Seis empresas han recibido casi 5.000 millones de ayuda gubernamental en forma de cr¨¦dito

A casi 5.000 millones de pesetas asciende la suma de los cr¨¦ditos especiales otorgados por el Gobierno a empresas en crisis durante el presente a?o a trav¨¦s del Instituto de Cr¨¦dito Oficial. Las operaciones han tenido como beneficiarios a seis empresas, la ¨²ltima de las cuales ha sido la metal¨²rgica catalana La Farga Casanova, a la que el Consejo de Ministros del pasado d¨ªa 19 concedi¨® 700 millones de pesetas. En todos los casos, el desembolso del cr¨¦dito est¨¢ condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos previamente con las partes, para la aplicaci¨®n de un plan de saneamiento y recuperaci¨®n de la sociedad.

La concesi¨®n de cr¨¦ditos especiales a empresas en crisis est¨¢ prevista en la ley del Cr¨¦dito Oficial. Cada operaci¨®n tiene que autorizarla el Consejo de Ministros, y debe publicarse la orden ministerial correspondiente en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. El otorgamiento del cr¨¦dito incluye tambi¨¦n el compromiso, por parte del Tesoro, de sufragar las p¨¦rdidas que pudiera generar la operaci¨®n a las instituciones del cr¨¦dito oficial encargadas de la materializaci¨®n del pr¨¦stamo. Para las operaciones otorgadas este a?o, el Gobierno ha exigido a las partes (accionistas, financieros, acreedores y trabajadores) la suscripci¨®n de un compromiso que supone la aplicaci¨®n de un plan de salvaci¨®n de la sociedad. La filosof¨ªa de esta nueva modalidad de apoyo estatal a las empresas en crisis se fundamenta en el principio de repartir el esfuerzo y evitar que la salvaci¨®n de las empresas en dificultades culmine inevitablemente en una socializaci¨®n de sus p¨¦rdidas, a trav¨¦s de la habitual entrada en el Instituto Nacional de Industria (INI). Sin embargo, de las seis operaciones autorizadas en lo que va de a?o, dos han supuesto un ingreso paralelo, m¨¢s o menos encubierto, de la empresa en el holding estatal.Desde principios del presente a?o, seis empresas han recibido apoyo crediticio estatal para evitar el hundimiento de su actividad. La primera operaci¨®n fue la efectuada en torno a la empresa vasca de bienes de equipo y siderurgia Babcock Wilcox, a la que se otorgaron 2.200 millones de pesetas de cr¨¦dito, tras una laboriosa negociaci¨®n con las partes, culminada con la firma de un acuerdo de salvaci¨®n, que, de hecho, supuso la entrada de la sociedad en la ¨®rbita del INI, a trav¨¦s de diversas participaciones suscritas por empresas del grupo (Maquinista, Hispanoil y Equipos Nucleares).

Posteriormente, el Gobierno orden¨® concesiones de cr¨¦ditos a la sociedad textil Hytasa (300 millones), a Ceventor (150 millones), Echevarr¨ªa (1.250 millones) y Soler Amirall (200 millones). En el caso de esta ¨²ltima empresa, se ha dispuesto tambi¨¦n su paso al INI, a partir de una inmediata fusi¨®n con SKF sobre la que se viene negociando desde hace varias semanas. La integraci¨®n de Soler Amirall en SKF choca, al parecer, con la oposici¨®n del accionista extranjero de la sociedad, que ha amenazado con desprenderse de su participaci¨®n en caso de que se consume la incorporaci¨®n.

Setecientos millones a La Farga

La ¨²ltima operaci¨®n autorizada por el Gobierno es la que concede un cr¨¦dito de 700 millones de pesetas a la empresa catalana del sector metal¨²rgico La Farga Casanova, dedicada esencialmente a la forja y estampaci¨®n de metales. La concesi¨®n del cr¨¦dito y las condiciones pactadas con las partes previamente fueron publicadas el pasado viernes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Las condiciones de plazo e inter¨¦s de la operaci¨®n no se especifican, sin embargo, en la correspondiente orden ministerial.En virtud del compromiso suscrito, los accionistas de la sociedad proceder¨¢n a reducir el actual capital (750 millones de pesetas), al 50%, ampli¨¢ndolo. Posteriormente en otros 750 millones. El accionariado de La Farga est¨¢ dividido entre Astilleros Espa?oles (INI), con el 20%; Banco Industrial de Catalu?a (Banca Catalana), 20%; Caja de Ahorros de Gerona, 20%; y el restante 40% en manos de diversas familias catalanas (Casanovas, Torras y otras). Los accionistas se han comprometido tambi¨¦n a otorgar nuevos cr¨¦ditos por importe de 300 millones de pesetas, y reforzar las actuales l¨ªneas de descuento de papel comercial en 260 millones.

Por parte de los acreedores, se ha establecido una quita (renuncia al cobro), del 30% de los cr¨¦ditos otorgados y amortizaci¨®n de los vencimientos restantes en los pr¨®ximos cuatro a?os, sin devengos suplementarios de inter¨¦s. Asimismo, las entidades financieras con cr¨¦ditos ya otorgados se comprometen a refinanciarlos a un plazo de once a?os, con ocho de carencia y reducci¨®n de los tipos de inter¨¦s al 7%. Tambi¨¦n se establece el aplazamiento de los pagos de las cuotasde la Seguridad Social y de las deudas impositivas al Ministerio de Hacienda.

La parte laboral ha adquirido el compromiso de limitar sus incrementos salariales al 4%, para 1980, y a mantener un criterio de moderaci¨®n en 1981. Asimismo, se comprometen a establecer un plan de mejora en la productividad, disminuir el absentismo y adecuar el nivel de empleo a las necesidades reales de producci¨®n. Tambi¨¦n se ha aceptado la movilidad de plantillas.

Aunque no se conocen las p¨¦rdidas estimadas para el presente a?o, la facturaci¨®n prevista alcanza los 3.500 millones de pesetas. En los dos ¨²ltimos a?os, La Farga perdi¨® en torno a los 200 millones de pesetas.

En los pr¨®ximos cinco a?os, La Farga se ha comprometido a acometer un plan de reestructuraci¨®n interna de la empresa, con una inversi¨®n proyectada de 2.500 millones de pesetas,

Este tratamiento favorable de cr¨¦ditos oficiales especiales no se aplica a cualquier empresa, sino que se tienen en cuenta las caracter¨ªsticas del ajuste a que est¨¢n dispuestos accionistas, trabajadores financieros y acreedores. En el caso de Aceros de Llodio, por ejemplo, la propuesta de plan de saneamiento formulada hace unos d¨ªas por la direcci¨®n y los trabajadores, no ha sido considerada suficiente por el Gobierno, que ha rechazado, por ahora, conceder la ayuda de 700 millones de pesetas