UCD, PSOE y PCE negocian la ley de suspensi¨®n de derechos individuales para la lucha antiterrorista

El centrista Oscar Alzaga, el socialista F¨¦lix Pons y el comunista Jordi Sol¨¦ Tura negociaron en la tarde de ayer, a invitaci¨®n del ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, la ley org¨¢nica que sustituir¨¢ a la vigente ley Antiterrorista y que regular¨¢ la suspensi¨®n de derechos individuales para personas determinadas, prevista en el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n. Posteriormente, la ponencia que estudia el proyecto de ley celebr¨® una reuni¨®n ?oficial?, en la que, seg¨²n centristas y socialistas, se produjo una aproximaci¨®n de posiciones, especialmente en lo referido a la necesidad de control judicial. El Pleno del Congreso deber¨¢ pronunciarse hoy por mayor¨ªa absoluta -176 votos- sobre esta ley.

En la reuni¨®n celebrada por los tres diputados citados con los restantes miembros de la ponencia para darles cuenta de lo tratado, no se reflej¨® la existencia de ning¨²n acuerdo un¨¢nime. Al parecer, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votar¨¢ en contra de la ley y es posible que tambi¨¦n adopten esta actitud comunistas y andalucistas. En cambio, la minor¨ªa catalana podr¨ªa votar favorablemente o abstenerse, mientras que los socialistas es muy probable que se abstengan, si no deciden votar en contra, en la reuni¨®n que el grupo parlamentario celebrar¨¢ hoy. Los problemas derivados del proyecto de ley que desarrolla el citado apartado de la Constituci¨®n quedaron de manifiesto en la reuni¨®n de la Comisi¨®n Constitucional celebrada la pasada semana. En primer lugar, se impugna el ¨¢mbito de aplicaci¨®n, ya que con la redacci¨®n aprobada en la comisi¨®n se pueden perseguir personas y grupos que nada tienen que ver con el terrorismo. Asimismo, el mantenimiento de los diez d¨ªas de detenci¨®n es considerado muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que en estos casos la intervenci¨®n judicial es accesoria.

Pol¨¦mica en el PSOE

En este ¨²ltimo punto, la posici¨®n del PNV es totalmente contraria al texto aprobado. Seg¨²n declar¨® Marcos Vizcaya a EL PAIS, lo m¨¢s que podr¨ªa admitir su grupo es que la actuaci¨®n de tales ¨®rganos judiciales se produjera por exhorto de Jos juzgados d¨¦ instrucci¨®n a los que correspondiera entender de las causas.

El Grupo Socialista se encuentra dividido en esta materia, como se puso de manifiesto en la reuni¨®n celebrada en la ma?ana de ayer y en la que no se adoptaron decisiones hasta tanto se celebrara la negociaci¨®n prevista. Gregorio Peces-Barba defendi¨®, junto a un aumento del control parlamentario, la competencia de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales, por ser un tema ya decidido en el proyecto de ley del poder judicial. Como argumento, se?al¨® las presiones y amenazas a que est¨¢n sometidos los jueces por los terroristas en el Pa¨ªs Vasco. Cuando el diputado socialista inform¨® a los periodistas de su posici¨®n, Enrique M¨²gica reforz¨® esta argumentaci¨®n, ?desde una perspectiva vasca?, seg¨²n dijo. Tambi¨¦n el socialista catal¨¢n y ex comandante del Ej¨¦rcito, Julio Busquets, acept¨® la competencia de. los citados ¨®rganos.

Frente a esta posici¨®n, el socia lista y juez de profesi¨®n, Joaqu¨ªn Navarro, argument6 que tales razones son pol¨ªticas, pero no jur¨ªdicas, e insisti¨® en que ser¨ªa nefasto atribuir en exclusiva la competencia en materia de terrorismo a la Audiencia Nacional y juzgados centrales, cuyos miembros, por otra parte, tambi¨¦n son objeto, de amenazas. En sus manifestaciones a EL PAIS, Navarro dijo que cuando se establezca el funcionamiento de los jurados, tales argumentos podr¨¢n utilizarse para impedir esta instituci¨®n prevista en la Constituci¨®n. Sobre la detenci¨®n gubernativa durante diez d¨ªas, destac¨® la gravedad de legalizar esta medida y resalt¨® que, si realmente se pretendiera investigar la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas, bastar¨ªa con que los detenidos permanecieran a disposici¨®n judicial, en donde la investigaci¨®n o interrogatorios se producir¨ªan con mayores garant¨ªas.

