican que los cambios que puedan realizarse en los ¨ªndices de criminalidad dependen de factores diferentes de que la pena de muerte est¨¦ en vigor o no. El miedo a la muerte por s¨ª mismo no parece que sea capaz de disuadir a personas que deseen cometer cr¨ªmenes punibles con la pena capital. Estudios realizados en Estados Unidos indican que, la mayor parte de los asesinatos se producen entre miembros de la misma familia, grupos de amigos o conocidos, y que la mayor¨ªa se producen al calor de la pasi¨®n. Al examinar estos hechos, puede deducirse f¨¢cilmente que jam¨¢s se para uno a pensar en las consecuencias de los actos violentos que se realicen, cuanto menos en sus implicaciones penales. Ya en el siglo pasado las ejecuciones p¨²blicas en Inglaterra fueron abolidas en gran parte ante la evidencia comprobada por una comisi¨®n real que indicaba que de 167 personas que hab¨ªan sido condenadas a muerte en una ciudad durante varios a?os, 164 hab¨ªan presenciado ejecuciones p¨²blicas. Los que ahora en Espa?a pretenden que se fusile o se agarrote de nuevo deben exponer sin subterfugios las razones de su posici¨®n y seguramente se ver¨¢ que nada tienen que ver con una pretendida lucha contra el terrorismo o el delito en general.