El debate de la ense?anza

EL COMIENZO del debate en la Comisi¨®n del Congreso sobre el Estatuto de Centros Docentes confirma la generalizada impresi¨®n de que el Gobierno est¨¢ decidido asacar adelante su proyecto de ley, con la ayuda de Coalici¨®n Democr¨¢tica y de las minor¨ªas nacionalistas, sin entrar a considerar la eventual impopularidad de esa norma entre los profesionales de la ense?anza del sector estatal y sin buscar superficies de acuerdo con la oposici¨®n socialista y comunista.La decisi¨®n est¨¢ cargada de implicaciones negativas, ya que significa olvidarse de la compleja realidad de un tejido social que apenas cuadra con las simplificaciones, entre maniqueas y demag¨®gicas, que se han dedicado a vender a la opini¨®n p¨²blica los propagandistas y los ac¨®litos del padre Mart¨ªnez Fuertes.

En alg¨²n comentario editorial anterior indicamos que el principio de la completa estatalizaci¨®n de la ense?anza no universitaria no s¨®lo ignora la imposibilidad de cubrir a corto o medio plazo, mediante la oferta p¨²blica, la demanda escolar -dado el elevad¨ªsimo porcentaje de alumnos atendidos por el sector privado-, sino que adem¨¢s niega a la sociedad capacidad de iniciativa para contribuir a esa tarea. Ahora bien, una cosa es reconocer y aceptar ese panorama y otra bien distinta q¨²e el Estado adopte una estrategia en el terreno de la educaci¨®n que convierta la necesidad en virtud y fije la situaci¨®n de los centros educativos, como si de los habitantes de Pompeya en el momento de la erupci¨®n del Vesubio se tratara, en las mismas posturas que la pol¨ªtica del anteirior r¨¦gimen estableci¨® en este ¨¢mbito.

La crisis fiscal del Estado hace impensable que el gasto p¨²blico en educaci¨®n pueda seguir creciendo a la vez para reforzar el sector estatal y para aumentar las subvenciones al sector privado. Nos encontramos, as¨ª pues, en la t¨ªpica necesidad de se?alar prioridades y de seleccionar las l¨ªneas de avance en una situaci¨®n de recursos escasos del tesoro p¨²blico. Los intereses de los centros privados son leg¨ªtimos y respetables, pero su propia din¨¢mica los coloca al margen de una planificaci¨®n de las inversiones en instalaciones y en dotaciones para cubrir las zonas menos escolarizadas o donde la demanda escolar haya rebasado ya a 14 oferta existente. El sector p¨²blico, en cambio, tiene la posibilidad de satisfacer esos objetivos, para lo cual, evidentemente, necesita incrementar sus inversiones y gastos culturales. Si el sentido com¨²n est¨¢ hace mucho tiempo de acuerdo en la escasajustif¨ªcaci¨®n de desnudar a un santo para vestir a otro, forzoso es reconocer que ser¨ªa atentar contra la l¨®gica del servicio p¨²blico y contra el bien com¨²n, el despojar de fondos p¨²blicos al sector estatal para entreg¨¢rselos a los colegios privados, en gran parte en manos de la Iglesia. Y el peso preponderante de las ¨®rdenes religiosas en los centros escolares privados obliga a recordar que la Iglesia es una instituci¨®n cuya implantaci¨®n en el entramado social dif¨ªcilmente puede equipararse con las iniciativas de cooperativas de profesores o de empresarios privados.

Es en esta perspectiva donde cobra todo su significado la pol¨¦mica acerca de las subvenciones p¨²blicas a los centros privados en relaci¨®n con el ?ideario? de los colegios. Porque parece indiscutible que los centros privados subvencionados por el Estado deber¨ªan cubrir unos m¨ªnimos de ense?anza homog¨¦nea con la de los centros p¨²blicos, de forma tal que el ?ideario? de aqu¨¦llos quedara subordinado al ?ideario? superior de una educaci¨®n pluralista, tolerante y civilizada. Ser¨ªa simplemente intolerable que los profesores de los colegios religiosos convirtieran sus c¨¢tedras en p¨²lpitos para la blasfemia o para herir provocadoramente las creencias religiosas de sus patronos y de sus alumnos. Pero igualmente intolerableser¨ªa que el particular ?ideario? religioso de un colegio se convirtiera en un filtro censor e inquisitorial para impedir la informaci¨®n cient¨ªfica o coartar la pluralidad ideol¨®gica. A nadie deber¨ªa parecerle un ataque a las libertades lo que, en realidad, es su defensa; y no resulta incongruente con los principios de la libertad de ense?anza que el Estado exija a los centros privados subvencionados que su particular ?ideario? no contradiga el superior ?ideario? que forman el conjunto de principios consagrados en la Constituci¨®n.