Los "impuestos revolucionarios"

LA CONDENA del secuestro del industrial Jos¨¦ Garavilla, expresada por el Ayuntamiento y por los trabajadores de la f¨¢brica de la que es director, fue respaldada ayer en Bermeo por una masiva manifestaci¨®n popular. Pocas horas antes, ETA Militar se declaraba responsable de la fechor¨ªa, rebautizada como un ?arresto? destinado a sancionar el impago del impuesto revolucionario por el conservero vizca¨ªno.Resulta imposible hacer una estimaci¨®n, aunque sea aproximada, tanto de las personas extorsionadas en el Pa¨ªs Vasco por las distintas ramas de ETA -milis, poli-milis y esos ?comandos aut¨®nomos? que han vuelto a la actualidad criminal con los asesinatos de Garc¨ªa-Cordero y Arrese- como del monto total recaudado por esta mafiosa actividad durante los ¨²ltimos a?os. De entre quienes no han aceptado el chantaje s¨®lo se conocen a ciencia cierta los nombres de los represaliados con la muerte y el secuestro, o de aquellos que, como Juan Alcorta, han declarado p¨²blica y valientemente su prop¨®sito de no ceder ante las amenazas. No son pocos los industriales, comerciantes y profesionales vascos que han puesto silenciosamente tierra por medio y han buscado lugares m¨¢s tranquilos para continuar su actividad sin poner en riesgo su vida y sin tener que acceder ante el chantaje de los terroristas. Seguramente, en la crisis econ¨®mica que sacude a Vizcaya y a Guip¨²zcoa no deja de jugar un importante papel este exilio forzoso. Es de temer, sin embargo, que muchos ciudadanos, imposibilitados de trasladar sus negocios o sus despachos fuera del Pa¨ªs Vasco, hayan optado por seguir el camino m¨¢s f¨¢cil, aunque m¨¢s oneroso, de aceptar la extorsi¨®n.

Ni que decir tiene que, en estos casos, los afectados son los primeros interesados en ocultar un comportamiento que no habla demasiado en favor de su entereza y que traspasa las fronteras del C¨®digo Penal. Ahora bien, mientras el Estado no pueda proteger a los ciudadanos frente a las amenazas de los extorsionadores, bien sea mediante los cuerpos de seguridad estatales, bien sea con la ayuda de la polic¨ªa de la comunidad aut¨®noma, y mientras la marea de rechazo ¨¦tico y pol¨ªtico contra los chantajistas no alcance su pleamar, las censuras contra quienes ceden a las intimidaciones y las exhortaciones para que sigan el ejemplo de Juan Alcorta deben necesariamente incluir en su mensaje el lastre de lo ocurrido con Jos¨¦ Garavilla y la reflexi¨®n de que no cabe exigir heroismo m¨¢s que predicando con el ejemplo.

La resoluci¨®n del Ayuntamiento de Bermeo, con la abstenci¨®n de cinco concejales de Herri Batasuna y de un concejal de Euskadiko Ezkerra, significa un paso adelante en la progresiva clarificaci¨®n y toma de conciencia del Partido Nacionalista Vasco, que controla ese municipio, acerca del car¨¢cter indivisible de las libertades y de la necesidad de condenar cualquier forma de violencia y cualquier conculcaci¨®n de los derechos humanos. Al denunciar el secuestro de Jos¨¦ Garavilla como un ?grave atentado a los derechos humanos? y una cobarde forma de tortura, y al rechazar los atenta los a la libertad de los vascos por el ?mes¨ªas de turno?, los concejales de Bermeo hacen suyos, por lo dem¨¢s, los argurnentos utilizados en el manifiesto unitario del pasado 27 de mayo de los intelectuales vascos, titulado En la hora de la verdad, contra ?el mesianismo impuesto por salvadores profesionales? y contra esa combinaci¨®n de ? insensibilidad moral, perversi¨®n y necedad? que amenaza con convertir a algunos sectores del pueblo vasco ?en verdugos desalmados, en c¨®mplices cobardes o en encubridores serviles?, y con sustituir el libre intercambio de opiniones por ?la zafiedad de ciertas consignas macabras?, la ?insultante verborrea? y la ?ola de insensateces? que se disfrazan burdamente de pensamiento.

Aquel importante texto -entre cuyos firmantes figuraban Jos¨¦ Miguel Barandiar¨¢n, Koldo Michelena, Julio Caro Baroja y Eduardo Chillida- hac¨ªa tambi¨¦n alusi¨®n al ?vulgar anacronismo? que representa, entre otros aspectos del deterioro de la convivencia ciudadana en Euskadi, la aplicaci¨®n de la ley del silencio frente a las exacciones y amenazas. Los llamados impuestos revolucionarios constituyen, en verdad, una simple variante de las pr¨¢cticas mafiosas y de los procedimientos de la Cosa Nostra, a la vez que un intento de los terroristas de incorporar a su simulaci¨®n pol¨ªtica la recaudaci¨®n tributaria, s¨ªmbolo principal, junto al empleo de la fuerza, del poder estatal.

En torno a ese tr¨¢fico de exacciones ilegales se mueve, por lo dem¨¢s, un turbio mundo de intereses, que van desde los gestores oficiosos para las rebajas en los pagos hasta los receptores y depositarios en Francia de ese dinero negro, pasando por los intermediarios encargados de blanquearlo mediante negocios legales. El impuesto revolucionario no se reduce s¨®lo a alimentar financieramente a las diversas ramas de ETA, para la compra de armas y explosivos, el mantenimiento de los activistas y el sostenimiento de su infraestructura y redes de apoyo, sino que tambi¨¦n busca la creaci¨®n de un difuso clima de amedrentamiento que permita, entre otras cosas, neutralizar al sector social que acepta las extorsiones y desmoralizar a quienes son mudos testigos de esas forzadas complicidades. Por esa raz¨®n, s¨®lo cuando un marco eficaz de seguridad ciudadana, de autoridad pol¨ªtica y de consenso moral permita cegar esa fuente de ingresos para los terroristas, habr¨¢ desaparecido uno de los principales factores de corrupci¨®n moral y econ¨®mica para el Pa¨ªs Vasco.