La ¨²ltima lectura de las autonom¨ªas

EL DEBATE sobre el Estado de las autonom¨ªas ha cobrado un vuelo propio gracias al impulso que ha recibido de los agravios comparativos, las manipulaciones partidistas, las ambiciones de la clase pol¨ªtica subalterna y los oportunismos electoralistas.Es indudable que el Gobierno se ha llevado la palma en el concurso de desprop¨®sitos que ha convertido algo tan necesario como la descentralizaci¨®n y la democratizaci¨®n del Estado en un embrollo pol¨ªtico de consecuencias imprevisibles. La inocente astucia de tratar de desactivar el nacionalismo catal¨¢n y vasco mediante la multiplicaci¨®n de las autonom¨ªas en el resto del territorio fue luego abruptamente cancelada por el frenazo dado en enero de 1980 al proceso de proliferaci¨®n auton¨®mica. Sin embargo, el descalabro del 28 de febrero en Andaluc¨ªa y el atasco del Estatuto gallego obligaron al Gobierno a inventarse una nueva oferta auton¨®mica y una nueva lectura de la Constituci¨®n.

Los socialistas no fueron a la zaga de los centristas en esa oscilante y contradictoria estrategia autonomista, caracterizada por una chirriante combinaci¨®n de principios abstractos defendidos a destiempo y de maniobras insinceras u oportunistas. Abanderados del nacionalismo en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco, los comicios de marzo de 1980 les demostraron que su siembra electoralista de emociones hab¨ªa sido cosechada por sus adversarios y les llevaron a una cerrada y no siempre justificada oposici¨®n a los nacionalistas moderados. En Andaluc¨ªa, la inicial infravaloraci¨®n por el PSOE de la fuerza de los agravios comparativos y de las posibilidades pol¨ªticas del PSA fue s¨²bitamente sustituida por una precipitada e inconvincente subida al ¨²ltimo vag¨®n del tren andalucista y por la elevaci¨®n del art¨ªculo 151 al altar de los fetiches. En ese sentido, se dir¨ªa que los planteamientos autonomistas del PSOE no tuvieron, hasta ahora, m¨¢s criterios que instalarse en el espacio sim¨¦tricamente opuesto al que ocupaba el Gobierno. La ruptura en Galicia del pacto con los centristas en torno al Estatuto de Santiago, el abandono en Andaluc¨ªa de la v¨ªa del art¨ªculo 143 y los cambios de humor en Catalu?a, Euskadi y Navarra (donde los socialistas han pasado del vasquismo al navarrismo sin soluci¨®n de continuidad) ilustran a la perfecci¨®n el car¨¢cter mudable y caprichoso de su estrategia.

Ahora bien, de poco vale hacer la peque?a historia de los errores e inconsecuencias de centristas y socialistas, que han alentado ese poderoso movimiento centr¨ªfugo que amenaza con sacudir los cimientos mismos del Estado, cuyo centralismo y autoritarismo nunca fueron atributos de la fuerza, sino estigmas de la debilidad y la ineficiencia, y que reduce en ocasiones a horizontes de particularismo aldeano nuestra vida p¨²blica. Porque ese fen¨®meno hist¨®rico ha nacido ya, y es, por ahora, irreversible. Ser¨ªa deseable que ese violento bandazo hacia las identidades territoriales fuera s¨®lo el momento inicial de un proceso de recomposici¨®n de la comunidad espa?ola sobre bases voluntariamente aceptadas, y que ese recorrido no resultara demasiado costoso, largo y desgarrador. Sin embargo, lo m¨¢s probable es que esa din¨¢mica no pueda ser desaulerada antes de que haya desplegado todas sus virtualidades.

