La otra crisis del Estado

EL INGRESO en la Administraci¨®n p¨²blica a trav¨¦s de unas oposiciones o por la puerta falsa, ha sido uno de los objetivos tradicionalmente m¨¢s codiciados por las clases medias espa?olas. La propiedad vitalicia de un puesto de trabajo, la seguridad en el empleo, el lento pero firme ascenso en el escalaf¨®n, los ritmos de trabajo menos exigentes que en la empresa privada y los privilegios, grandes o peque?os, de la titularidad de funciones p¨²blicas constituyen la trama de ese modesto sue?o que alimenta a nuestra burocracia, notablemente engordada en los ¨²ltimos a?os, pese a la crisis, por la repesca de los funcionarios sindicales y del Movimiento del antiguo r¨¦gimen. El enmadramiento en el Estado no s¨®lo protege de los expedientes de crisis, despidos y cancelaciones de contrato del sector privado -por algo los funcionarios quedar¨¢n excluidos del Estatuto de los Trabajadores-, sino que tambi¨¦n suaviza los molestos controles de productividad, cumplimiento de horario y disciplina de las f¨¢bricas y empresas de servicios. Confiere, adem¨¢s, poderes sobre el resto de los ciudadanos, no despreciables cuando se ejercen a trav¨¦s de una ventanilla o estampando sellos de caucho y considerables en los casos en que es la libertad o la integridad f¨ªsica de las personas las que se hallan en juego. Finalmente, la funci¨®n p¨²blica en algunos sectores garantiza incluso ingresos mayores que en el sector privado, sobre todo si se toma en cuenta el trabajo realizado.Las campa?as de la ultraderecha y de esa derecha conservadora cada vez m¨¢s pr¨®xima al extremo del espectro insisten ¨²ltimamente en la ?crisis de autoridad? de la situaci¨®n pol¨ªtica espa?ola. Sus denuncias de las violencias terroristas y del deterioro del orden p¨²blico, en s¨ª mismas justificadas, resultar¨ªan m¨¢s convincentes y ¨²tiles si aportaran, a la vez, un diagn¨®stico racional de sus causas y unas propuestas no apocal¨ªpticas de soluci¨®n. Pero, parad¨®jicamente, las frecuentes jerem¨ªadas sobre, la ?crisis de autoridad? rara vez toman como motivo para sus lamentos otro aspectos alarmante de ese fen¨®meno: el alzamiento de algunos cuerpos de funcionarios contra el Parlamento y contra el Gobierno, que en ¨²ltima instancia representan, con los defectos y torpezas inherentes a cualquier actuaci¨®n humana, a los ciudadanos que los han elegido mediante sufragio universal y que, por medio de sus impuestos, sufragan las elevadas partidas presupuestarias necesarias para pagar a los funcionarios p¨²blicos.

El pasado lunes concluy¨® la prolongada huelga de auxiliares de la Administraci¨®n de justicia -hay que decir que en las motivaciones econ¨®micas esta huelga siempre result¨® razonable, pero s¨®lo en ese aspecto-. Se anuncia para este mismo mes otra huelga de funcionarios de la Administraci¨®n local. Excluidos de la normativa laboral ordinaria y pendiente a¨²n el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica, estos paros se mueven en un impreciso limbo instalado entre la legalidad y la ilegalidad. Sin embargo, parece l¨®gico aventurar que las responsabilidades comunitarias de la funci¨®n p¨²blica y sobre todo las privilegiadas condiciones de seguridad en el empleo y r¨¦gimen laboral de sus titulares exigen criterios m¨¢s restrictivos para declarar legal una huelga y hacen imposible su car¨¢cter indefinido. Las empresas castigadas por un paro ininterrumpido que les lleva a la bancarrota recurren al lock-out o terminan por cerrar sus puertas para siempre. El Estado s¨®lo en circunstancias revolucionarias entra en quiebra; como patr¨®n, por tanto, deber¨ªa disponer de algo m¨¢s que de toneladas de resignaci¨®n para defender el bien com¨²n. No deja de ser irritante para los ciudadanos que trabajan en el sector privado, y posiblemente tambi¨¦n para las centrales sindicales, a quienes se exhorta moderaci¨®n y responsabilidad ante la crisis, ese espect¨¢culo asombroso de las huelgas sin riesgo de funcionarios p¨²blicos que adem¨¢s son propietarios vitalicios de su empleo.

Pero no siempre se trata de dinero. El encierro de los funcionarios del cuerpo de prisiones en Herrera de la Mancha, ayer concluido sin que conozcamos los acuerdos establecidos con el Ministerio de Justicia, ha sido un pelda?o m¨¢s en la preocupante escalada del asedio al Estado desde dentro. Los funcionarios encargados de impedir sediciones y revueltas organizan la suya propia como incongruente respuesta a las denuncias por supuestos malos tratos a los presos formuladas por un grupo de abogados. Los funcionarios que cuidan de reclusos que s¨®lo pueden ser privados de la libertad por resoluci¨®n judicial buscan ahora el atajo de una investigaci¨®n administrativa que haga superflua la actuaci¨®n de los tribunales exigida por los denunciantes.

Y aunque sea desde otra instalaci¨®n pol¨ªtica e ideol¨®gica, tambi¨¦n los funcionarios del Tribunal de Cuentas han decidido proclamarse independientes y paralizar su trabajo en nombre de los intereses colectivos. Agradecemos su desvelo por la falta de garant¨ªas de las actuales instituciones para el control y fiscalizaci¨®n del dinero de los contribuyentes, pero su propia huelga no es sino una manifestaci¨®n de ese despilfarro del gasto p¨²blico que tratan de evitar con su denuncia. No era un dato confidencial, sino un secreto a voces, que el Tribunal de Cuentas, tal y como ahora existe, es un trasto viejo incapaz de ejercer sus competencias. Si la huelga de sus funcionarios hubiera, sido declarada bajo el anterior r¨¦gimen, tal vez se hubiera podido elogiar el valor c¨ªvico y la audacia de sus promotores. Ahora, cuando el art¨ªculo 136 de la Constituci¨®n conf¨ªa a una futura ley org¨¢nica la composici¨®n, organizaci¨®n y funciones del Tribunal de Cuentas, que ?depender¨¢ directamente de las Cortes Generales y ejercer¨¢ sus funciones por delegaci¨®n de ellas en el examen y comprobaci¨®n de la Cuenta General del Estado?, ese gesto es cuando menos impaciente. Y a estas crisis. s¨ª que es preciso poner coto desde ya en defensa de la supervivencia del propio Estado.