La Diputaci¨®n, decidida a mejorar la temporada de Las Ventas

La comisi¨®n de gobierno de la Diputaci¨®n Provincial de Madrid, en su reuni¨®n celebrada ayer, estudi¨® ,las acciones a seguir como consecuencia de haberse rebasado el plazo que, en su d¨ªa, fue comunicado a Diodoro Canorea, empresario de la plaza de Las Ventas, para que presentara aval bancario por el importe total del canon de arrendamiento, que asciende a unos 162 millones de pesetas. La comisi¨®n apreci¨® una parte de las alegaciones de Canora respecto a tal plazo, pero tambi¨¦n una serie de matices que podr¨ªan producir la introducci¨®n de una serie de modificaciones en el contrato de arrendamiento. Finalmente, se le comunicar¨¢ a Canorea que tiene ahora de plazo hasta el 15 de enero de 1980 para la presentaci¨®n del aval.La comisi¨®n de gobierno facult¨® al grupo de trabajo o comisi¨®n taurina que forman el vicepresidente de la Diputaci¨®n, Luis Larroque, el diputado Eduardo Gonz¨¢lez Velayos y el letrado Jos¨¦ Beato, para que estudien dichas modificaciones, y el se?or Larroque ser¨¢ quien, dentro de esta semana negociar¨¢ con Diodoro Canorea.

Entiende el empresario, quien ha presentado al respecto un informe de dos abogados del Estado, que tiene de plazo para presentar el aval hasta primero de marzo, que es la fecha en que se cumple una anualidad del contrato, pero es obvio que la Diputaci¨®n no puede aceptarlo, pues, si hubiera de ir entonces a la rescisi¨®n del contrato, no habr¨ªa tiempo de convocar concurso para la adjudicaci¨®n de la plaza, y ni siquiera para que la Corporaci¨®n se hiciera cargo de la explotaci¨®n directa de la misma.

Es un hecho cierto que ni el pliego de condiciones -una aut¨¦ntica desdicha, jur¨ªdica y taurinamente hablando- ni la escritura p¨²blica de arrendamiento concretan la fecha en que ha de presentarse el aval, por lo que ambos documentos admiten diversas interpretaciones.

Los objetivos primordiales de la Diputaci¨®n son garantizarse el cobro del canon correspondiente a 1980 -de ah¨ª la exigencia del aval e introducir factores cuantitativos y cualitativos en el contrato para asegurar que la pr¨®xima temporada madrile?a y sucesivas, tengan un contenido sustancial muy superior a la de 1979. Como, seg¨²n manifestaba a EL PAIS Luis Larroque, la Corporaci¨®n no arrienda Las Ventas como si se tratara de un negocio, sino como un servicio p¨²blico mediante el cual puede fomentar un espect¨¢culo popular, su pol¨ªtica, en este aspecto, ser¨¢ pro mocionar la fiesta, y no tiene in conveniente en detraer del canon las cantidades precisas para subvencionar corridas o novilladas extraordinarias de los jueves y hacer una campa?a de difusi¨®n.

En realidad, seg¨²n hemos podido saber por alguno de los miembros de la comisi¨®n taurina, el ideal ser¨ªa ir a un nuevo pliego de condiciones, el cual tender¨ªa a no ser gravoso para el adjudicatario, que dar¨ªan plasmadas estas mejoras y definidas jur¨ªdicamente las obligaciones de ambas partes. Ser¨ªa sacada a concurso (no subasta) la plaza, que podr¨ªa incluso ser adjudicada de nuevo al propio Canorea, pues la Diputaci¨®n comprende que ¨¦ste ha tenido que resolver la temporada 1979 en unas condiciones de gesti¨®n poco favorables, y esto ser¨ªa tenido en cuenta a la hora de estudiar las ofertas.

A la pregunta formulada por EL PAIS acerca de qu¨¦ ocurrir¨¢ si el 15 de enero Canorea no ha presentado aval bancario, Luis Larroque responde que, inexorablemente, se ir¨¢ a la rescisi¨®n del contrato. Y a?ade: ?Sin aval, corremos un riesgo econ¨®mico y, por otra parte, es imposible que estiremos por m¨¢s d¨ªas el plazo, pues hemos de tener tiempo de convocar y resolver el nuevo concurso antes de que empiece la temporada (marzo), y d¨¢rselo, a su vez, al adjudicatario, sea Canorea u otro empresario, para que pueda planificarla sin excesivos agobios.?