El mal consenso

HAY ALGO todav¨ªa peor que las famosas mayor¨ªas mec¨¢nicas, o, en lenguaje menos impreciso, las mayor¨ªas con m¨ªnimo margen, mediante las que UCD, con la ayuda de los votos de Coalici¨®n Democr¨¢tica o de las minor¨ªas nacionalistas, vasca, catalana o andaluza, logr¨® la investidura o la aprobaci¨®n de determinadas leyes en contra de la voluntad del resto del Congreso. Al fin y al cabo, la ?superioridad aritm¨¦tica? es un procedimiento de legislar y gobernar que a nadie enga?a y que no se presta a confusiones o equ¨ªvocos. Y ese sistema peor es el mal consenso, que se produce cuando los acuerdos del Gobierno con el principal grupo parlamentario de la oposici¨®n sacrifican posiciones de principio e inmolan a hombres tambi¨¦n de principios en aras de la componenda y del prorrateo de influencias.As¨ª ha ocurrido, parcialmente, con el pacto entre UCD y PSOE para designar a diez magistrados -dos por el Gobierno, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado- del Tribunal Constitucional. Y decimos parcialmente porque ese mal consenso se refleja no tanto de manera positiva en el nombramiento de los vocales del alto Tribunal, como, de forma negativa, en la marginaci¨®n de otros grupos para formarlo, en el olvido de las voces que deber¨ªan haber representado a significativos sectores minoritarios en su seno y en la defenestraci¨®n de candidatos cuya independencia era contemplada con recelo por las dos principales fuerzas pol¨ªticas del pa¨ªs.

Porque el elogio de algunos, o de casi todos, los magistrados elegidos para el Tribunal Constitucional no puede hacer olvidar ni las discriminaciones ni las ausencias en la formaci¨®n de ese elevado ¨®rgano. Es cierto que Manuel Garc¨ªa Pelayo, oficial en el ej¨¦rcito republicano durante la guerra civil y emigrado forzoso a Puerto Rico y a Venezuela a comienzos de la d¨¦cada de los cincuenta, ante la imposibilidad de acceder a la vida universitaria, fue el silenciado maestro de buena parte de los profesores espa?oles de derecho constitucional de la posguerra, y que Francisco Rubio Llorente, letrado de las Cortes y profesor universitario, es un cualificado experto en jurisprudencia constitucional. La hacendista y economista Gloria Begu¨¦, el administrativista y procesalista Arozamena, el historiador del Derecho Tom¨¢s y Valiente, el civilista D¨ªez P¨ªcazo, el internacionalista Diez de Velasco, el administrativista G¨®mez Ferrer y el catedr¨¢tico de derecho romano y veterano opositor al franquismo Angel Latorre son, igualmente, juristas de reconocida competencia en sus respectivos campos y personas de probada honestidad. Nadie duda tampoco de que Aurelio Men¨¦ndez sea un reputado especialista en derecho mercantil y un hombre de buena ejecutoria como catedr¨¢tico de esa asignatura, pero nadie puede olvidar, a la vez, que ha sido ministro de Educaci¨®n con el presidente Su¨¢rez y que su inclusi¨®n en la relaci¨®n de los diez hombres justos lleva la guinda a?adida de que es el presidente in pectore del Tribunal Constitucional. Que un ex ministro vinculado, pol¨ªticamente a UCD y al Gobierno. y un profesor especializado en materias tan remotamente relacionadas con el control de la legalidad constitucional como el derecho mercantil sea el voceado presidente del alto Tribunal es, evidentemente, el fruto de un mal consenso.

Y ese acuerdo huele tanto m¨¢s a chamusquina cuanto que la candidatura de Aurelio Men¨¦ndez, el interlocutor telef¨®nico ideal para el se?or Su¨¢rez, fue improvisada, aprisa y corriendo, para encontrar una alternativa al gran vetado de la lista consensuada: Antonio Hern¨¢ndez Gil, prestigioso civilista, presidente de las Cortes durante la etapa constituyente y culpable de los nefandos pecados de haberse tomado su cargo demasiado en serio y de haberse negado a servir de correa de transmisi¨®n de la voluntad del presidente del Gobierno o de los portavoces de UCD en el Congreso y el Senado. En estos asuntos, tan responsable es quien impone su capricho como quien acepta la arbitrariedad; e incluso cabr¨ªa decir que la cesi¨®n de los socialistas es m¨¢s criticable moralmente de lo que resulta pol¨ªticamente censurable la prueba de fuerza de los centristas.

La abstenci¨®n de los diputados comunistas en el Congreso puso de relieve su protesta por haber sido excluidos, no ya de la negociaci¨®n de la lista, sino incluso de la cortes¨ªa de la comunicaci¨®n por un medio que no fuera la prensa. No terminan de adivinarse las razones por las que UCD y PSOE se esfuerzan en cimentar sus acuerdos, desde luego respetables, en la humillaci¨®n y mortificaci¨®n del Grupo parlamentario Comunista, cuya contribuci¨®n al consenso durante la anterior legislatura le har¨ªa acreedor de un mejor trato, sobre todo en las cuestiones que se refieren al desarrollo de una Constituci¨®n de la que fueron activos participantes. Pero todav¨ªa m¨¢s grave es que no se haya dado entrada dentro del Tribunal Constitucional a una sola voz que pueda defender, aunque en m¨ªnima minor¨ªa, las interpretaciones y posiciones de los nacionalistas vascos y catalanes. Nadie puede dudar de que las competencias de las instituciones de autogobierno y la correcta lectura de los estatutos de autonom¨ªa van a ser el origen de los m¨¢s delicados conflictos que el Tribunal Constitucional tenga que dilucidar en el futuro. ?Tan dif¨ªcil hubiera sido encontrar una personalidad con prestigio y capacidad suficientes para representar, dentro de ese alto cuerpo, a las comunidades aut¨®nomas y explicar sus puntos de vista y sus razones?