La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupaci¨®n militar del pa¨ªs

Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un Gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarqu¨ªa terrateniente, quien est¨¦ interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el Gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condici¨®n para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977.Los sectores populares de oposici¨®n explican as¨ª estas paradojas: ?La reforma agraria es s¨®lo una excusa para ocupar militarmente todo el pa¨ªs y controlar m¨¢s de cerca a la poblaci¨®n campesina, de la que el Gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberaci¨®n.

La ley de Reforma Agraria fue dictada el pasado 6 de marzo. Esa madrugada el Ej¨¦rcito ocup¨® militarmente todas las fincas agr¨ªcolas con una superficie superior a las quinientas hect¨¢reas. Seg¨²n los datos m¨¢s fiables, eran unas 260 propiedades. El Gobierno justific¨® el despliegue militar diciendo que era necesario ?proteger a los campesinos de los anteriores propietarios?.

Ocho meses despu¨¦s, el Ej¨¦rcito sigue ocupando las fincas, sin que ello haya impedido la muerte de m¨¢s de 3.000 campesinos. Uno de los colaboradores m¨¢s directos del presidente del ISTA (Instituto Salvadore?o de Transformaci¨®n Agraria) admite que ?la reforma agraria est¨¢ siendo utilizada para ocupar el pa¨ªs y controlar zonas a las que el Ej¨¦rcito apenas tiene acceso?. ?No utilice mi nombre?, a?ade, ?porque aqu¨ª le matan a uno por menos de eso?.

Y dice m¨¢s: ?No se trata s¨®lo de la ocupaci¨®n que se mantiene desde el 6 de marzo. Desde hace algunas semanas se han empezado a crear comit¨¦s de defensa civil en las cooperativas. Ya funcionan unas veinte y tienen intenci¨®n de extenderlas a todas las propiedades intervenidas. Es gente civil, armada, de extrema derecha en su mayor¨ªa, que los cooperativistas tienen que alimentar y pagar a la fuerza. Muchos pertenecen a la desarticulada organizaci¨®n ultraderechista Orden y son los mismos que ya nos han matado a doscientos cooperativistas. Nosotros no hemos tenido problemas senos con la izquierda, los tenemos con los militares y el Gobierno mismo?.

Una historia de sange

La reforma agraria tiene en El Salvador casi cincuenta a?os de historia, los mismos que la dictadura militar que se ha ido turnando en el poder en medio de fraudes electorales y cuartelazos. No es casual que el camino de esta, ley se est¨¢ cerrando con muertes, porque se inici¨® en 1932 con la mayor matanza que se haya llevado a cabo en este pa¨ªs, demasiado familiarizado con la muerte violenta. Los campesinos pagaron sus reclamaciones sobre la tierra con un m¨ªnimo de 17.000 muertos, cifra que algunos historiadores elevan hasta 30.000.

El general Maximiliano Hern¨¢ndez Mart¨ªnez, cuyo nombre ha adoptado significativamente el comando que hace dos semanas asesin¨® a los l¨ªderes del Frente Democr¨¢tico Revolucionario (FDR), se premi¨® su haza?a usurpando la presidencia durante doce a?os. Otros generales se encargaron despu¨¦s de frenar las reivindicaciones campesinas. La propiedad de la tierra sigui¨® un proceso tal de concentraci¨®n que 82 propietarios reun¨ªan en 1975 cerca del 20% de la superficie cultivada del pa¨ªs. En el otro extremo, el 41% de los campesinos carec¨ªa de tierras y otro 54% ten¨ªa unos minifundios incapaces de alimentar a una familia.

En este contexto, la reforma agraria se plantea, tras el 15 de octubre de 1979, como la ¨²nica f¨®rmula capaz de evitar una guerra civil. La fe de los socialdem¨®cratas que apoyaron a la primera Junta no dur¨® ni tres meses. Los militares m¨¢s derechistas se opusieron tenazmente a su reforma agraria. Nadie duda hoy de que el control militar del pa¨ªs fue el razonamiento m¨¢s convincente empleado luego por Estados Unidos para que una Junta ya definitivamente escorada a la derecha promulgase el decreto de reforma.

No parece casual que el hombre que se ha erigido en principal asesor del proyecto por parte norteamericana sea Roy Prosterman, uno de los t¨¦cnicos que en los a?os sesenta asesor¨® al Gobierno de Vietnam de Sur en la creaci¨®n de las ?aldeas estrat¨¦gicas? y que, m¨¢s tarde, colabor¨® en la ?reforma agraria? puesta en marcha por el dictador filipino, Fernando Marcos en los territorios m¨¢s castigados por la guerrilla musulmana.

Prostrman afirmaba en abril que ?si las reformas son llevadas a cabo con ¨¦xito aqu¨ª, el movimiento armado de izquierda ser¨¢ eliminado al final de 1980?. El subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, William Bowdler, ech¨® mano tambi¨¦n de la reforma agraria para defender ante el Congreso norteamericano la reanudaci¨®n de la ayuda militar a El Salvador.

El vicepresidente salvadore?o, Jaime Abdul Guti¨¦rrez decidido opositor a la reforma, se convirti¨® a partir de marzo en uno de sus m¨¢s fervorosos partidarios, tras una entrevista mantenida en Houston con dos funcionarios del Departamento de Estado.