Los socialistas de uno y otro signo estuvieron de acuerdo en reforzar en todo caso la protecci¨®n contra los posibles malos tratos a trav¨¦s de la asistencia letrada al detenido. Peces Barba record¨®-, sin embargo, que esta cuesti¨®n no corresponde a la ley en discusi¨®n.

El ministro del Interior inform¨® a media tarde que la negociaci¨®n iba muy bien, sobre la base de que la autorizaci¨®n para- suspender los derechos de detenci Sn m¨¢xima de 72 horas, inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones postales, telegr¨¢ficas y telef¨®nicas se produzca por decisi¨®n de la autoridad gubernativa, dando cuenta al juez.

Fernando Castedo, probable director general de RTVE

El otro de los grandes temas del pleno del Congreso aplazado, en este caso, para ma?ana, fue la elecci¨®n de los consejeros de administraci¨®n de RTVE, que continuaron negociando el socialista Alfonso Guerra y el centrista Rafael Calvo. Al parecer, la candidatura de Fernando Castedo para director general de RTVE -cargo no directamente relacionado con la negociaci¨®n, pero barajado durante la misma- sube bastantes enteros, tras haber sido rechazada por los socialistas en un primer momento. Consultas posteriores realizadas con personas allegadas a Televisi¨®n, parecen haber inclinado a los socialistas a favor de Castedo, especialmente despu¨¦s de producirse algunas renuncias de otros candidatos m¨¢s aceptables para el PSOE.

El escollo principal continuaba siendo ayer, aunque este tema est¨¢ tambi¨¦n excluido de la negociaci¨®n, el procedimiento para dar salida a una serie de cargos intermedios que, a petici¨®n socialista, UCD est¨¢ de acuerdo en remover.

Derrotas gubernamentales por falta de diputados

El Pleno del Congreso aprob¨® ayer el proyecto de ley sobre regulaci¨®n del mercado hipotecario y otros tres proyectos referidos a la reclasificaci¨®n de los parques nacionales del Teide, la Caldera de Taburiente y Timanfaya, en las islas Canarias, as¨ª como los proyectos devueltos por el Senado con proposici¨®n de enmiendas. Con ocasi¨®n de uno de ¨¦stos, el Gobierno fue derrotado en dos ocasiones por falta de diputados.

Aplazada la votaci¨®n para los consejeros de RTVE, el Pleno aprob¨®, en primer lugar, el proyecto de ley de montes vecinales en mano com¨²n, admitiendo todas las enmiendas propuestas por el Senado, excepto una. Esta t¨®nica se invirti¨® en el segundo proyecto enviado por el Senado, sobre ley org¨¢nica de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes, en que el grupo del Gobierno vot¨® en numerosas ocasiones contra las propuestas del Senado. No obstante, la izquierda apoy¨® algunas de ellas y consigui¨® derrotar al Gobierno en relaci¨®n con tres modificaciones de otros tantos art¨ªculos.

A continuaci¨®n se debati¨® el proyecto de ley de regulaci¨®n del mercado hipotecario, que establece las condiciones en que una serie de entidades, fundamentalmente crediticias, podr¨¢n conceder pr¨¦stamos hipotecarios, de forma que se crea por primera vez en Espa?a un mercado secundario de hipotecas. El grupo del Gobierno negoci¨® enmiendas con los de Coalici¨®n Democr¨¢tica, socialistas y, comunistas, de forma que se admitieron tres modificaciones pactadas, una con cada uno.

Por lo que respecta a CD, se acept¨® reconocer cierta capacidad en este tema a las entidades de arrendamiento financiera, que este grupo quer¨ªa incluir plenamente.

El Grupo Socialista propuso que se incluyesen las entidades creadas por ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, pero esta propuesta fue rechazada. Se admiti¨® en cambio que las sociedades no puedan prestar, en t¨¦rminos generales, a sus propios directivos y consejeros. Por acuerdo con el Grupo Comunista. se estableci¨® un fondo de regulaci¨®n del mercado, regido por el banco Hipotecario.

Seguidamente, se debatieron los proyectos de ley de reclasificaci¨®n de los tres parques nacionales de las islas Canarias, arriba citados. El socialista N¨¦stor Padr¨®n defendi¨®, en nombre de su grupo, la ampliaci¨®n de los tres parques, para evitar que entren en ellos las galer¨ªas que se realizan para sacar agua, en el caso del Teide y la Caldera de Taburiente, y para acabar con una explotaci¨®n de arenas volc¨¢nicas, en el caso de Timanfaya. UCD se opuso a las tres ampliaciones, que fueron rechazadas.