En cualquier caso, ha llegado el momento de abandonar los juegos pitag¨®ricos con n¨²meros m¨¢gicos, de renunciar a convertir en fetiches procedimientos y v¨ªas auton¨®micas y de comprometerse a no utilizar el campo minado de las emociones nacionalistas o regionalistas en terreno para el combate entre los partidos de ¨¢mbito estatal y tambi¨¦n de cumplir los compromisos adquiridos. El acuerdo de legislatura subterr¨¢neo entre UCD y Convergencia parece garantizar que la autonom¨ªa de Catalu?a podr¨¢ irse afianzando con el apoyo del Gobierno y sin otras dificultades que las inherentes al rodaje de las instituciones de autogobierno. Los primeros. traspasos de competencias al Gobierno vasco y las entrevistas del lendakari Garaikoetxea con el Rey y con el presidente del Gobierno abren tambi¨¦n la esperanzada perspectiva de que la Administraci¨®n central se tome finalmente en serio el desarrollo del Estatuto de Guernica. Las negociaciones entre los principales partidos gallegos permitir¨¢n la revisi¨®n por la Comisi¨®n Constitucional del Congreso del Estatuto de Santiago antes de someterlo a refer¨¦ndum, pese a las dificultades t¨¦cnico- jur¨ªdicas que la f¨®rmula elegida presenta y aunque la importancia sustancial de las reformas acordadas sea mucho menor que su significaci¨®n simb¨®lica. Finalmente, las marruller¨ªas de Rodolfo Mart¨ªn Villa y de Alejandro Rojas Marcos, aunque humillaran a socialistas y comunistas en el Congreso y buscaran como soporte para su maniobra una superficie constitucionalmente inconsistente, han servido para poner de relieve el atasco de la autonom¨ªa andaluza y hacer evidente la necesidad de desbloquear la situaci¨®n.

La mitificaci¨®n del procedimiento establecido por el art¨ªculo 151 y del contenido institucional de los estatutos aprobados mediante esta v¨ªa dar¨¢ en el futuro algunos quebraderos de cabeza a quienes presentaron la autonom¨ªa como el m¨¢gico remedio para que Andaluc¨ªa salga del subdesarrollo, eleve sus niveles de empleo y de renta y mejore sus equipamientos colectivos. Pero los resultados del 28 de febrero hacen inexcusable que la autonom¨ªa de las ocho provincias transcurra, para bien o para mal, por la senda del m¨ªtico art¨ªculo 151. Ahora bien, carece de sentido que el Gobierno y la oposici¨®n s¨®lo se enfrenten con los problemas a toro pasado y cuando -empieza a adivinarse la gangrena. Tras Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, tras Galicia y Andaluc¨ªa, esperan en la cola el resto de los territorios espa?oles. Y seguramente Navarra, Canarias y el Pa¨ªs Valenciano pueden reproducir, dentro de unos meses o de unos a?os, ese cuadro de s¨ªntomas que nuestros pol¨ªticos s¨®lo perciben cuando la enfermedad es ya casi incurable.

Por esa raz¨®n, las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE sobre Andaluc¨ªa, cuyo comienzo es digno de todo elogio, deber¨ªan ampliarse a otras fuerzas pol¨ªticas y al resto de las cuestiones auton¨®micas. Para que esas negociaciones den fruto, es imprescindible que todos los partidos de ¨¢mbito estatal dejen de jugar con las expectativas y las desmesuradas esperanzas de los ciudadanos y renuncien a competir en la puja de la demagogia nacionalista y regionalista para ganarse unos votos que, para mayor escarnio, luego no consiguen. Seguramente una gran parte del mal est¨¢ ya hecho, y s¨®lo el tiempo permitir¨¢ reabsorber, sus efectos. Pero si los centristas siguen alentando opciones regionalistas para debilitar a los socialistas, y si el PSOE y el PCE contin¨²an entrando al trapo que sus notables provinciales les tienden para mejorar -falsamente- su posici¨®n electoral, el resultado final ser¨¢ el debilitamiento de unos y otros y el afianzamiento del cantonalismo.

Digamos, finalmente, que el Gobierno y los partidos del arco parlamentario se lo tienen que pensar dos veces antes de elegir los procedimientos legales para instrumentar esa ¨²ltima y definitiva lectura del t¨ªtulo VIII a la que lleguen mediante concertaci¨®n. La Constituci¨®n no debe ser forzada en las interpretaciones de su articulado, aunque quienes lo hagan tengan mayor¨ªa abrumadora en las Cortes Generales. No s¨®lo porque el Tribunal Constitucional podr¨ªa ser requerido para que invalidara como inconstitucional una ley org¨¢nica, sino porque, aunque el recurso no llegara a prosperar por falta de parte legitimada para interponerlo, nadie debe jugar con nuestra ley de leyes ni dar pretextos a los nost¨¢lgicos de la involuci¨®n o a los visionarios de la revoluci¨®n para considerarla como un simple papel mojado, que ni siquiera respetan las fuerzas pol¨ªticas que la han elaborado. Ciertamente, la reforma de la Constituci¨®n, a los dos a?os de haber sido promulgada, es algo que pocos quieren y que, en s¨ª misma, no parece deseable. Pero la reforma constitucional del t¨ªtulo VIII ser¨ªa, con todo, mil veces preferible a cualquier f¨®rmula que nuestros legisladores aprobaran con gran derroche de ingenio, pero con la intima convicci¨®n de estar actuando de forma inconstitucional.