Los campesinos tienen miedo

Pese a la utilizaci¨®n-militar de la ley, hay un hecho cierto: han sido intervenidas todas las fincas mayores de quinientas hect¨¢reas, lo que supone una extensi¨®n cultivada de unas 320.0150 hect¨¢reas, el 30% de la superficie agr¨ªcola del pa¨ªs. ?Pero esta ocupaci¨®n" asegura el ya citado t¨¦cnico del ISTA, ?es reversible en cualquier momento, porque la tierra sigue siendo legalmente de los antiguos propietarios, ya que no se ha modificado a¨²n ning¨²n t¨ªtulo de propiedad y tampoco se les ha pagado el justiprecio?.

El miedo al terrateniente y a sus posibles represalias en el caso de que se retroceda a la situaci¨®n anterior ha hecho que muchos campesinos se hayan negado a formar parte de las cooperativas. ?En las fincas ocupadas ten¨ªa que haber m¨¢s de 350.000 personas y apenas hay unas 100.000. El miedo es doble, a los due?os de las tierras y a las Fuerzas de Seguridad, que dicen defender la reforma agraria. Hay una verdadera persecuci¨®n a todo aquel que est¨¢ organizado, porque se piensa que ha de ser marxista, y de esta persecuci¨®n no se han librado los cooperativistas?.

Esta obstrucci¨®n gubernamental a su propia reforma agraria tiene muchos ejemplos. A los doscientos cooperativistas asesinados se unen los siete atentados contra el presidente del ISTA, Rodolfo Viera, un campesino procedente del sector democristiano. Ante estas oficinas, que se consideraban el ¨²ltimo reducto del coronel Majano, estall¨® la bomba que pretend¨ªa acabar con su vida, y a¨²n son visibles las. huellas en techos y ventanas del edificio.

El boicoteo del Gobierno oblig¨® a los ingenieros del ISTA a realiza una huelga general en abril, por que no llegaban los cr¨¦ditos para poner en marcha las cooperativas. ?No hab¨ªa ninguna excusa en est retraso, porque el Gobierno acababa de nacionalizar la banca. Este boicoteo era un aut¨¦ntico suicidio porque ninguna de estas grande fincas hubiera cosechado este a?o a no ser por las cooperativas. Gracias a la reforma vamos a mantener una producci¨®n similar a la de a?o anteriores, aunque ha descendido la cosecha de ca?a, fr¨¦joles y ma¨ªz?

Los cafetales, intactos

Otro de los puntos d¨¦biles de esta reforma agraria es que pr¨¢cticamente no ha tocado los cafetales, que producen el 80% de las exportaciones totales del pa¨ªs. Leonel G¨®mez, uno de los directivos del ISTA, lo explica as¨ª: ?No se ha entrado en los cafetales porque tienen superficies inferiores a las quinientas hect¨¢reas y fue este el l¨ªmite que se fij¨® para la primera fase de la reforma, entre otras cosas porque no tenemos ingenieros agr¨®nomos para hacernos cargo de m¨¢s fincas ni capacidad administrativa para dirigirlas?.

La reacci¨®n de los terratenientes ante la reforma agraria ha sido mucho m¨¢s resignada de lo que se tem¨ªa. Hay quien asegura desde la izquierda que muchos han conseguido justiprecios superiores al valor real de la tierra intervenida y que, adem¨¢s, los bonos del Estado que van a servir como f¨®rmula de pago tienen asegurada una plusval¨ªa superior a la de la tierra.

Leonel G¨®mez rechaza la primera acusaci¨®n y aduce a t¨ªtulo de ejemplo que el ISTA ha sido el ¨²nico organismo p¨²blico que ha procesado a un militar, el coronel Tejada, anterior presidente, por fraude y malversaci¨®n de fondos. ?Simplemente porque robaba. Las cien fincas que ten¨ªa el Gobierno perd¨ªan antes unos cincuenta colonos por hect¨¢rea (1.500 pesetas), cuando nosotros hemos comprobado ahora que estas propiedades son rentables. Tambi¨¦n sabemos que las tierras fueron valoradas por encima de su precio de mercado en m¨¢s de cien millones de colones (3.000 millones de pesetas)?.

?Esto se ha acabado. Para evaluar las fincas recurrimos ahora al valor catastral declarado en 1976, y ya se sabe que las propiedades agr¨ªcolas estuvieron siempre declaradas por debajo de su precio para evitar el pago de impuestos y porque sus propietarios nunca pensaron venderlas?. Pese a todo, algunos grandes propietarios pueden recibir sumas superiores a los cuatro millones de d¨®lares, que pueden ser muy estimables en momentos de gran carest¨ªa del dinero y en una situaci¨®n de guerra civil que planteaba muchas inc¨®gnitas sobre la producci¨®n agraria.

Lo que resulta parad¨®jico es que los terratenientes se hayan avenido no s¨®lo a la expropiaci¨®n, sino al retraso en el cobro. Hasta ahora no han cobrado nada, ni siquiera en papel avalado por el Estado. Es posible que no se haya reclamado el dinero en la secreta esperanza de que se retrotraiga todo el proceso.