Diez a?os de violencia pol¨ªtica en Argentina

La encuesta que realiza la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci¨®n de Estados Americanos y que se prolongar¨¢ hasta el pr¨®ximo d¨ªa 20 de septiembre ha se?alado la existencia de una violencia pol¨ªtica que desde hace diez a?os ha producido miles de v¨ªctimas. Los problemas que est¨¢n siendo estudiados por la Comisi¨®n se enmarcan en un ¨¢mbito global de violencia cuyo origen fue el asesinato, el 30 de marzo de 1969, del secretario general de la entonces todopoderosa Uni¨®n Obrera Metal¨²rgica, cuyo l¨ªder, el sindicalista Augusto Timoteo Vandor, fue asesinado coincidentemente a su prop¨®sito de separar al movimiento sindical argentino de los caminos del peronismo. Su muerte se imput¨® a un grupo de j¨®venes montoneros, sin que en ning¨²n momento estas vinculaciones quedaran probadas.Un a?o m¨¢s tarde, el 29 de mayo de 1970, los Montoneros entraron en la lucha pol¨ªtica armada y secuestraron al ex presidente Eugenio Arambusu, uno de los principales responsables de la ca¨ªda de Juan Domingo Per¨®n. Aramburu ser¨ªa ejecutado despu¨¦s de un juicio popular. A partir de esta fecha los Montoneros multiplicaron los asesinatos de sindicalistas, dirigentes empresariales, polic¨ªas, militares o pol¨ªticos de derecha, considerados por ellos como traidores, explotadores, torturadores o agentes, del imperialismo.

Paralelamente, otro movimiento guerrillero, el Ej¨¦rcito Revolucionario del Pueblo (ERP), fruto de una escisi¨®n del Partido Revolucionario del Pueblo, de cariz trotskista inspirado, en tesis guevaristas, se lanzaba en una operaci¨®n de guerrilla contra objetivos militares.

Al final de 1972, poco antes del regreso del peronismo al poder, los dos principales grupos guerrilleros elaboraron una estrategia com¨²n -pese a conservar sus diferencias ideol¨®gicas- contra el Gobierno militar del general Alejandro Lanusse. Despu¨¦s del intermedio presidencial de H¨¦ctor C¨¢mpora, desde el 25 de mayo al 13 de julio de 1973, marcado por una ley de amnist¨ªa que disgust¨® a los militares, y los primeros meses del Gobierno de Juan Domingo Per¨®n, la tensi¨®n no dej¨® de crecer entre el viejo pol¨ªtico y la extrema izquierda de su movimiento, abandonado por los Montoneros en mayo de 1974. Dos meses despu¨¦s de la muerte de Juan Domingo Per¨®n, los Montoneros pasaron a la clandestinidad y a la guerrilla urbana, mientras que el ERP intentaba implantar en la provincia de Tucum¨¢n, a 1.415 kil¨®metros de Buenos Aires, un foco de guerrilla rural.

Frente a esta violencia pol¨ªtica de extrema izquierda aparece en 1974 una misteriosa Alianza Anticomunista Argentina, que pronto adquirir¨ªa una reputaci¨®n siniestra. Simult¨¢neamente, la proliferaci¨®n de grupos armados que circulaban ostensiblemente por Buenos Aires daba a la capital argentina un parecido sorprendente con el Chicago de los a?os de la prohibici¨®n. Por cien d¨®lares era posible contratar diariamente a tres guardaespaldas con armas autom¨¢ticas y veh¨ªculo.

La poblaci¨®n, incapaz de distinguir entre las diferentes fuerzas en liza, desconfiaba de todo y extremaba su prudencia al paso de veh¨ªculos de la brigada antibombas, que se convert¨ªa en una atracci¨®n suplementaria de las calles de Buenos Aires. Las muertes, que de 1969 a 1972 hab¨ªan sido 69, pasaron a 180 en 1974 y a 894 en 1975.

Este r¨¢pido aumento del n¨²mero de muertes se increment¨® todav¨ªa m¨¢s en 1976, tras la toma del poder por los militares, que acentuaron la lucha antiguerrillera, y alcanz¨® la cifra de 1.419 muertes. Pero mientras el n¨²mero de muertes decrec¨ªa en 1977 a 663 y a 42 en 1978, la cifra de desaparecidos no cesaba de crecer. Hoy, las asociaciones de derechos humanos poseen una lista de m¨¢s de 6.000 casos de desapariciones registradas, y estiman su n¨²mero real en m¨¢s de 10.000 personas. Despu¨¦s de haber justificado la existencia de grupos paralelos como los anticuerpos de una sociedad sana de cara a una agresi¨®n terrorista, el Gobierno,que niega la existencia de los desaparecidos, justifica la de muertes no registradas y eventuales excesos por el lado sucio de la guerra que ha debido emprender.

Sin embargo, para las asociaciones de derechos humanos se trata de la organizaci¨®n de un terrorismo de Estado en respuesta a la de los grupos de extrema izquierda. Ellos vinculan directamente al Gobierno militar como responsable de la mayor¨ªa de las desapariciones.