La abolici¨®n de la pena de muerte est¨¢ en peligro

Una gran inquietud pesa en nuestro esp¨ªritu. La raz¨®n de esta inquietud es la campa?a iniciada por ciertos sectores sociales sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Han existido siempre criterios individuales partidarios de la pena capital, sosteniendo la primitiva tesis de la ejemplaridad de la aplicaci¨®n de esta pena. Estos criterios, ayer como hoy, son criterios sin base moral ni jur¨ªdica, tanto en los tiempos caducos como hoy, en que es imposible negar las teor¨ªas del Derecho Penitenciario y los ¨ªndices que se?alan la ineficacia de su aplicaci¨®n. Pero en estos momentos es necesario denunciar esa campa?a porque a ella se est¨¢n adhiriendo personas de cierta autoridad pertenecientes al sector jur¨ªdico y pol¨ªtico; no son conocidos hasta hoy los nombres de esas personas, pero es de lamentar que engrosen esa campa?a que va contra disposiciones legales vigentes.?Qu¨¦ motivos impulsan esta campa?a lanzada por sectores de escasa formaci¨®n cultural? Posiblemente el m¨®vil ha sido esos atentados terroristas de los que han sido v¨ªctimas la poblaci¨®n civil; pero todos los argumentos que puedan presentar los defensores de la pena de muerte son falaces. Penalistas, estudios especializados, ¨ªndices estudiados por t¨¦cnicos en la ciencia penitenciaria, muestran con datos irrefutables que la pena capital no sirve de ejemplar intimidaci¨®n al delincuente o presunto delincuente.

Hemos dicho, y estimamos un deber repetirlo, que la pena de muerte, su aplicaci¨®n, es la confesi¨®n, por aquellos que sostienen su necesidad, de que la vida humana no tiene valor esencial y debe suprimirse en aras de intereses, intereses que son siempre de car¨¢cter extramoral. A estas consideraciones de car¨¢cter psicol¨®gico y moral debemos a?adir consideraciones de car¨¢cter pr¨¢ctico. Un estudio de Estad¨ªsticas Internacionales muv reciente muestra que los Estados que han abolido la pena de muerte presentan ¨ªndices m¨¢s bajos de asesinatos, se?al¨¢ndose que en estos pa¨ªses los asesinatos en 1976 fueron 2,7 por 100.000 habitantes, mientras que en los pa¨ªses no abolicionistas fue de 4,9 por 100.000 habitantes. Estos ¨ªndices no deben tomarse como inamovibles; aumentan o disminuyen seg¨²n las circunstancias sociales, como es comprobado, pero siempre la proporci¨®n entre los pa¨ªses abolicionistas y los no abolicionistas presenta una gran diferencia en favor de los primeros. En estos tiempos en los que nos acosan tantas perturbaciones, surge, es evidente, una cuesti¨®n grave, y es la epidemia criminal. Esta cuesti¨®n pide, pero confusamente, se llegue a la extirpaci¨®n de esos cr¨ªmenes. El deseo es justo. Pero esa lucha contra los autores de esos cr¨ªmenes no es, no lo ser¨¢ nunca, un procedimiento eficaz la aplicaci¨®n de la pena de muerte, porque, a nuestro juicio, estos estados de convulsi¨®n social son patol¨®gicos.

La defensa social es un impositivo, pero no puede lograrse por el terror, y s¨®lo puede alcanzarla un r¨¦gimen pol¨ªtico inspirado en el respeto a las libertades individuales, que constituyen la expresi¨®n de la voluntad de una mayor¨ªa. No se olvide que la pena de muerte ha sido abolida en nuestro pa¨ªs despu¨¦s de promulgada la Constituci¨®n.