El ministro de Educaci¨®n pide a la FERE que no politice la ley de Financiaci¨®n de la Ense?anza

El ministro de Educaci¨®n y Ciencia, Juan Antonio Ortega, pidi¨® ayer, en el acto de clausura de la asamblea anual de la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE), que se evite la simplificaci¨®n y la politizaci¨®n de la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria. El ministro, que anunci¨® su intenci¨®n de iniciar inmediatamente la tramitaci¨®n parlamentaria de dicha ley, se?al¨® que ?no debe haber politizaci¨®n contra la izquierda, ni contra el Gobierno, ni menos involucrar las insuficiencias del r¨¦gimen democr¨¢tico en el problema de la gratuidad de la ense?anza?.

El proyecto de ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de la Ense?anza Obligatoria fue enviado al Congreso en 1978 por el entonces ministro de Educaci¨®n, l?igo Cavero. Posteriormente fue modificado por el ministro Otero Novas, y desde entonces su tramitaci¨®n parlamentaria se encuentra detenida, a la espera de que sea designada la ponencia que informe el texto. ?Pedir¨¦?, manifest¨® Julian Antonio Ortega, ?que en la primera reuni¨®n de la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso, fijada para el pr¨®ximo d¨ªa 26, se eche a andar la ley de financiaci¨®n, con el nombramiento de la ponencia?.El ministro de Educaci¨®n y Ciencia manifest¨® ante la asamblea de la FERE que el coste estimado de la aplicaci¨®n de esta ley se cifra en unos 100.000 millones de pesetas, y que, habida cuenta de que el actual presupuesto para subvenciones a la ense?anza privada es de 55.000 millones, faltan otros 45.000. ?Es absolutamente imposible?, a?adi¨®, ?Cubrir este a?o esos 45.000 miIlones, por lo que hay que pensar en un escalonamiento de la aplicaci¨®n de la ley?. Seguida mente, Juan Antonio Ortega se?al¨® que en la tramitaci¨®n del proyecto de ley de financiaci¨®n ser¨¢ preciso aplicar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, al anular en una sentencia el art¨ªculo 34 de la ley org¨¢nica de Estatuto de Centros Escolares respecto al control y gesti¨®n de los centros privados, financiados con fondos p¨²blicos.

Gratuidad constitucional.

El ministro, que se defini¨® como ?ministro de la ense?anza p¨²blica y de la privada?, record¨® que la gratuidad de la ense?anza, prevista en la Constituci¨®n y en el propio programa de UCD, est¨¢ condicionada por la situaci¨®n econ¨®mica y que por ello no era leg¨ªtimo argumentar desde un planteamiento jur¨ªdico-formal que no se han cumplido los preceptos constitucionales sobre la gratuidad. Juan Antonio Ortega pidi¨® la colaboraci¨®n de la FERE para ?que trate de desvanecer algunos prejuicios existentes en la sociedad espa?ola?, y, para ello, que subraye que su inter¨¦s b¨¢sico es ofrecer una ense?anza religiosa, sin que aparezca reticente, sino a la vanguardia, de la participaci¨®n social. En este sentido pidi¨® tambi¨¦n a la FERE que disipe toda duda sobre la orientaci¨®n de sus centros hacia las clases m¨¢s necesitadas y que cree las condiciones objetivas para que la ley de financiaci¨®n pueda prosperar en un clima de colaboraci¨®n, -al que no ayuda -dijo- el ?mover la calle?, a?adiendo irracionalidad en el planteamiento de las reivindicaciones.